Por ArashEl individuo que aparece en la fotografía de portada es Justo Vicente Pelegrini, el ex Director de Construcción para España de Acciona, compañía multinacional actualmente investigada por su probable participación en el caso Koldo - Ábalos - Cerdán.
Las responsabilidades legales y penales de las personas jurídicas empresariales también son exigibles
Cada
ser humano es una persona física, de carne y hueso, en el sentido más
fisiológico de la palabra y con todos los requerimientos vitales que
ello conlleva. Si ésta no es apátrida ni se le está negando la
ciudadanía en todo país del mundo, entonces está reconocida como tal en
el ordenamiento jurídico nacional del país o lugar del que se trate, siendo
esta considerada como sujeto de derecho en la respectiva jurisdicción.
Es
por ello que, desde el mismo momento de su nacimiento y registro, tiene
asociado lo que en España es un número de identificación fiscal (NIF)
que coincide con el que figura en su documento nacional de identidad
(DNI) a todos los efectos.
En
el ordenamiento o texto legal aquí vigente son reconocidos diferentes
derechos. Algunos son reales y otros solamente están de adorno, por
ejemplo el derecho de propiedad de la vivienda está por encima del
derecho a disponer de la misma para residir, y
por eso los desahucios no han parado de estar a la orden del día
quienes quiera que hayan sido los legisladores y gobernantes de las
últimas décadas. Así mismo, unos derechos pueden ser ejercidos por todo
el mundo mientras que otros, sin embargo, solo por una parte de la
población.
Otro
de esos derechos en particular es el de asociación, que regula la
posibilidad de juntarse con otras personas por motivos de lo más
diversos. Existen diferentes tipos jurídicamente reconocidos de
asociaciones, como las culturales, las deportivas, las sindicales, las
mutuales, las patronales, las agrarias, las gremiales, las políticas,
las partidistas, y algunas más.
Es
debido a lo anterior que, por principio, el sujeto de derecho puede
ejercer efectivamente su derecho a asociarse, esto es, su aptitud de
constituir sociedades y notificar su existencia en concordancia con
cualquiera de los tipos previstos por la ley, de tal modo que se le
reconoce como titular no solo de sus derechos individuales, sino también
de sus derechos como asociado. También de las correspondientes
obligaciones.
A
partir de entonces, además de como persona física o individuo en sí
mismo existente, se le reconoce como persona jurídica que comparte otro
mismo NIF, distinto del que consta en su DNI, junto con el resto de las
personas que formasen parte de la misma asociación. A cualquiera de
las sociedades constituidas se le pueden exigir responsabilidades
legales, y también a los miembros que las constituyen.
Si
entramos en el sector empresarial, alguien puede ser todo un
emprendedor por especular, o incluso por capitalizar tales o cuales
bienes de subsistencia, pero no estar tributando al mismo tiempo ni
abonando los respectivos impuestos, por ejemplo porque no estuviera
fiscalmente identificado en la susodicha condición. Lo mismo cabría decir de los empleadores que
no dan de alta a sus trabajadores, contratados en régimen de
sobreexplotación. O de tipejos que sí los registran como asalariados
suyos, pero igualmente tampoco cumplen todos y cada uno de los criterios establecidos por
las autoridades públicas y laborales, mediante las triquiñuelas más variopintas
Entraríamos ya en el universo de los empresarios defraudadores.
Estaría bien que se comprendiera que la corrupción no se agota simplemente en lo que implica la
gestión y el disciplinamiento en el nivel político o de las administraciones, sino que es algo de lo más habitual y extendido incluso "a pie de tajo". Lo
que sucede es que en la agenda y los itinerarios que se van
estableciendo en la opinión pública no se trata, excepto en rarísimas
ocasiones, de que el escándalo alcanzase a referir la estructura en que
se sostiene la corrupción.
Aún
con ciertas diferencias menores que sí son reseñables con respecto a
los medios convencionales, los llamados diarios digitales alternativos
tampoco han sido medios de comunicación verdaderamente independientes, aunque sí se atribuyeron la etiqueta. Al fin y al cabo estos medios fueron, junto
con lo que fue la apuesta progre de Atresmedia a través del canal
La Sexta, los que se encargaron de justificar primero el ascenso y, después, ya de manera algo más fraccionada, a los distintos componentes de la investidura para las últimas legislaturas posteriores a la de
Rajoy, lo cual tenía que jugar de manera cortoplacista en contra de un
gobierno sostenido por la mayor casa de putas política del país, el PP y
Vox, que es un desprendimiento suyo, pero tampoco a favor de recuperar la movilización en defensa de las conquistas sociales.
Relación corruptos-corruptores y pretensiones del presidente de la CEOE
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, se consideran diferentes acepciones del vocablo corrupción: 1) "Acción y efecto de corromper o corromperse", 2) "Deterioro de valores, usos o costumbres", 3) "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores", y 4) "Diarrea, descomposición". No pude resistirme ni dejar sin transcribir esta última, aunque tampoco quisiera resaltar nada sobre la misma.
En primer lugar, se ilustra en la primera de las acepciones ("corromper o corromperse") que la corrupción en la administración pública exige la comisión de un acto deliberado ("corromper")
dado que, por ningún motivo o por azar, nadie resulta corrompido en
relación a lo que sea que se supusiera que fuese su recto camino. El
corrupto opta por recibir un dinero a cambio de algún "favor" por el que, en realidad, paga quien también decide entregárselo con el fin de conseguir algo.
No le faltaba razón al señor Antonio Garamendi cuando dijo, en un foro organizado en Málaga por el Diario Sur el pasado 17 de junio, que "el que corrompe es el que tiene el poder", excepto por el hecho de que la idea que profesa sobre lo que afirma pasa por intentar excluir al propio empresariado del concepto del poder o, incluso, por justificar una relación invertida con respecto a esa parte del funcionariado que son los políticos: "no
es tengo dinero y te corrompo, sino es, si no me das dinero, no te
doy... es el que tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de
corromper". ¿No eran los peperos y compañía quienes acusaban a otros de ser una mafia? La Conferencia Episcopal también se posiciona políticamente.
No
tengo por qué ser mal pensado, ni concluir que el presidente de la CEOE le estuviera intentando tomar el pelo a nadie. No creo que esta última
intención, la de colarle al personal el que los corruptores fueran unos
pobres inocentes extorsionados sea algo estrictamente necesario por parte de nadie
que defienda los intereses que defiende Garamendi, que lo hace de la manera más decidida de entre los llamados agentes sociales.
Siempre han habido
quienes los defienden en nombre de la ética, como en el caso de esa
aberración filosófica del justicialismo, venida de la Argentina hoy ya castigada por los sucesores de la gran "reina" Cristina Fernández de Kirchner, cuyos íntimos han sido reciclados en muchos casos en el gobierno mileísta, lo cual supongo que tampoco debería hacer de ellos algo preferible ni un mal menor para ningún peronista admirador del postestructuralismo de Laclau.
Volviendo al señor Garamendi, cuando este asegura observar "cómo
desde gente que está con espacios de poder, los gestiona, en vez de
para el bien público, para su bien personal y privado, y ahí están las
grabaciones de lo que estamos oyendo, gente con responsabilidad pública y
política, de un ministerio muy importante", trata de aprovechar
esta nueva ocasión que le brindan los recientes casos más sonados de
corrupción no vaya a ser que se le diera la vuelta a la tortilla.
Cualquier
realidad es todo lo compleja que se la quiera plantear. Hay autónomos
con ingresos menos elevados y otros, en cambio, viven como auténticos
privilegiados, y autónomos con y sin empleados a su cargo. Si consideramos única y exclusivamente a los empresarios de los que consta no solo el registro de la persona jurídica empresarial como tal sino también actividad económica, algo más de
un 40% del total son
microempresarios. Hay empresas registradas y otras que no lo están, invisibles y no legales, y
también algunas empresas fantasma, pantallas de otras existentes y creadas para la evasión fiscal o el
lavado de dinero.
Tampoco los ejecutivos y directivos de las empresas, sean estas públicas o privadas, son más que meros asalariados formales porque, incluso si se considera que su actividad es parte del empleo de la fuerza laboral, esta no es salario como tal: hay salario en forma de dinero, pero ese dinero no constituye salario corporificado que redunde en la perpetuación del capitalismo.
El
señor Garamendi se posiciona consciente y estrictamente en lo ideológico de acuerdo a su
posición social, y en consecuencia parafrasea a quien para él sería un
político, en referencia a Yolanda Díaz, cuando un corrupto pretendiera
salir airado de los actos ilícitos que cometiese: "cada vez que hay un problema, me escabullo por ahí y le culpo a las empresas en genérico y entonces ahora nos llaman corruptores". También asegura: "si
me sacas tres, cuatro empresas y hay dos millones de empresas, no sé de
qué estamos hablando... Lo otro es un partido, un gobierno, es lo que
es, es un sistema que está ahí".
Sí,
y un plato es un plato y un vaso, es un vaso. No hay por qué comparar
las empresas con un solo partido, ni los partidos con una sola de las
empresas.
Tengo claro que a su parecer, "el sistema empresarial no es corruptor", aunque sí afirme sobre la corrupción que, "en
este caso la compañía tendrá que tomar las medidas oportunas, ha
despedido al que tenga que despedir, si hay responsabilidades tendrá las
que tenga que haber y está la justicia". Pero, ¿acaso el exigirles
responsabilidades legales individuales y societarias a los empresarios,
cuando éstos cometen delitos, faltas y abusos, debería resultar menos
legítimo que hacer lo propio en el caso de que sean políticos?
Y
si no lo cree de tal modo, ¿por qué diferencia el señor Garamendi, como
lo hace, entre el sistema empresarial por un lado, y el sistema
político y de partidos por el otro, cuando a la hora de considerar el
primero dice no saber "de lo que estamos hablando" pero, cuando trata el segundo enfatiza que "es un sistema que está ahí"? El mundo empresarial también "está ahí".
Hay una lógica que explica el funcionamiento de las empresas y que
permite comprender desde la raíz la naturaleza de la corrupción política.
Un
político encausado por haber practicado estas adjudicaciones, en
absoluto arbitrarias, de licencias de obras a las principales
constructoras de nuestro país, es un corrupto se mire por donde se mire,
con independencia de cual sea su partido de entre los existentes, del
nivel administrativo en el que este tenga su puesto o el cargo
institucional que ocupa, y también de la legislatura en que ello tenga
lugar.
Cualquier
político untado, además de aprovechar su cargo para llevarse una mordida, no es en última instancia más que un servidor de su pagador, porque eso que
el corruptor persigue del político es una concesión o licitación a partir de la
que poder obtener aquello que reinvertir en su negocio. Ese es el interés
privado al que se pliegan los políticos: el de algún empresario en apropiarse de plusvalía, incluso si también fuera político, ya sea dentro o fuera de la legalidad.
Por eso en Acciona, la empresa en propiedad de José Manuel Entrecanales,
se ha soltado lastre echándose al hasta entonces director de la misma con el que encabezaba la publicación. Y se puede ser afiliado de un partido
y titular de empresas, quien sea ambas cosas. Si tirásemos del hilo, ¿qué ejemplos cotidianos de la corrupción podrían encontrarse incluso descendiendo hacia los niveles inmediatos?
El fondo de la corrupción en las administraciones y más allá de estas
Hay
una versión legal de lo que se cuece tras la corrupción en las
administraciones públicas, y que además está directamente relacionada con lo que la explica en fundamento: la
colaboración de autoridades políticas y cargos públicos con iniciativas de tipo capitalista y empresarial, cuyos beneficiarios también pueden ser algunas de las propias administraciones públicas o referirse a accionariados mixtos.
Está
íntimamente ligada con el ir asfixiando lo público y social con el fin
de reconvertirlo en una forma de gasto que le resulte productiva a las
organizaciones del mundo financiero en general, entre
las que también se encuentran las principales confederaciones sindicales
a nivel nacional, que están metidas en el ajo como accionistas junto a
bancos y compañías de seguros.
En el caso de los planes de pensiones impulsados con la mochila austríaca, estos se basan en comisiones porque la gestión que se hace del dinero en cualquier producto financiero no es gratuita.
Esto significa que los beneficios que obtengan estas empresas y
entidades, en concepto de custodia y depósito de las aportaciones, no
solo se han de detraer de la pensión privada del partícipe de estos
planes, es decir de las propias aportaciones de quienes los subscriben
sean estos individuales o colectivos, sino también de la pensión pública
a la que legalmente tiene derecho el conjunto de los actuales y futuros
jubilados, pensionistas y trabajadores, incluida la reducida parte de
quienes estén subscritos a este tipo de planes.
Es
así que en la última tanda o impulso de tales planes de pensiones, el
capital inicial de la inversión con la que esperan rendir en sus cuentas
procede de las aportaciones que se nos arrebataron de nuestro salario
diferido, porque se financiaron con otra ronda de recortes millonarios
en cotizaciones sociales.
Lo
que tiene la deslaboralización de los derechos que fueron
históricamente arrancados por la clase trabajadora es que convierte esas
y otras conquistas en exiguas y paternales "ayudas", porque el gasto
público se financia con aquello que va a parar a los Presupuestos
Generales del Estado o de las correspondientes administraciones
territoriales, y en esa generalidad ya caben partidas absolutamente ajenas a lo social. Por fuera de la lucha de las que resultaron las ya tocadas
coberturas estatales a la jubilación o a la dependencia, retomada en
nuestro país desde tiempos de la clandestinidad que impuso el franquismo, nada puede garantizar que tales fondos se dediquen para lo
que nos conviene.
Sin
embargo, todas esas transferencias dinerarias y procederes, los ataques
contra la base reguladora, las comisiones de los planes de pensiones, el pasteleo en la Comunidad de Madrid de la Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA y que mantiene la estructura y el funcionamiento de tiempos de la dictadura, y toda la colaboración público-privada ya no son ni
sobresueldos ni corrupción, y esto atañe al fondo de la cuestión.
En
la denuncia de la corrupción se suele poner el acento mucho más en su
aspecto inmoral y, en el más optimista de los casos, en su aspecto
ilegal. Hay quienes afirman ahora que hay que perseguir también a los
corruptores. Estoy plenamente de acuerdo con ello, a pesar de que a
ninguno de quienes agitaban "indignados" sus manitas en el 15M les
hubiera dado la puta gana de hacerlo. Les condicionó el depender del poder
mediático y corporativo para que sus carismáticos confidentes hubieran
alcanzado sus objetivos de alcanzar las instituciones.
Si
los corruptores son también corruptos es, en todo caso, en relación a
lo que en la sociedad se espera de ellos. A los que son defraudadores
hay que denunciarles también por incumplir la legislación establecida.
Pero a parte de toda consideración moral, e incluso además de los
principios legales, hay algo a lo que se debe en cuerpo y alma todo
auténtico empresario: él mismo, su propia e inmaculada persona, cuyos
éxitos dependen de que lo sean o hayan sido en mayor o menor medida sus
decisiones económicas. Se hace de oro rindiéndole a su dios el culto que le corresponde: la reinversión de la plusvalía extraída a partir de la explotación de la clase trabajadora.
Es
verdad que en toda mi vida no he conocido ni espero conocer a
uno solo que, tras pagarme en negro parte de la nómina, que es lo que
hacen de tal modo para eludir el pagarnos todo lo que están legalmente obligados a que se cotice, haya cogido acto seguido y se haya confesado (en la
comisaría más cercana, me refiero) para resarcir voluntariamente todo el
daño y perjuicio causado. El recurso a la legalidad vigente debe ser por supuesto contemplado como posibilidad de la acción contra ellos.
Pero
más allá de lo subjetivo está lo objetivo: defraudadores o bien
respetuosos hacia la legislación, resultándonos normalmente preferible esto
último, el caso es que conviene tener claro que si estamos ante propietarios de valor valorizándose tienen que ir eliminando la fuente última de la cual surge todo ingreso, aunque entonces necesitan intensificar
el uso que hacen de eso que nos exprimen.
En
lo macroeconómico, el consenso alcanzado para que se devolviera la
deuda pública contraída dejó claro que tampoco ningún partido de la
izquierda iba a transgredir ni intentar revertir el artículo 135 de la
Constitución. Para que se realicen las plusvalías de los acreedores y
pueda seguir ampliándose la escala de reproducción de aquellas, tiene
que acrecentarse el ritmo al que se devalúa la masa salarial, y para
ello ha de ser necesariamente el Estado quien se adapte a las políticas
monetarias inflacionarias, quien implemente las reformas flexibilizantes
del mercado laboral y las privatizaciones de la sanidad o de las
pensiones, entre otras medidas.
Para
no acabar presenciando el anticapitalismo "anticapi" que algun@s
pretenden, o alguno todavía peor hacia las derechas, mejor será entender el porqué de que se recurra al fraude
contra la hacienda pública, lo mismo que contra la seguridad social o lo
que nos va quedando de esta; exigir esa persecución de corruptores desde ahí, y no en plan profesor de ética de secundaria.
No es por maldad, ni tampoco por psicopatía, por mucho que haya más de
un cabronazo que nos pretenda hacer padecer la que tiene a los demás.
El
capital solamente puede sobrevivir aprovechando nuevas oportunidades de
negocio y eso pasa por invadir distintas áreas y esferas de la vida,
así como también por legalizar ese aprovechamiento que se hace de éstas
áreas a desmedro de nuestras condiciones materiales y de existencia.
Pero en la base de lo que entendemos por el ámbito de la política, que
es solamente una de esas áreas, está la actividad económica laboral y
productora de la ganancia y el aprovechamiento que hacen de ella quienes se quedan esta última.
La
legislación se osifica a medida que queda anticuada, y puede y debe ser
puesta sobre la mesa mientras esté a nuestro alcance, como recurso a
nuestra disposición para denunciar ese fraude de ley. Pero si aplicamos
la tercera de sus acepciones, no hay fraude, corrupción o desvío
respecto a "valores, usos y costumbres" que acabasen en situación de "deterioro" cuando atendemos a la lógica económica de la acumulación, por la que se entiende que todos hacen lo que han de hacer para que la rueda siga girando.