Hacia el asistencialismo: el fin del concepto social y solidario de la prestación

Las piruetas a las que recurre el personal para eludir cuál
es el origen de las conquistas sociales son de categoría:
que si el valor del "esfuerzo" en una
sociedad "meritocrática", la aporofobia, el mantra
del 99% (o el 80) y el credo del universalismo igualitario.
Cualquier cosa menos admitir la lucha de clases

Por Arash

"¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; [...] Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. [...] Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste."

(Fragmento de los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844 sobre el trabajo enajenado, Marx)



La realidad y en ocasiones la crudeza de un capitalismo en crisis hace tiempo que ayuda a ponerle a más de uno con los pies en la tierra. Pero la clase dominante, que es la propietaria, aún sigue marcando la agenda política de amplios sectores de la población, a través de sus medios de comunicación y sus aparatos ideológicos.

Lo hemos visto con la relativa popularidad que han tenido los señuelos que durante los últimos diez años han sido lanzados tanto en la prensa escrita y digital, como en las televisiones y las redes sociales, frente a las iniciativas e itinerarios que nacen de la autoorganización de clase de los trabajadores, que son mucho más débiles y desconocidas.

Se podrían poner más ejemplos pero sólo en 2018 acontecieron dos episodios cuyo tratamiento mediático fue diametralmente opuesto, como sucede siempre que la clase social protagonista en uno de ellos está enfrentada en sus intereses materiales a la protagonista del otro.

De un lado, la protesta de los jubilados y pensionistas, desafiando esa agenda política y tratando de hacer del fin del Pacto de Toledo el centro de un debate público que injústamente no ha tenido lugar, en gran medida porque sólo se han preocupado de este los más conscientes de su importancia y que fueron educados en una cultura de lucha.

Ellos nunca merecieron la indiferencia e inadvertencia por la que pasaron sus reivindicaciones propias y originales, ante el desinterés de quienes también están afectados por las mismas -la mayoría de los futuros pensionistas- y seguramente estribe en esta falta de apoyo la razón del esquinazo que les dedican quienes insinúan que son los representantes parlamentarios de sus intereses.

De otro lado, la huelga feminista, que no era una huelga de clase y solidaria en la que se repartieran las tareas domésticas y se cuestionara el beneficio privado, sino una huelga de género, en la que la trabajadora explotada y sobreexplotada de la industria alimentaria o de la hostelería, de la PYME y de la ETT debía ir de la mano con la empresaria explotadora porque todas son mujeres, y los hombres trabajadores, trabajar.

Esta perspectiva desde la que fue convocada explica una intensa publicidad y cobertura mediáticas que recuerdan a la generosa retransmisión en streaming de la acampada quincemayista, a la que recuerdo haber visto hasta en los espacios meteorológicos de cierto telediario. Aclaro que dicha huelga en España fue la iniciativa de una comisión creada para tal efecto por una serie de figuras prominentes del feminismo del país, por mucho que los sindicatos la legalizaran ante las autoridades convocando a los trabajadores de ambos sexos, aunque sin cuestionarse la naturaleza del evento.

El caso es que mientras el capital ha estado imponiendo su propio "relato" de los hechos, uno de los desafíos que han aparecido junto con el empeoramiento de las condiciones laborales y de contratación de cierta parte de la clase trabajadora, algo que viene desde mucho antes de que la crisis financiera le hicieran a las clases medias saltar a la palestra, ha sido el de cómo ejercer la acción colectiva en los centros de trabajo ante la enorme falta de garantías jurídicas en que se ha traducido la descausalización del contrato, el incremento de la temporalidad y de la precariedad en general.

No voy a centrarme en ese desafío aunque sí mencionar que está relacionado de manera especialmente directa con la capacidad que tienen los trabajadores temporales de acceder a la Seguridad Social. Pero lejos de contribuir a un realce de la lucha obrera que, en una escala mayor permitiera recuperar las condiciones contractuales y laborales que, a su vez, garantizan el acceso íntegro a una pensión digna o a una prestación por desempleo llevadera, los minireformistas que aceptan las "reformas" laborales de Rajoy y de Zapatero, una de las cuales dijeron en dos ocasiones que iban a derogar y también han acabado aceptando junto con la otra, aspiran a convertir la Seguridad Social en otra cosa bien distinta, se le llame beneficencia, caridad o asistencialismo.

No es casualidad que, a lo largo del último medio siglo, el capital y sus gobiernos desplegasen su ofensiva en ambos frentes, tanto en el empleo y los contratos como en la seguridad social y las coberturas al desempleo y la vejez, y el actual gobierno "de progreso" no ha venido precísamente para revertirla.

La temporalidad contractual no justifica que ningún trabajador, tenga esas u otras condiciones, mire para otro lado sino más bien lo contrario, que comprenda y responda ante una de las agresiones antisociales más graves de los últimos cincuenta años, que es la citada transformación y defenestración de dicho sistema solidario y su conversión en una simple forma de asistencia de la pobreza, que se ha estado incrementando en los últimos tiempos.

Aunque hay quienes, ante aquellas situaciones de inseguridad en la empresa han encontrado ejemplar y excepcionalmente la manera de moverse incluso en la forma de la huelga, paralizando la actividad productiva, en ciertos casos no se ve la explotación que hay más allá de la opresión, algo que siempre dificulta el pasar a la acción en un sentido favorable.

A la primera, la explotación, se la denuncia con frecuencia casi únicamente desde un punto de vista moral, mientras que la segunda, la opresión, hace que aquella sea percibida poco más que como una realidad asfixiante o desagradable y, por tanto, indeseable. En sus Manuscritos Económicos y Filosóficos, Marx habló del obrero que en su tiempo libre se desahogaba y distraía de la lucha recreándose en cuestiones que desde el punto de vista político son banales, y en cierta medida también se puede hablar del activismo contemporáneo en un sentido parecido, como una forma disuasoria de la militancia con que algunos la confunden, hasta de entretenimiento y evasión, o incluso en algunos casos de autopromoción personal: en cualquier caso, alejada del valor práctico de la acción.

La aceptación de este reduccionismo provoca cierta inclinación a asumir la creencia en una "huida" del trabajo, no tanto lucha por la emancipación, que está en la base de los planteamientos asistencialistas, y que adquiere diversas expresiones ideológicas algunas de las cuales pueden aparentar no guardar relación entre sí. Ejemplos de aquellas expresiones son los huertos urbanos, las comunas hippies (nunca las de la revolución soviética o la de Paris), cierta pseudoteoría de la explotación o incluso el aislamiento de la civilización para "luchar" contra el capitalismo desde las lejanías.

Pero incluso si la creencia en esa "huida" del trabajo llega a alcanzar la apariencia de un "obrerismo", esta no deja de ser más que una reedición de cierto radicalismo del hijo del burgués de los setenta, y bajo esa forma se encubre ahora el desmontaje del sistema de protección y coberturas sociales de los trabajadores.

Sea como sea, lo que más debería llamar la atención no es la alienación de quienes no tenemos más opción que vendernos a cambio de un salario para tener ingresos propios, sino que haya ciertas referencias de la "progresía" que, desde sus despachos y su titulación universitaria, intenten apelar a la clase explotada de esta manera reduccionista, recordándole que su trabajo, el de aquellos a los que apelan, es una "mierda", dicen literalmente.

La flexibilización del mercado laboral ha conseguido que cada vez más trabajadores conozcan lo que es un trabajo de estas pésimas condiciones en tanto creador de valores económicos (carácter dual o bifacético del trabajo) pero aquellos académicos continúan cierta tradición de moda en los últimos tiempos que consiste en atribuir valores morales sobre el carácter útil del trabajo, y su moralina republicana rivaliza con la Iglesia católica, temerosa de que otros le fastidien el chiringuito que tiene montado. Lo tendrán difícil porque aquella goza de una larga experiencia y les lleva un milenio de ventaja pero siempre podrán hacerse un hueco en el negocio de la caridad.



1. El principio de solidaridad en la Seguridad Social y la mentira de los "derechos humanos"

Sin perjuicio de que pueda y deba ser un servicio público garantizado por el Estado, como de hecho lo fue íntegramente durante parte del siglo que nos precede, la fuente de financiación propia o característica del Sistema de la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, que dependen de tres variables: el trabajo, el salario, y cuál sea la parte considerada en la relación laboral de explotación.

1. La cantidad o tiempo de trabajo. Si en un período de tiempo el trabajo es mayor, también lo es la cotización, y viceversa. La cuantía de la cotización varía en razón directa a la cantidad o tiempo de trabajo. A este respecto no es igual una jornada a tiempo completo que una a tiempo parcial. Ni tampoco es lo mismo un contrato indefinido y uno temporal, siendo la progresiva facilitación de la temporalidad contractual en la legislación laboral una manera de abaratar el despido, adaptando la empleabilidad de la fuerza de trabajo a las necesidades de la acumulación capitalista.
    
2. La magnitud del salario directo (el salario base más los complementos salariales). En una misma cantidad o tiempo de trabajo, si el salario es mayor (bien porque sea mayor la remuneración por unidad de tiempo y/o porque lo sea la suma de los complementos) entonces también lo es la cotización, y viceversa. La cuantía de la cotización también varía en razón directa a la magnitud del salario directo. No es lo mismo cobrar 1200 €/mes, que 800 €/mes, ni trabajar a 10 €/h que hacerlo a 6 €/h, pues el salario nominal es la base imponible sobre la que se calculan las cotizaciones.
    
3. Cuál sea la parte considerada en la relación laboral. Los trabajadores asalariados y los empresarios empleadores aportan porcentajes diferentes del salario nominal (base imponible) para cada uno de los conceptos de la cotización. Conviene no confundir el origen inmediato de la cotización, que depende de cuál sea la parte considerada en esa relación (el salario en el caso de los trabajadores, el beneficio en el caso de los empresarios) con la base imponible sobre la que se calcula la cotización (el salario de cada nómina, en ambos casos), que remunera la fuente u origen primero de la cotización, o sea el trabajo. Por contingencias comunes, por ejemplo, los trabajadores aportan de su salario un 4,7 % del salario nominal, mientras que los empresarios aportan de su beneficio un porcentaje mayor de ese salario nominal, un 23,6 %, que en ese y otros conceptos se revela como una cantidad a todas luces exigua a nada que se la compare con la diferencia entre el salario y el beneficio. 

Antes del Pacto de Toledo, la financiación de la Seguridad Social mediante las cotizaciones sociales pasaba también a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que acumulan lo que se recauda mediante los impuestos estatales. Dentro de estos servicios, financiados a partir de esa caja única, estaban incluidas no sólo las coberturas dinerarias a la jubilación, la incapacidad o el desempleo, sino también los servicios médicos (Sistema Nacional de Salud, la sanidad pública), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, que antes de que empezara su privatización tenía más funciones que la gestión de las prestaciones monetarias por desempleo, cada vez menos contributivas y más sustituidas por subsidios y "ayudas" de cuantía irrisoria) y los Servicios Sociales.

Dicho de otro modo, el Estado, que ha solido proporcionar servicios de diferente índole -de transporte o comunicación telefónica, entre otros- garantizaba todos los servicios de la seguridad social de los trabajadores, de manera que se reservaba una partida de los PGE para complementar a las cotizaciones, por lo que estos servicios en la forma de las prestaciones médicas, monetarias y sociales de cualquier otra especie, estaban vinculados al trabajo y, simultáneamente, estaban garantizados de manera íntegra por el Estado.

De aquella manera, la defensa del empleo estaba unida a la de todas estas coberturas sociales y la responsabilidad estatal en asegurar su prestación y ello garantizaba el acceso a una cobertura digna. En esa relación entre el empleo y las prestaciones se basa el principio fundamental de la Seguridad Social.

El trabajo es la actividad creadora de la riqueza en cualquiera de sus formas, lo que incumbe y afecta a todos los sectores, y en particular a aquellos que nos ocupan: la sanidad, las pensiones y coberturas dinerarias y los servicios sociales. Por eso el trabajo es la actividad en la que se fundamenta la sociedad, cualquier tipo de sociedad más allá de su forma histórica concreta de organización.

Así mismo, si exceptuamos lo relativo a la clase que en el capitalismo organiza el trabajo y vive de su explotación, no hay nada de incorrecto en que alguien produzca el bien o servicio que usufructa otra persona, ni viceversa, en que usufructe el que produce otra distinta. El trabajo solidariza a los trabajadores y define la naturaleza social del ser humano: el problema no es la especialización en sí, sino la manera en que esta se traduce en una determinada organización social.

Esto último es especialmente importante ante las coyunturas económicas y circunstancias materiales más o menos adversas que habitualmente se le fuerza a atravesar a la clase trabajadora en una organización social y productiva concreta que es el capitalismo, como la del desempleo estructural.

De esta manera, el usufructo de la riqueza no sólo por los actualmente asalariados, sino también por los otros desposeídos del capital y demás medios de producción que, por diferentes motivos, no están empleando su fuerza laboral en el mercado, es una cuestión de solidaridad. Sin el trabajo y las correspondientes aportaciones de la parte ocupada de la clase trabajadora, la parte desocupada de la misma (ancianos, niños, discapacitados, enfermos, todo tipo de pensionistas, parados y excluidos) no podría aspirar a ninguna prestación, cualquiera que sea la forma que adopte.

El elevado grado de protección y el amplio sistema de coberturas y prestaciones sociales que un día conocimos, y en la medida en que todavía existe, se debe al principio de solidaridad, que fue asumido en la regulación de los sistemas contemporáneos de la Seguridad Social mediante la lucha de clases. De hecho, el trabajo es la actividad creadora de la riqueza, y la militancia obrera es la que explica que ciertas formas de esa riqueza fueran reconvertidas en parte de aquel sector público de servicios.

Esa vieja militancia plasmó parte de este hecho también de derecho, de manera que las prestaciones monetarias (jubilación, desempleo, viudedad, incapacidad, etc), las prestaciones médicas y prestaciones sociales de otro tipo aparecieron todas ellas vinculadas al trabajo. Se trata de los derechos sociales, cuya iniciativa proviene del combate de la clase trabajadora para que el Estado los garantizara contra su voluntad.

Así, los primeros seguros por vejez o invalidez en España no provienen de ninguno de los gobiernos decimonónicos y novecentistas sino de las organizaciones de la CNT y la UGT de la época. De igual modo, y junto con las anteriores conquistas sociales, las libertades de reunión, asociación, manifestación y huelga tampoco se las debemos a los liberales, ni al franquismo asesino sino al movimiento obrero clandestino, como el de las CCOO unitarias creadas en los sesenta, o el de las primeras sociedades obreras europeas en los inicios del capitalismo.

Sin embargo, esta otra parte de la ecuación de los logrados servicios públicos de la seguridad social no fue reconocida en la legislación de los países capitalistas. Así, lo que en ellos nunca llegó a plasmar es que fueron el resultado del movimiento obrero de dos siglos enteros y varias generaciones.

Inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, las conquistas sociales de la clase trabajadora se asumen generalmente como si fueran cualidades inmanentes del ser humano o meras atribuciones y reconocimientos por parte de las organizaciones supraestatales y los gobiernos, es decir, como si fueran derechos naturales o simples derechos positivos potestativos.

Bajo estas mismas banderas engañosas del universalismo y el humanismo se presenta el desmantelamiento de las prestaciones de tipo social y solidario y la implantación de la alternativa que ofrecen, que es la de los raquíticos subsidios y prestaciones de tipo asistencial, que están remplazando y absorbiendo aquellas.

Los orígenes del asistencialismo se remontan mucho antes de que aparecieran estos sistemas contemporáneos de la seguridad social, en particular a la teorización que el ideólogo prusiano Lorenz von Stein hizo en su día del Estado Social, diseñado originalmente para contener la conflictividad y la lucha de clases en la Alemania bismarckiana y aplicado con posterioridad ante el temor de que pudieran replicarse en Europa experiencias revolucionarias como la Comuna de Paris.

Las prestaciones asistenciales no se aplican sobre el principio de solidaridad sino que constituyen una forma de caridad, porque su desvinculación del trabajo convierten lo que eran derechos obtenidos con la lucha obrera, que han permitido tener una jubilación digna o un desempleo llevadero, en "ayudas" exiguas que están condicionadas a la voluntad que tenga el gobierno de cada legislatura.

Toda alusión a las conquistas sociales como si fueran derechos humanos o ciudadanos, como hacen quienes promueven el asistencialismo, esconde que son parte de un proceso histórico de luchas y confrontacion entre clases, en el que la trabajadora contiende por emplear y desarrollar sus fuerzas productivas, impugnando la lógica del capitalismo, que las desemplea y obstruye. Referenciarlas así es una manera de obviar esta contradicción entre el capital y el trabajo, y pretende apartar de la conciencia de los trabajadores la posibilidad de organizarse como clase, que es la única opción de la que pueden nacer y mantenerse los derechos sociales y no el seguidismo a ningún gobierno, sea del color que sea.

La protección al desempleo y la jubilación, entre otras, recibió una sentencia de muerte hace 25 años con el Pacto de Toledo, que era un compromiso para liberalizar el sector público de la Seguridad Social, mediante el que se buscaba desvincular del trabajo la prestación de sus servicios en el país, reemplazando las prestaciones de tipo social y solidario por las de tipo asistencial, y desresponsabilizar al Estado en la prestación de los mismos, generando artificialmente insuficiencias en el sector público y preparando así su rentabilización por el capital.

La táctica seguida desde entonces por los sucesivos gobiernos, desde que se acordó la separación de fuentes, es la de una segregación paulatina de la Seguridad Social, tanto a nivel interno, entre diferentes aspectos de la misma, como entre esta en su totalidad y el Estado.


2. La prestación como concepto y como idea

Siendo esta la manera en que estas conquistas sociales fueron recogidas en la legislación, hay que tener en cuenta que en el Estado de derecho, los gobiernos tienen que adecuarse a una serie de reglas con el fin de mantener su legitimidad democrática. Esto explica que el desmantelamiento de los sistemas públicos de pensiones y de la seguridad social en general, incluidas coberturas y protección al desempleo, hayan estado transcurriendo en países como España de manera progresiva, por etapas.

Ninguno de los gobiernos que los han estado atacando durante los últimos cincuenta años, tanto del PP como del PSOE, podría haber suprimido ipso facto las pensiones o las prestaciones por desempleo, pues no vivimos en sistemas políticos complétamente arbitrarios ni en nada que se le parezca.

Por eso la desvinculación entre el trabajo y la prestación vulnerabiliza el sostenimiento del sistema público de pensiones, las coberturas monetarias de la situación del desempleo y otros servicios públicos, ya que la prestación deja de ser considerada como un derecho objetivo, asociado al trabajo, y pasa a ser considerada una potestad subjetiva del legislador, un simple derecho positivo que se mantiene y se implementa tan pronto como puede ser eliminado de un plumazo por el gobierno de turno, tal y como ya ha sucedido en otras partes.

En este sentido, el Pacto de Toledo externalizó fuera de la Seguridad Social la sanidad pública y los servicios sociales, y expresaba un compromiso idéntico en lo que respecta a las prestaciones monetarias del régimen no contributivo, debiendo todos estos servicios pasar a estar financiados, según sus firmantes, únicamente mediante impuestos. Con la separación de fuentes, se empezaba a aislar del Estado la Seguridad Social, y se ponía en el punto de mira el principio de solidaridad.

La manera de desvincular del trabajo las prestaciones monetarias consiste en traspasarlas desde el concepto social y solidario hacia el concepto asistencial, implementándose unas prestaciones en detrimento de otras que se recortan y cuyo acceso se restringe, y eso es justo lo que está ocurriendo en España y otros países occidentales.

Como bien es sabido, la "generosidad" -la cuantía, dicho sin ironía- de las prestaciones de un tipo es bastante más limitada que la de las otras, y resulta que la promoción de aquellas primeras va acompañada de la defenestración de estas últimas, con lo que se libera al Estado de sus viejos compromisos, arrancados con la lucha del pasado.

Así, antes de la aparición de la pandemia, el presupuesto que el PSOE cifraba en su programa electoral de 2016 para financiar lo que ya entonces era su propuesta de implementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que Podemos acordó con este partido en enero de este mismo año 2020, era de 6.450.370.086 €. Lo curioso, para quienes les interese todo esto, es de dónde enseñaban entonces que van a coger ese dinero.

Llamativamente, en el momento en que José Luís Escrivá (actual ministro de la Seguridad Social por el PSOE) aún era el presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), esta última organización, asesora de los sucesivos gobiernos desde que fue creada por Mariano Rajoy, publicó el pasado año 2019 un informe en el que se sugería que, para "aliviar" parte del gasto en las prestaciones por desempleo, se separasen de manera "permanente" las prestaciones no contributivas y se sacaran fuera de la Seguridad Social, ahorrándose así parte del gasto en prestaciones financiadas con cotizaciones sociales.

Hay que tenerlos enormes, como los tiene el ministro Escrivá, para enfrentar entre sí distintas necesidades actuales de la clase trabajadora (desempleo y jubilación, desempleo y viudedad, regímenes contributivo y no contributivo, etc) en los extremos de una misma balanza de gastos, pero el caso es que el ahorro que calculaba la AIReF en su informe para las cuentas de la SS si se realizase totalmente dicha operación, era de 6.400.000.000 €, número redondo que prácticamente coincide con la cantidad con la que entonces se esperaba financiar el IMV. Es raro, raro, raro.

La irrupción del coronavirus aceleró la crisis económica y obligó a inflar su presupuesto, aunque mucho menos de lo que han estado creciendo la pobreza y las necesidades sociales insatisfechas, tanto antes como después de la pandemia y, desde luego, menos que el volumen de la deuda que, una vez más, adivinen a quiénes pretenderán hacer pagar. Pero ahí queda la semejanza entre las cifras, para quienes deseen explorar más allá de lo aparente.

La derecha que junto con los fascistas lleva durante meses haciéndole la guerra al gobierno, y que ahora sale envalentonada a la calle, siempre ha sido más directa en sus intenciones económicas, mientras que la izquierda progre y limosnera ha solido preferir andarse por las ramas y hacer las cuentas de la lechera, para que parezca que le da a la clase trabajadora con una mano tanto o incluso más de lo que le quita con la otra.

En realidad, con mayor o menor sensibilidad por los afectados por sus políticas y planteamientos, tanto unos gobiernos como otros se dedican a gestionar el capitalismo y sus crisis periódicas y recurrentes, porque al final los recortes en el gasto social y las privatizaciones de propiedades y servicios públicos forman parte de la lógica de la acumulación del capital por mucha economía mixta que te vendan y, aunque no son sólo ellos ni lo hacen de la misma manera, los progreizquierdistas también la siguen con la precisión de un reloj. Esto significa que, aunque tengan más tacto, lentitud o suavidad al hacerlo, al final la clase trabajadora termina cargando igualmente con las consecuencias económicas de la salida de cada ciclo de la crisis capitalista.

Por eso el presupuesto del IMV fue calculado a partir del ahorro de las prestaciones financiadas vía cotizaciones, dando una de cal mayor que la de arena: los progres podrán administrar y dosificar ellos mismos los recortes de las mismas, o echárselo en cara a las derechas desde la oposición pero ellos también las vulnerabilizaron al convertirlas en derechos subjetivos, como hicieron los liberales "progresistas" en ciertas ciudades canadienses antes de que dichas prestaciones fueran eliminadas. Las izquierdas llevan actuando así desde mucho antes, mientras se ha estado incrementado el número de trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza o que están en riesgo inminente de padecerla, algunos incluso teniendo un empleo.

De este modo, excepto por el hecho de que no es ni universal ni incondicional, el IMV es un tipo de Renta Básica, al igual que otros ejemplos que se han aplicado en Europa o América del Norte, ya que se trata de una prestación asistencial, financiada mediante impuestos, se la plantea como una medida paliativa de la pobreza, y está enfrentada, como vemos, al concepto social y solidario de la prestación.

A partir de aquí, la dialéctica que mantienen concepto e idea de la prestación merecería un análisis detallado, pero ya se pueden adelantar algunas apreciaciones, que tienen que ver con la responsabilidad que el electorado atribuye a los dirigentes políticos, algo que no les pasa desapercibido a estos últimos.

Significativamente, desde Podemos (uno de los partidos del gobierno) se refieren a la prestación que han pactado en la actual coalición como el IMV "puente". Saben que de la credibilidad en poder satisfacer, aunque sea mediocremente, la ilusión que tengan sus votantes depende el que se mantengan durante más o menos tiempo en la institución ejecutiva del Estado frente a una oposición parlamentaria crecientemente agresiva, así que buscan no universalizarla pero sí extenderla, quizás unas decenas de euros en su cuantía según lo permitan los objetivos que se marquen del déficit, o en el número de beneficiarios mientras se siguen eliminando, recortando y restringiendo otras prestaciones y fulminando los derechos sociales.

Por su parte, lejos de aquí, en Finlandia, un país en el que también se han producido recortes en el gasto social, incluido el que se destina a las prestaciones monetarias, expiró hace dos años el tiempo de vigencia de una prestación experimental de este tipo que, en este caso, sí se reconoce unilateralmente como una prueba de la Renta Básica, y que fue sorteada (¡sorteada!) a 2000 parados, originalmente implementada por un gobierno de derechas con presencia de los "Verdaderos Finlandeses" (extrema derecha), y tenía un importe de 560 € por persona.

Los progreizquierdistas, sus forofos y su abanico mediático-propagandístico, también se han apresurado a intentar sacar lecciones del experimento, que algunos consideran satisfactorio. El diario Público, por ejemplo, se refiere a esta especie de lotería con las necesidades de los trabajadores fineses como un "éxito", en un artículo en el que también se cita a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales del país, Aino-Kaisa Pekonen, en su opinión de que "la información obtenida gracias al experimento será utilizada para afrontar la reforma del sistema de seguridad social".

Sugiero que cada cual se pregunte en qué puede consistir esa "reforma" (a cualquiera que conserve un poco de memoria le entra ya el tembleque cuando escucha esta palabra) o cómo podría traducirse en lo que respecta a la situación material y económica de los trabajadores, incluso en un país nórdico tan del gusto de los defensores del credo universalista y de los "derechos humanos". En ese artículo se dan pistas en el mismo sentido que he tratado de exponerlas, cuando se alude al "modelo de activación laboral", que dificultó el acceso a los subsidios del desempleo existentes hasta entonces, aunque no a esa prestación en particular, que fue facilitada. Sea como sea, lo que se vende como "éxito" de la medida es que no desincentiva la búsqueda de empleo, y que ha mejorado el "bienestar económico y mental" de los trabajadores.

Respecto al "éxito" en no desincentivar la búsqueda de empleo, tenemos un artículo calculado e interesado porque no plantea, en ningún momento, el efecto que probablemente ha tenido la escasa cuantía de esa prestación en la aceptación de trabajos precarios y escasamente pagados por el empleador que normalmente son inaceptables para muchos parados por su insuficiente remuneración, pero que mientras fue implementado ese subsidio experimental se pudieron complementar con su percepción, al no estar condicionado aquel al empleo sino a otras cuestiones. Esta incondicionalidad con respecto al empleo es lo que motiva que se la reconozca unilateralmente como ejemplo de la Renta Básica. Hay que tratar de plantearse abiértamente todas las posibilidades en vez de barrer para casa sin que lo parezca, pero la subvención indirecta a las empresas por contratar mano de obra barata no entra dentro de las consideraciones de los forofos no vaya a ser que se le fastidie a nadie la ilusión.

En cuanto al "bienestar económico y mental", la referencia a "una encuesta realizada poco antes de terminar el programa piloto" es un reconocimiento explícito de que se ha medido la situación económica y la salud mental de la población objeto del experimento según lo que esta misma ha considerado. No estaría de más preguntarse por la información que tenían los trabajadores, en el momento de la recogida de datos, sobre la naturaleza de esa prestación o sobre su relación con el concepto social y solidario.

La ideología de los encuestados puede indagarse complementando la encuesta con otros procedimientos de investigación que permitan el contraste de los sesgos, pero qué importa esto si los forofos españoles leen el artículo y se sienten felices con la idea que propaga. La subjetividad es tan importante como la objetividad, pero harina de otro costal es esconderse en aquella primera y en el sentido común, que es lo que hace todo aquel que rehuye el análisis y el cuestionamiento de las relaciones sociales.

Sin embargo, en contraste con la postura de Podemos, y volviendo dentro de las fronteras nacionales, resulta que algunas de sus franquicias extraparlamentarias, supuestos "críticos" del gobierno y algunos sectores organizados más o menos aturdidos tienden a presentar complétamente separados la Renta Básica y el IMV, es decir, que consideran la Renta Básica en abstracto (la idea) como si fuera algo totalmente diferente de algunas de sus concreciones, probablemente porque creen que evitar un cuestionamiento, o limitar una posible y necesaria crítica hacia la política gubernamental desde una prespectiva de clase -trabajadora- es una manera de alejar la amenaza de la extrema derecha. Nada más lejos de la realidad: más bien sucede al contrario.

Confundir la necesidad de cuestionar las políticas del gobierno progreizquierdista desde esa perspectiva con el sabotaje que pretende una oposición parlamentaria que quiere alcanzarlo a toda costa, sería una actitud tan necia como renunciar a buscar en aquellas políticas la responsabilidad del ascenso de la ultraderecha, y tan estúpida como adoptar una postura personal a partir de la negación de las posiciones de otros en vez de elaborar un criterio propio, algo que los psicólogos atribuyen a una etapa infantil de la vida humana. Todo lo que no se critique en este sentido se convertirá antes o después en la guerra sucia de los propagadores del odio, que ya hemos podido ver en televisión y en las calles.

La ultraderecha no se fortalece por sumar peligrosamente votos, como creen quienes piensan en los términos electoralistas de la "infalible" aritmética parlamentaria, ni porque existan sectores importantes -y algunos de ellos combativos- de la clase trabajadora que se niegan a votar a quienes les agreden con sus políticas antisociales y de recortes cuando llegan al gobierno, sino porque las ilusiones de un cambio, que desde el progreizquierdismo se acostumbran a divulgar cuando sus partidos están en la oposición o en campaña, pronto se quedan en una frustración más o menos generalizada, lo que genera un espacio psicológico vacío de desidia manejable por quienes más carecen de escrúpulos para hacer demagogia con la idea de un futuro mejor, cada uno peor que el anterior. Así es como poco a poco va penetrando el fascismo, que no tiene los adversarios que dice tener aunque sí bien señaladas quienes son sus cabezas de turco.

La diferencia entre no tener más remedio que aceptar los casi 500 € del Estado, y darle las gracias al gobierno por la limosna, como algunos están casi a punto de pedirles que hagan a los cada vez más trabajadores que engrosan las llamadas "colas del hambre", es la que hay entre ser un trabajador desempleado, temporal o dependiente y a cargo de una familia con ingresos escasos o nulos, por un lado, y ser alguien con una capacidad extraordinaria de resignación a la hora de hacerse preguntas, por otro.

Nada justifica evadir la crítica a la medida ni su encaje en la política del gobierno, incluso si se va a recibir ese dinero porque no queda otra opción, siendo irrenunciable la supervivencia. Lo que hay detrás del IMV y otras posibles prestaciones de pronta implementación, que absorben las contributivas y además dejan de cotizar, es el horizonte del asistencialismo, una versión laica y estatalista de la vieja caridad cristiana y eclesiástica que, al igual que esta, persigue evitar cualquier tipo de estallido que pudiera hacer peligrar el orden vigente. Siempre podrán haber, eso sí, divergencias sobre la sensibilidad con la que avanzar hacia dicho horizonte, cosa que no dudo, pero la idea fundamental es "toma tantos cientos euros y buscáos la vida tú y tu familia".

Esta realidad no debería pillarle a nadie desprevenido, porque los promotores de la Renta Básica Universal (RBU) nunca han ocultado su intención de financiar su hipotética prestación a partir del ahorro de los conceptos contributivos de la Seguridad Social y de los financiados a su vez mediante las cotizaciones sociales, tal y como plantearon en sus propios estudios de viabilidad financiera, aunque mencionen de vez en cuando el IRPF (hipotética reforma fiscal) para encandilar a su electorado real o potencial. Al concepto social y solidario de la prestación oponen la idea de la responsabilidad y la libertad individual en el uso de la renta personal.

Lo que tiene la Renta Básica es que cada uno se la suele imaginar como más le satisface para consumo propio, pero resulta que esta idea también tiene una paternidad ideológica, y si el sujeto que la evoca no conoce sus orígenes e influencias entonces está difundiendo acríticamente las intenciones de su creador. En este caso estamos hablando del más puro y descarado liberalismo, y detrás suyo, la posibilidad de que vayan calando las ideas anarcocapitalistas, minarquistas y libertarianas, expresión esta última que utilizo como la castellanización del término inglés libertarian, ya que allí en Estados Unidos lo libertario se entiende de un modo muy diferente a como ha sido habitual en Europa.

Prestaciones monetarias diseñadas para situaciones de exclusión social o de familias trabajadoras con nulos o escasos ingresos ya las había mucho antes tanto de que se propusiera la implementación del IMV como de que cobrara fuerza en España la idea de la RBU, cosa esta última que sucedió cuando Podemos la convirtió en la propuesta estrella de su programa, durante su emergencia y borrachera electoral en la precampaña de las europeas de 2014, otro evento ampliamente promovido en los medios de comunicación mediante la redifusión intensiva. Ello debería ser motivo suficiente para preguntarse, al menos, qué es lo que tienen de particular estas dos últimas propuestas.

Un ejemplo de aquellas prestaciones preexistentes es la Renta Mínima de Inserción (RMI), una importante y necesaria conquista obrera a la que nadie mencionó, al menos en sus orígenes, como si fuera algo más de lo que realmente es, ni tampoco trató de presentar como referencia de ninguna supuesta utopía, ni mucho menos utilizarla como caballo de Troya para recortar el concepto social y solidario de la prestación y llevar a cabo la contrarreforma del sistema público de pensiones. Aunque a la RMI también se la puede reinterpretar en el mismo sentido que el de los promotores del IMV, convirtiendo la referencia a la inserción en un sarcasmo.

Entender las intenciones que subyacen a este tipo de prestaciones pasa por no ser un iluso. No es la primera vez en la vida de los trabajadores de casi todas las generaciones de edad, que una coalición de izquierdas gana unas elecciones en Europa como para que el personal se trague, con la excusa del coronavirus o sin ella, eso de que el gobierno mira por los intereses del "bien común" en lugar de por los de la clase a la que representa, por diferencias que tenga con la oposición.


3. El capitalismo se derrumba así que "no cabemos todos": entre la tecnocracia y la ecología

En la misma línea que el compromiso expresado en el Pacto de Toledo y la desvinculación entre el trabajo y la prestación, el salario mínimo interprofesional (SMI, unos 30 €/día), estimado a partir de la productividad y otras variables y que marca un umbral que limita por debajo el salario que cobra cierta parte de la clase trabajadora de sus empleadores, dejó de servir como indicador para el cálculo de la cuantía de los subsidios no contributivos al desempleo y fue reemplazado por el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM, 15 €/día).

Este otro regalito nos lo dejó Zapatero antes de abandonar la Moncloa, como la modificación del Artículo 135 de la Constitución que él y su partido acordaron con el PP, que asegura que el denominado "blindaje" de derechos sea el papel mojado sobre el que entretener a la clase trabajadora alrededor del circo parlamentario, porque la prioridad del gobierno es el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda.

Sin embargo, la desresponsabilización del Estado en la prestación de los servicios públicos de la seguridad social, reduciéndose la cuantía de sus prestaciones monetarias -entre otras- no sólo sucede cuando estas son trasladadas desde el régimen contributivo hacia el régimen no contributivo, ni sólo cuando se desliga del salario y del trabajo el cálculo de los subsidios no contributivos al desempleo, sino también cuando se restringe el acceso que la clase trabajadora tiene a las prestaciones contributivas mientras todavía no hayan sido reemplazadas. Nos referimos ahora a la otra parte de la separación de fuentes de financiación de la seguridad social.

Como ya se ha dicho, esa separación de fuentes significaba que los servicios del sistema sanitario, las prestaciones monetarias y subsidios no contributivos y servicios sociales varios quedaran únicamente financiados con impuestos. Pero la otra cara de la moneda consiste en que las prestaciones monetarias del régimen contributivo (sean por jubilación, viudedad o desempleo) quedaran exclusivamente financiadas mediante las cotizaciones sociales, perdiendo la garantía presupuestaria del Estado, reducido al papel de prestamista.

El tratamiento dado a la crisis del sistema público de pensiones es heterogéneo según el caso, pero en todos ellos se pone de manifiesto una tendencia ideológica a la evasión de la responsabilidad política que merece ser tenida en cuenta.

Por un lado están los ultraderechistas, una mezcolanza peligrosa de liberales, prefascistas y fascistas que recurren a argumentos diréctamente malthusianos y sociodarwinistas, según los cuales la causa de la insostenibilidad del sistema público de pensiones es el envejecimiento de la población. Aquello de la "tecnocracia", terrorismo ideológico en estado puro. Propusieron asociar la cuantía de la jubilación con la esperanza de vida.

En realidad, el sistema público de pensiones ha quedado vulnerabilizado ante el envejecimiento de la población debido a la separación de fuentes de financiación, la creación del Fondo de Reserva de las pensiones (caja separada de los PGE) y, en consecuencia, la aparición sucesiva de tendencias deficitarias en el mismo, y no sólo, en rigor, ante el envejecimiento (por la menor relación ingresos-gastos) sino también ante la flexibilización del mercado laboral (por las cotizaciones ahorradas), los bajos salarios (bajas cotizaciones) y el desempleo (menos cotizaciones).

Entonces, el envejecimiento demográfico no es la causa, ya que dicho déficit no es natural sino artificial y esa separación de fuentes fue una decisión que tomaron quienes acordaron el Pacto de Toledo, que son las principales asociaciones patronales, los sindicatos de concertación y todos los partidos parlamentarios en el año 1995. Lo cual nos lleva a analizar la responsabilidad de la izquierda.

Al igual que cuando la izquierda radical griega (SYRIZA) alcanzó el gobierno heleno, antes de abandonarlo habiendo incumplido prácticamente todo el programa electoral que la llevó al "asalto a los cielos" parlamentarios, algún despistado con más o menos mala leche siempre podrá decir que ese poder al que supuéstamente se enfrenta el partido al que ha votado obliga también a sus homólogos españoles a subscribir el pacto social en beneficio del capital.

Ya hay por ahí quienes buscan inmunizar a su gobierno "de progreso" ante la crítica por las recetas antisociales que están por venir en la Unión Europea en el contexto y pretexto de la pandemia: memoria selectiva la de ciertos dirigentes y sus forofos. Del 15-M a la Moncloa. Y es que los progreizquierdistas tampoco reconocen la responsabilidad del Pacto de Toledo, que es la de quienes lo subscribieron.

Cuando hace dos años los jubilados y los pensionistas se organizaron como clase y pusieron sobre la mesa la necesidad de acabar con el Pacto de Toledo, reestablecer la caja única de la Seguridad Social y garantizar la misma en los PGE, los progreizquierdistas se parapetaron en algunas de las reivindicaciones originales y necesarias de aquellos -especialmente en la de actualizar las pensiones de acuerdo al IPC- pero insuficientes por sí sólas para garantizar la sostenibilidad del sistema, y comenzaron a negociar con la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, limitándose a hablar de la "hucha" de las pensiones (el Fondo de Reserva) y ocultando que el problema no consiste en gestionarlo sino en haberlo creado tras la separación de fuentes que ellos y sus sindicatos acordaron con la patronal y la derecha.

Eso es lo que hacen los bomberos apagafuegos de la lucha de clases, rebajar el tono y, sobre todo, el contenido reivindicativo de la protesta obrera, confundiendo sus intereses electorales de buscar en sus medios de comunicación la respetabilidad del poder capitalista, que les permita alcanzar y mantenerse en las instituciones de su Estado, con los intereses de clase de los trabajadores en mantener y exigir unas pensiones y coberturas al desempleo dignas.

Luego, les sobran energías para exaltar los sentimientos patrióticos e identitarios de las masas, redondeando de paso el mensaje de ese mismo espectro ideológico amenazante que ellos y, sobre todo, sus incondicionales forofos esgrimen en cada campaña electoral como justificación de emergencia para pedir el voto de una clase trabajadora cuyas iniciativas de lucha o resistencia ahogan en su cretinismo parlamentario.

Después de haberse escondido en la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC, una exigencia que los pensionistas sabían que era necesaria pero insuficiente sin acabar con la separación de fuentes, la orientación socialdemócrata liberal de los progreizquierdistas les llevó a dar el espaldarazo definitivo a sus reivindicaciones. Piensan en los jubilados, los pensionistas y los trabajadores como caladero de votos, lo que no les impide autosituarse a la cabeza de un movimiento obrero que tampoco les llamó a ellos para la lucha, pero al que intentan encandilar con sus promesas e ilusiones electorales.

En la izquierda, esta tendencia a la evasión de las responsabilidades, tanto las que tienen sus propios partidos y los sindicatos pactistas ante su papel claudicante en la lucha, como las de la clase a la que se las niegan y no representan en su propósito histórico, ya estaba presente en forma embrionaria en aquellos tiempos en los que se comenzó a hablar del "ecosocialismo". A los años setenta se remonta el origen de esa "huida" del trabajo que mencionábamos al comienzo, y que no cuestiona el orden social sino que lo apuntala, porque apunta al lado equivocado de las relaciones sociales capitalistas.

Con ocasión de la pandemia, las redes sociales nos brindaron, hará alrededor de un par de meses o más, la oportunidad de percatarnos de unas reminiscencias ideológicas un tanto curiosas con respecto a cierta idea peligrosa de que "no cabemos todos", que unas veces se aplica genéricamente a la sociedad, y otras más concrétamente al sistema de la seguridad social, y que cuenta con cierta aceptación (variable) dentro de corrientes ideológicas aparéntemente opuestas, ya sea la "progresista" o la abiértamente conservadora, es decir, desde el social-liberalismo (la izquierda europea) hasta el liberalismo, el prefascismo y el fascismo.

Me refiero a las publicaciones fotográficas y audiovisuales de las puras y cristalinas aguas de los canales de Venecia y demás evocaciones a una "madre naturaleza" que recuperaba el territorio en la forma de todos los reinos de seres vivos menos el humano, como consecuencia de las medidas de confinamiento. Como mínimo, nuestra especie aparecía como el virus en sí misma, en lugar del propio virus.

Sin mayor especificación, la naturaleza no tiene inteligencia propia, sino que es la humanidad la que expresa su parte consciente. No se trata de confundir izquierda y derecha ni tampoco de tomar la parte por el todo en la ideología identitaria del ecologismo, que promueve sospechosamente la austeridad en momentos de crisis económica -algo de lo que se percató inteligentemente el movimiento de los chalecos amarillos en Francia- pero sí de señalar algunas responsabilidades compartidas.

El brote de ecofascismo, una denominación muy acertada del planteamiento de quienes publicaban, compartían o se sentían afines al mensaje de esas publicaciones, viene precísamente de la deshumanización que resulta de haber convertido a la naturaleza en un sujeto político más, así como de señalar como patológica la transformación humana del medio ambiente, cosas que se venían haciendo desde hace mucho tiempo desde el ecologismo y el mundo progre más destornillado.

Desde los de los huertos urbanos, las comunas hippies, y los que hacen de las diversas formas de aislamiento de la civilización su forma de activismo, hasta los deudores de ese radicalismo burgués de apariencia obrerista que poco contribuyó a elevar el contenido de las luchas, el problema que tienen muchos pretendidos paladines de la clase trabajadora ajenos a ella es con el trabajo, no con su forma asalariada, ni con la explotación ni con el capital como relación social dominante. Ese es otro trasfondo ideológico que la mayoría desconoce de la RBU: el ecologismo y el culto al decrecimiento.

Sin entrar a discutir cuestiones más concretas y absolutamente necesarias, quienes se mueven por esos derroteros tal vez deberían entender que el incremento del tamaño de la población en Asia, el envejecimiento de la misma en Europa y los países occidentales, y en definitiva, la fase de crecimiento de la posguerra, solamente significa que han aparecido nuevas necesidades sociales que el capitalismo no puede satisfacer. Pero en alguna medida, desde el ecologismo se ha logrado divulgar la creencia de que la humanidad ha alcanzado un tope inherente a la evolución.

Es cierto que hemos alcanzado un límite, del que la crisis medioambiental es una manifestación más, como lo es la reducción de la natalidad, el rápido incremento de la desigualdad económica o el drama de la migración de quienes huyen no sólo de las guerras sino de las carencias económicas originadas por el imperialismo en los países periféricos. Pero ese límite no es ecológico, ni es intrínsecamente evolutivo por mucho que se oponga a la evolución, sino que es histórico.



4. Para terminar

La solución no pasa por buscar en el asistencialismo la adaptación de los golpeados sistemas de la seguridad social a la tendencia del capitalismo senil, porque ello deja fuera del acceso a la riqueza a sectores crecientes de la clase trabajadora, y constituye un falso atajo que busca disuadirnos de autoorganizarnos como clase para poder luchar efectivamente por unas pensiones o prestaciones por desempleo auténticamente contributivas, ligadas a un empleo que permita algo más que subsistir.

No podemos dejar que nos dividan entre indefinidos y temporales, asalariados y pensionistas, empleados y desempleados, sino que tenemos que integrar en un mismo bloque de reivindicaciones tanto el trabajo y el salario directo (el que se cobra de los empleadores) como las coberturas sociales en las formas del salario indirecto y diferido (coberturas a la jubilación o al desempleo, sanidad, etc) porque aquel, el trabajo, es fuente indispensable de estas últimas, y sin el trabajo sólo queda la caridad civil o religiosa que el explotador y su representante institucional nos quieran proporcionar, después de habernos flexibilizado tanto que sólo nos emplean cuando nos necesitan ellos.

Si nuestra posibilidad de beneficiarnos de las prestaciones de tipo social y solidario es limitada, porque la perdimos o porque nunca la tuvimos, habrá que hablar, organizarse y luchar para conseguirla, y para resistir mientras tanto con el fin de que no se la restrinjan ni arrebaten a otros trabajadores.

Defendamos el empleo estable, junto con los salarios dignos, los contratos decentes y las prestaciones vinculadas al trabajo sean estas de jubilación, desempleo o cualquier otra situación; no pasemos olímpicamente de estas últimas y los ataques a que han sido sometidas, sólo porque los contratos basura de algunos de nosotros nos limiten nuestro acceso a las mismas, que son las que de verdad garantizan una protección digna. No pongamos fácil que acomoden las nuevas condiciones materiales de trabajo y de vida que ya van tomando forma.