Como el asunto me pilló un poco de cerca, en su día supe que la liberalización del antiguo servicio público ferroviario en España, hoy semiprivatizado, se tradujo primero en una segregación, después de la cual, la prestación del mismo quedó reorganizada en dos áreas diferentes: una dedicada a la administración de la infraestructura -vías férreas, intercambiadores de vagones, estaciones y tendidos eléctricos y otros servicios- y otra a la gestión de los vehículos ferroviarios, los trenes.
Comenzaron con el transporte de mercancías, y luego fueron a por el servicio de los interventores en el transporte de viajeros. Me contaron que la compañía ferroviaria estatal -Renfe Operadora- incluso le alquilaba los trenes a las operadoras privadas a precios asequibles, en vez de vendérselos, con el objeto de ahorrarles el coste de mantenimiento y otros gastos. No cualquier mindundi puede invertir en ese nicho de mercado, así que tampoco viene mal la ayuda de unos gerentes en la administración.
El caso es que algo parecido ha estado ocurriendo en el servicio de la seguridad social, o sea, en el sistema público de pensiones. El Pacto de Toledo, acordado en 1995 por las principales asociaciones patronales, los sindicatos de concertación y todos los partidos parlamentarios, estableció una doble fuente de financiación. El objetivo era "trocear" el servicio, en este caso para facilitar la penetración de las compañías aseguradoras, los bancos y los planes de pensiones privados en general.
Sin embargo, si atendemos a sus principales modalidades, podremos comprobar que todas las pensiones o la gran mayoría de ellas tienen algo en común, y pertenecer a uno o varios sectores caracterizados por la precariedad laboral no puede convertirse en una excusa para que ignoremos su importancia, sobre todo ahora que el confinamiento se ha traducido en que muchos se hayan quedado sin ingresos al haber perdido su empleo. Aspirar a tener una mirada intersectorial implica saber detectar cuál es la realidad de la clase trabajadora más allá de nuestras situaciones particulares.
Estoy convencido de que, de comprender qué es eso que nos une, también en lo relativo al sistema público de pensiones, depende el poder sumarse de manera consciente a quienes están luchando desde esa perspectiva unitaria de clase, y ello incluye a quienes están defendiendo la seguridad social, la de todos nosotros. Si no lo hacemos y actuamos separados de ellos, como si la cosa no fuera con nosotros, estaremos derrotados sin siquiera haber entrado al ruedo, o lo que sería aún peor, habremos estado tirando piedras contra nuestro propio tejado creyendo que apuntábamos al de nuestro adversario.
Si nos detenemos rápidamente en la naturaleza de las pensiones por jubilación, enseguida recordamos que son ahorradas a lo largo de la etapa activa mediante el abono de las cotizaciones sociales, y que las condiciones de solicitud, así como las que determinan la cuantía de las mismas se refieren, en este caso y entre otras, a que se haya cotizado y al tiempo que se haya estado haciéndolo. Por eso las pensiones por jubilación son una forma diferida del salario.
Otro tanto sucede con las prestaciones por desempleo, que se reciben a partir del salario de otros trabajadores, del que provienen sus respectivas aportaciones a la seguridad social, tal y como aparece en esas nóminas que a veces se ocultan en la oficina de Recursos Humanos. Por este motivo, estas prestaciones son una forma indirecta del salario. De igual manera que en la jubilación, las condiciones de solicitud y las que determinan su importe se refieren también a un período cotizado, en este caso de al menos un año.
Las condiciones de solicitud de los dos anteriores tipos de prestación, además de las que determinan su cuantía, son las que hacen de ellas pensiones incluidas en el régimen contributivo de la seguridad social, que se pueden cobrar sólo y en la medida en que se haya contribuido al mantenimiento del sistema público. Otro ejemplo son las pensiones por viudedad, que también dependen, tanto en su financiación como en sus condiciones, de la previa cotización del fallecido.
Por su parte, las pensiones no contributivas son aquellas que se cobran o no en función de otras condiciones que no tienen que ver con el período cotizado, como las pensiones por incapacidad, cuya solicitud y cuantía dependen de otros requisitos. De este último grupo de pensiones se benefician, entre otros ejemplos, los que sufran accidentes laborales, cuyo número se ha visto incrementado en los últimos tiempos de crisis económica, ahorro de las empresas en seguridad y recortes en la administración pública. También quienes lo hayan sufrido fuera de la empresa, habiendo quedado más o menos incapacitados para trabajar, o las familias trabajadoras de bajos ingresos, en función del número de miembros que conviven en el domicilio u otros factores.
La sostenibilidad de este sistema se vio gravemente perjudicada como consecuencia del Pacto de Toledo, y no del envejecimiento de la población, como dicen los tecnócratas con sus argumentos malthusianos y darwinistas, ni tampoco de la "hucha" de las pensiones, como dicen los "progresistas". Me gustaría intentar explicarlo brevemente, de la misma manera que yo lo aprendí de los mayores cuando lo ignoraba.
Hasta que se subscribió el pacto, todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas habían estado sufragadas con las cotizaciones sociales y, además, estaban complementadas con lo que se recauda mediante los impuestos. A partir de entonces, las pensiones contributivas quedaron exclusivamente financiadas con las cotizaciones, mientras que las no contributivas serían únicamente pagadas con los impuestos. El Pacto de Toledo y la segregación o supresión de la caja única tenía al menos una consecuencia, y es que marcaba el futuro de la estabilidad del sistema público de pensiones.
Había aparecido la coartada que ahora sostienen los sindicatos pactistas y los partidos burgueses, plegados a los intereses de las aseguradoras y las mútuas: la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Y es que la redistribución patrimonial hacia las rentas del trabajo en que se traduce el pago de las pensiones era mucho mayor antes del Pacto de Toledo, cuando las contributivas se complementaban a través del sistema fiscal, que es el que realmente obtenía del capital una parte relevante de su renta para asegurar el pago de las pensiones: prestaciones por desempleo, jubilaciones, viudedad, etc.
En su lugar se creó el Fondo de Reserva, en el que se deposita el montante restante que queda de las cotizaciones una vez descontado el gasto en prestaciones, con la supuesta finalidad de cubrir el déficit en los períodos en los que se invirtiera la relación. Pero las pensiones contributivas ya habían perdido la garantía real de su sostenibilidad. Es más, cuando llegó el déficit al fondo de reserva enseguida se aprovechó la ocasión para proponer una nueva reducción de la cuantía de las pensiones, e incluso en 1994 el gobierno creó un nefasto precedente, cuanto decidió "suplirlo" mediante préstamos estatales, en vez de cubrir lo que faltaba con una transferencia de renta.
En definitiva, lo que había ocurrido es que, a diferencia de lo sucedido en servicios como la sanidad o la educación, la seguridad social había sido parcialmente aislada fuera del Estado. Así llegaba a su final una conquista histórica del viejo movimiento obrero del último siglo y medio, cuando se eliminaba de los Presupuestos Generales del Estado una partida propia para garantizar el pago de todas las pensiones, contributivas y no contributivas.
Además, por si no fuera poco, al haberse suprimido la caja única, la financiación de las pensiones contributivas se hizo vulnerable ante la precarización del trabajo, los bajos salarios, el desempleo o el propio envejecimiento de la población. Todo como consecuencia del pacto de 1995, que recuerdo que no se refiere a un aspecto técnico de la producción de bienes o servicios, ni puede reducirse a una cuestión puramente demográfica sino que es una decisión económica y política que se puede y debemos revertir.
Dicho esto, aquí viene lo que quería comentarles. Tenemos que entender que las condiciones laborales particularmente precarias de algunos de nosotros, a quienes nuestros explotadores nos encadenan contratos parciales y temporales a veces incluso varias veces a la semana, no pueden justificar que renunciemos a defender la seguridad social, o que miremos hacia otro lado como si fuera un problema ajeno.
Es llamativo que ante la falta de protección institucional, derivada tanto de la flexibilización del mercado laboral como de los contínuos ataques contra las pensiones durante todos estos años, el gobierno esté desarrollando actualmente un paquete de medidas extraordinarias de socorro social que incluye ciertas prestaciones asistenciales, y que está dirigido a los trabajadores temporales y a las familias con bajos ingresos, pensando en prevenirse ante cualquier tipo de estallido social por la ausencia de salario en este contexto de confinamiento y cierres de centros de trabajo.
Sin embargo, esas prestaciones de emergencia financiadas con el gasto público -la prioridad del gobierno ha sido liberar a las empresas de sufragar el coste económico de la pandemia, con el beneplácito de las centrales sindicales mayoritarias- no las podemos sostener, los trabajadores temporales, si las aislamos de la defensa del sistema público de pensiones, como si no tuvieran nada que ver con la protesta de los jubilados que exigen el fin del Pacto de Toledo o con las movilizaciones de los asalariados en defensa del empleo.
Sospecho que algunos no se terminan de creer que algún día llegarán a viejo, o que no son capaces de imaginar lo que es alcanzar la tercera edad siendo pobre y rebuscando en los contenedores. Espero que sea eso, sumado a la falta de una ya impostergable conciencia de clase, lo que explica la inmerecida indiferencia hacia quienes luchan contra el Pacto de Toledo, exigiendo el reestablecimiento de la caja única de la seguridad social y que se garanticen todas las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, porque la única explicación alternativa que se me ocurre es que se haya aceptado que, después de haber estado haciendo rica a la clase propietaria, hay que resignarse a fallecer sin nada.
Nos estamos jugando una de las conquistas sociales más importantes porque sin ella, la inmensa mayoría de nosotros moriremos con el culo al aire, y los que vengan luego -los que vengan porque tener hijos ahora está complicado en el capitalismo- no lo podrían tener cubierto ni después de dos vidas enteras.
La caja de la seguridad social no duraría nada sin que nadie pagara sus cuotas, de manera que los jubilados cobran su pensión, además de porque la han ahorrado durante su vida, porque los trabajadores ocupados siguen aportando aquellas, y sin aquellas tampoco sería posible imaginar el pago del subsidio a los desempleados que están inscritos en el registro del paro.
También sucede que, frente a la nula capacidad de ahorro de una vasta parte de los trabajadores, que no llegan a final de mes, y frente al limitado ahorro individual de la otra parte, la jubilación es una forma de ahorro colectivo que permite a la inmensa mayoría tener unos ingresos en la vejez que, sin dicho sistema, no tendrían en absoluto.
Todo esto significa que, aunque el sistema de la seguridad social también es progresivo, su principal característica es que actúa como una forma de solidaridad obrera. De hecho, las aportaciones de las empresas son más que exiguas, tal y como denuncian los sindicatos y las organizaciones de clase. Sumarse a esas reivindicaciones por el incremento de sus cotizaciones es sólo una manera de comenzar a involucrarse.
Hasta cierto punto tiene sentido que el movimiento obrero brote circunscrito a ciertos sectores y limitado a determinadas exigencias parciales, incluso directamente relacionadas con la supervivencia, pero hay más razones de las que parece que explican las dificultades de generalizar cualquier núcleo caliente de la lucha de clases. Por si no fuera poco el esfuerzo requerido para buscar el apoyo de otros grupos más amplios de trabajadores, hay una serie de académicos europeos con cierto reconocimiento, habitualmente considerados como "progresistas", que tratan de presentar la segmentación de nuestras reivindicaciones e intereses como si fuera una virtud.
Frente al concepto de la prestación social del sistema público de pensiones, que permite una autoasistencia económica entre ocupados, parados y jubilados, estos referentes liberales de la izquierda oponen la idea de la responsabilidad y la libertad individual en el uso de la renta personal.
Elaborar los argumentos personales a partir de una mirada tan sesgada como esta, vuelve especialmente difícil captar la explotación que hay más allá de la opresión, generándose la ficción de que simplemente se puede "huir" de la realidad desagradable del trabajo o de que el establecimiento de un nuevo tipo de subsidio estatal nos librará de las condiciones contractuales que nos imponen los empresarios. Pero emanciparse del trabajo asalariado y la explotación mediante una supuesta "reforma" fiscal es una completa ensoñación.
El 22 de febrero de 2018, hace ahora dos años, los pensionistas se saltaron en Madrid el cordón de la policía nacional frente al Congreso de los Diputados. Desde entonces, los apagafuegos de la lucha de clases no les han quitado sus ojos de encima, tratando de confundir sus intereses electorales con los suyos propios de garantizar unas pensiones dignas, que también son los tuyos y los míos.
Cuando se busca la respetabilidad de los poderes capitalistas a cambio de la presencia en las instituciones de su Estado, no nos encontramos ante ningún partido que represente, ni de lejos, a la clase trabajadora sino ante uno que se dedica esforzadamente a que los actuales y los futuros pensionistas traguemos con el dichoso Pacto de Toledo.
Exigir la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC es necesario pero no basta porque sin la caja única y la garantía presupuestaria del Estado, el sistema de la seguridad social se terminará arruinando lo suficiente como para que el sector privado y su gobierno de turno ya hayan justificado su privatización en nombre del "bien común" y del "interés general".
La defensa de unas condiciones laborales y contractuales decentes está unida a la del sistema público de pensiones, el empleo y los salarios dignos. Mientras perdure el estado de alarma será difícil cualquier acción, pero si nos olvidamos de conectar las necesidades que tenemos los trabajadores temporales con las reivindicaciones de los que tienen contrato indefinido, y de querer buscar ese frente compartido de exigencias, cuando se reanuden los desahucios, vuelva a cortarse la luz y el gas en los hogares, se tenga que volver a pagar el alquiler y, en definitiva, se vayan relajando las medidas de confinamiento y algunos pocos de los muchos desempleados volvamos a trabajar, nos pillarán tan despistados como siempre y nos golpearán en todo lo que no quisimos comprometernos de manera solidaria: pensiones, empleo, salarios y contratos. Eso sin contar los recortes sociales y las nuevas privatizaciones del maltrecho Estado del bienestar que conoceremos cuando la deuda interna privada se convierta en deuda pública.
Y por supuesto, hay que evitar a toda costa que el debate se desplace desde la necesidad de sostener todo el sistema público de pensiones, que es gestionado por el servicio de la seguridad social, hacia el servicio de la seguridad social en sí mismo, al que los liberales de izquierda y cosas peores acusan de burocrático.
El argumento que manejan quienes juegan en este campo es que parte de las recaudaciones fiscales con las que el Estado paga a los empleados -funcionarios- de la administración de la seguridad social, se pierden por la "ineficacia" derivada de la condicionalidad de las prestaciones, restándose de las ayudas que los "ciudadanos" deberían recibir sólo "por el simple hecho de ser humanos".
De ahí la incondicionalidad que defienden en el tipo de prestación que promueven, con el que creen que debe reemplazarse al sistema público de pensiones y la seguridad social. No lo digo yo sino ellos, tan literal como lo están leyendo. Philippe Van Parijs, Rutger Bregman, y el español Daniel Raventós y compañía.
En el fondo, tras el ropaje universalista con el que se visten, lo que va realizándose de su utopismo de cortos vuelos no vaticina nada más que un subsidio para pobres, como en la caritativa Inglaterra del siglo XIX, sólo que en versión laica.
