Por ArashEs de sobra conocido que este planeta nos proporciona lo suficiente para que todos podamos vivir en paz, y que muchos de los graves problemas mundiales a los que nos enfrentamos como especie hunden sus cimientos en una errada forma de organización del conjunto de la sociedad.
También lo es que el avanzado recurso tecnológico para su transformación, no explica en sí mismo tales "retos" a superar, sino que lo hace el uso humano de dicho recurso tecnológico. La propiedad y los derechos de gestión del capital son ante todo privados, y el resto de la humanidad sólo conocemos indirectamente lo que "permea" de los beneficios que genera y que no poseemos, mientras pagamos diariamente sus peores consecuencias, en ocasiones incluso con decenas de millones de vidas humanas.
El estudio de las relaciones internacionales no puede ignorar ninguna de las dos premisas anteriores. En lo que concierne, en particular, al conflicto abierto por los catalanistas, es bastante preocupante cómo últimamente se lee y se escucha, en los ámbitos de la izquierda nacionalista, la paráfrasis de algunos teóricos y revolucionarios que lucharon contra el imperialismo, con el fin de argumentar la defensa de la tan aludida independencia de Cataluña.
Así mismo, todos los principales actores del conflicto catalán, alineados con los catalanistas o los españolistas, están jugando gratuitamente con el deseo de autodeterminación nacional y el "derecho a decidir" de los catalanes, sobre todo de los que no deciden nada de nada ni lo harían más que sobre su hambre tras la creación de una hipotética e improbable República independiente con efectos reales, justo como lleva sucediendo y sucede ahora que no existe dicha República.
En el último artículo que hice público, traté de explicar cómo el origen de algunos de los fenómenos sociales europeos del último decenio aparentemente dispares -en efecto tienen su diferencias- tales como el quincemayismo español o el independentismo catalán, responden a la crisis de amplios sectores de la clase media que perciben cómo su posición en la estructura de clase y su influencia en la sociedad burguesa -su soberanía- está amenazada.
Ambos ejemplos de movilizaciones parten del supuesto según el cual las actuales democracias parlamentarias son una vía efectiva para el ejercicio de la soberanía de las amplias mayorías. Nunca lo han sido para la clase trabajadora, aunque así es como se la venden los viejos y los nuevos partidos de la clase media.
La realidad es que para aquella clase, la trabajadora, las democracias parlamentarias europeas fueron únicamente una posibilidad para la representación política de sus luchas, lo que no suponía poco contra el silencio y la censura que se vierte hoy sobre la lucha de clases y la realidad de los explotados.
No obstante, eso ya es historia en la mayoría de Europa, tras la renuncia de la izquierda a lo que ya era un escaso programa de reformas políticas. Es tan sólo cuestión de tiempo, a mi parecer, que los partidos de izquierda terminen donde acabó la Internacional Socialista, la heredera de aquella que sostuvo la posición belicista en la "gran" guerra patriótica de 1914, renunciando completamente a los compromisos más elementales que un partido que se dice o presupone obrero debiera de tener con la clase.
En esta ocasión pretendo explicar cuándo y en qué situaciones pienso yo que los procesos independentistas deberían atraer y despertar nuestra simpatía, y cuándo y en qué ocasiones no debe hacerlo en absoluto.
En boca de algún académico de la disciplina de las relaciones internacionales he llegado a escuchar que la defensa de los derechos laborales por encima de los derechos humanos -estos últimos son la bandera que enarbolan la mayoría de quienes se especializan en ese ámbito- es inmoral o debiera hacernos echar las manos a la cabeza, porque claro, los trabajadores son seres humanos antes que trabajadores, algo que no es del todo cierto, según se mire.
Un bonito argumento de partida, pero resulta que el trabajo -la mejor definición de la naturaleza humana- enajena de sí mismo al ser humano cuando objetiva los deseos del patrón y el explotador y no los de aquellos que lo realizan. Tampoco son humanas la mayoría de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, de vida, de la población mundial.
Mucho me temo que aquella "inmoralidad" sólo se trataba de una argumentación paralela al alejamiento que practicó la vieja socialdemocracia -con la que aquel académico que les mencionaba vagamente estaba vinculado- con respecto al mundo del trabajo y del socialismo, para convertirse en un nuevo tipo de administración del capitalismo y adentrarse en esa especie de terreno ideológico del humanismo vacío.
Lo cierto es que, más allá de que se hayan cometido muchos crímenes contra la humanidad en nombre de los derechos humanos, el trabajo sigue y seguirá siendo uno de los factores determinantes que expliquen cómo unos viven en la ociosidad mientras otros lo pagan con sus carencias, porque su acumulación en la forma del capital -el otro de los factores- al que Marx dedicase su vida a analizar, junto con su socio comunista, Friedrich Engels, así como el enrriquecimiento de sus propietarios, se hace a costa del trabajo que otros seres humanos, la inmensa mayoría, que viven en la miseria material se ven obligados a realizarles vendiéndose a sí mismos como individuos y perdiéndolo todo.
Es entonces cuando los derechos de los seres humanos se ven negados porque ni siquiera estos tienen algo que llevarse a la boca, y ello como resultado de la explotación del trabajo asalariado. Y esa lucha de clases y las relaciones sociales que antes o después se derivan de ella, vertebran de lleno las relaciones internacionales.
Duele de verdad que estas cuestiones hayan sido dejadas en la sombra del conflicto soberanista, y más aún que los pequeños burgueses pseudorrevolucionarios insinúen o comparen gratuitamente, siquiera de forma involuntaria, la situación de Cataluña con la de una nación explotada del tercer mundo, y la secesión de Cataluña con los procesos de independencia llevados a cabo contra el imperio.
En este sentido, el desarrollo más importante del análisis de las relaciones internacionales lo realizó Lenin, quien estudió la avanzada coyuntura del capitalismo en su fase superior, el imperialismo. La teoría del imperialismo explica detalladamente cómo el desarrollo del capital llega incluso a someter a las naciones explotadas.
Sobre nacionalistas y demócratas cortos de miras
El desarrollo extensivo implica la reproducción de las relaciones laborales, es decir, posibilita la creación de nuevas relaciones de producción y una tendencia creciente de empleo de la fuerza de trabajo. Por este motivo, aquel puede compensar, provisionalmente, las tendencias opuestas del desarrollo intensivo (innovación): reducción del salario en formas tales como los despidos de plantilla, reducciones directas de sueldo, especialización y división del trabajo, descualificación de la fuerza de trabajo, temporalización y parcialización del tiempo de trabajo, etc.
Pero incluso los propios economistas defensores del capitalismo se ven obligados a partir, en sus quehaceres profesionales, de una base empírica que intentan justificar teóricamente bajo el paraguas ideológico del liberalismo: lo que ellos llaman el "desajuste" entre la oferta y la demanda de mercancías, que se produce periódicamente en la economía mundial, con graves consecuencias para la vida en el planeta.
Este fenómeno se corresponde con las crisis periódicas o cíclicas que Marx estudió y denominó en su día como crisis de superproducción de mercancías: la producción, actividad lucrativa para la burguesía capitalista explotadora, pone en las estanterías muchos más productos de los que las amplias mayorías sociales -el proletariado- pueden consumir.
No es que sus necesidades básicas hayan desaparecido, evidentemente, sino que no pueden satisfacerlas como consecuencia de las incapacidades adquisitivas que resultan de las bajas rentas salariales, siendo esta la situación que afecta especialmente a las naciones subdesarrolladas como consecuencia de la (sobre)explotación de la fuerza de trabajo barata del tercer mundo, por parte de la burguesía imperialista.
En este sentido, cabe mencionar que Cataluña cuenta con sus propios explotadores nacionales de trabajadores, de los cuales una buena cuota de estos últimos son trabajadores que provienen de otras partes del territorio del Estado.
Las primeras manifestaciones históricas del desarrollo extensivo del capital no traspasaban las fronteras de las naciones en las que cada burguesía desempeñaba la actividad económica que le es propia. Los aranceles fronterizos establecidos por los Estados (mercantilismo) eran los principales impedimentos para la expansión comercial de la burguesía fuera de sus respectivas fronteras nacionales.
La expansión comercial por encima de las fronteras nacionales (libre comercio y surgimiento de un mercado libre internacional) fue una conquista burguesa para cuya ejecución y defensa, como con tantas otras, aquella hubo de prepararse, anticiparse y dotarse de un programa político, que es el que llevaron a cabo en buena medida durante las revoluciones democráticas.
Al referirnos a las consecuencias y los efectos de estas últimas, lo estamos haciendo también al marco político a través del que transcurren los procesos estructurales de transformación social. Estas últimas revoluciones consistían en el establecimiento de regímenes institucionales y de gobierno regulados por un ordenamiento jurídico.
Tales revoluciones no estaban subordinadas únicamente a la consecución del objetivo del comercio internacional libre de restricciones. De hecho, la centenaria revolución socialista de octubre de 1917 y la culminación de la revolución en Rusia y en los antiguos territorios imperiales, no fue posible sin su febrero. Pero aquel último, el libre comercio, puede tomarse como referencia con el fin de explicar el trasfondo de las revoluciones democráticas.
Antes, durante y después de estas revoluciones, la burguesía ejerce sus libertades como clase. El hecho característico y central de las revoluciones democrático-burguesas no era el ejercicio de la libertad burguesa, sino la imposición de la misma en la forma de leyes (derechos positivos). Así, la burguesía plasmaba la legitimidad para ejercer su libertad a través de un ordenamiento jurídico propio.
Esto es lo que hicieron los nacionalistas franceses en el final del reinado de Luís XVI, antes de que sus vertientes radicales lo decapitaran en 1793 en la entonces llamada Plaza de la Revolución, en París, durante el Terror jacobino. Dos años antes de su ejecución, Luis XVI había jurado la Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, que limitaba las competencias del rey y regulaba jurídicamente los derechos civiles y obligaciones de aquellos que poseían la nacionalidad francesa. Entre esos derechos positivos se encontraba la soberanía nacional.
Salvando las enormes distancias, a esto se resume la manera en que los nacionalistas han entendido la autodeterminación, algo plenamente aplicable al catalanismo. Los nacionalistas que protagonizaron los procesos de independencia coloniales también partían de ese planteamiento, si bien en tales casos la conclusión de estos últimos significaba un golpe contra el imperialismo. No es este el caso del "Procés" ni de la independencia de Cataluña. Cada generación es hija de su historia, pero las terribles y devastadoras experiencias bélicas del continente en 1914 y 1936/39 debieran haber hecho de todo nacionalismo un mal recuerdo del pasado.
Esa legitimidad de la libertad burguesa se expresaba en la legislación de unos derechos civiles que el mismo ordenamiento reconocía como extensibles y efectivos en el total de los ciudadanos de cada una de las naciones en las que triunfaban las revoluciones democráticas.
La potencialidad práctica de contar con un sistema institucional y jurídico que asuma los derechos civiles y que reconozca, de esa manera, las libertades de las mayorías es evidente, pues este plasma un marco para el desempeño político del proletariado explotado y potencialmente revolucionario. Pero resulta que tal reconocimiento jurídico tiene diferentes implicaciones reales según el grado de desarrollo capitalista de cada nación, y según la composición de clase que resulta de ello.
La burguesía tuvo, durante los períodos nacionales de transición hacia el capitalismo y, en particular, durante el transcurso de las revoluciones democráticas asociadas, importantes lazos en común con el proletariado rural y el naciente proletariado urbano: propietarios de pequeñas tierras autocultivadas, labradas de forma autónoma e incluso ocasionalmente con el recurso tecnológico, campesinos liberados de la servidumbre, maestros de los gremios, artesanos y otros obreros que aún no habían sido expropiados de sus herramientas de trabajo son sólo algunos ejemplos representativos y generales de la composición de clase característica del subdesarrollo del capital.
De lo que trataba (y trata) la burguesía era precisamente de liberarse de tales vínculos económicos con el trabajo y de su atadura social con el proletariado de las ciudades y del campo. Y eso es lo que significó y significa el progreso de la burguesía más poderosa en el mercado. El desarrollo del capital permitió la prosperidad y el surgimiento de una burguesía emancipada del trabajo, a la vez que el surgimiento de un proletariado moderno, asalariado, que complementa la ociosidad de aquella, y para el que quedan las sobras del régimen productivo. Esta es una de las características de una nación desarrollada: la existencia de una burguesía y de un proletariado asalariado bien diferenciados y enfrentados en la lucha de clases.
En las naciones desarrolladas la burguesía cuenta entre sus filas, pues, con amplias capas que han roto la práctica mayoría de sus lazos con el proletariado asalariado, y forma en su conjunto una clase diferente de este último, porque el trabajo del que aspira a emanciparse y se emancipa aquella es el que amenaza con esclavizar y esclaviza a este último; porque la división del trabajo que lo hace eficiente para el provecho de aquella es la que convierte el trabajo en infinitesimal y reduce la remuneración de este último.
Lo que ocurre entonces con los regímenes institucionales y jurídicos civiles que se establecen durante el desarrollo capitalista y tras las revoluciones democráticas, es que se convierten, una vez la burguesía está liberada del trabajo y separada del proletariado, en una inercia institucional y jurídica: una conquista que le pertenece al proletariado y que, en todo caso, debería aprovechar al máximo para ejercer sus libertades.
Sin embargo, en cualquier nación desarrollada, la burguesía nacional no está interesada en la defensa de los derechos civiles si no es como una mera formalidad y apariencia, porque no lo está en absoluto en la defensa de las libertades de la moderna mayoría social a la que condena al trabajo asalariado. Esto nos debería resultar igual de familiar tanto en España como en Cataluña.
La primera manera que tiene de terminar con las libertades del proletariado es, en primer lugar, subyugándolo cada vez más, tratando de ahogarle en la pobreza mediante la intensificación de su explotación y, en segundo lugar, vaciar poco a poco de contenido (también podría suprimirlos directamente) los derechos positivos que reconocen tales legislaciones.
Los nacionalistas catalanes han estado agrediendo constantemente, desde las instituciones autonómicas, las libertades y los derechos de los trabajadores exactamente igual que lo han estado haciendo al otro lado de la "frontera patria", tanto en lo que se refiere a la seguridad social (paro, jubilaciones) como en lo que respecta a la persecución y represión de trabajadores, a la dispersión violenta de manifestantes practicada por los Mossos d'Esquadra, o a la aplicación del Código Penal contra los militantes y sindicalistas que ejercen su derecho a la huelga.
La razón de ser de estos regímenes institucionales y jurídicos era consustancial al desempeño político de la burguesía revolucionaria en su propósito de emancipación del trabajo y de las amplias mayorías laboriosas a las que aún estaba ligada, y que participaron junto con aquella en los devenires de las revoluciones democráticas, pero a la burguesía post-revolucionaria ya no le interesa que el mayoritario y moderno proletariado asalariado ejerza hoy sus libertades políticas, y menos aún que lo haga al amparo de la ley. Ello tiene que ver con la crisis de las democracias parlamentarias que se está comenzando a vivir en todas las naciones europeas, en mayor o menor medida.
Para entendernos, la culminación del progreso burgués pone fin a sus necesidades de tolerar el ejercicio público de las libertades. Menos aún cuando el capital entra en crisis.
La independencia nacional cuando no hay opresión imperialista
El superdesarrollo del capital y la prosperidad de la burguesía de unas naciones -las naciones "centrales" del capitalismo- llega a suponer, en la fase imperialista, el sometimiento de naciones enteras a costa del subdesarrollo. Se trata de un desequilibrio internacional en el desarrollo capitalista. Del mismo modo que la burguesía puede excluir y excluye a sus competidores nacionales, también puede hacer lo propio, y lo hace, con sus competidores internacionales.
Durante el siglo XX, las revoluciones democráticas se expresaron en las naciones subdesarrolladas del planeta en la forma de los procesos de independencia. Debido al subdesarrollo en estas últimas naciones, la burguesía de las mismas que impulsaban tales revoluciones estaban vinculadas con el trabajo y con un amplio proletariado rural y urbano, al que la burguesía imperialista sobreexplota en relación a la explotación del trabajo en las naciones centrales. La burguesía imperialista imponía el subdesarrollo en las naciones sobre las que extiende su dominio comercial a través de los diferentes regímenes administrativos y económicos que ha conocido el imperialismo, limitando la inversión local y evitando así el surgimiento de nuevos competidores en el mercado internacional.
Esta es una de las características de las naciones explotadas: la burguesía de las naciones desarrolladas impone el subdesarrollo limitando la inversión en capital de la burguesía local, inmadura y muy vinculada orgánicamente con el trabajo y el proletariado.
Esta no es, ni de lejos, la situación de Cataluña con respecto a España. El capital catalán ha sido una de las principales inversiones de la burguesía española a través del Estado. Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más desarrolladas de todo el territorio, y por esa misma razón los nacionalistas catalanes han estado amenazando con la secesión: la independencia institucional y jurídica de la Generalidad con respecto al Estado.
Pero unas instituciones y leyes independientes sólo podrían ofrecer derechos positivos, idénticos, diferentes o incluso más amplios, pero por seguro vacíos cada vez más de implicaciones y libertades reales para el proletariado que vive y/o trabaja en Cataluña, como ya está sucediendo.
Además de traducirse en la continuación de la regresión del sistema redistributivo de las rentas eliminando la posibilidad de que el proletariado del resto de España tenga acceso a las contribuciones de la burguesía madura y rica de Cataluña, la independencia responde también a la supresión de las limitaciones y regulaciones fiscales, jurídicas e institucionales en lo que se refiere a la ejecución de tratados comerciales internacionales, que en el caso de una improbable independencia efectiva serían llevados a cabo por el empresariado catalán con un estátus "nacional", al mismo nivel que las demás naciones europeas.
Todo esto al precio de llenar las calles de algunos de los sectores más reaccionarios de la sociedad española y catalana, enfrentados por cuestiones nacionales que ensombrecen la realidad social en uno y otro lugar, agitando las banderas identitarias y las emociones colectivas, y despertando la simpatía de todo el nacionalismo y la extrema derecha europea.
Las bases sociales del nacionalismo catalán, representadas por los demócratas, los republicanos y los radicales catalanistas (PDeCAT, ERC y CUP, respectivamente) o no lo desean bajo ningún concepto, o no están dispuestas a hacer nada efectivo por la salida de Cataluña con respecto a la Unión Europea, porque estas no dirigen su indignación contra las agresiones laborales y los recortes sociales que practican sistemáticamente sus gobiernos nacionales.
Nadie se engañe con la CUP y se ponga a divagar en vano sobre su trayectoria, ahora que la Unión Europea no ha reconocido finalmente la proclamada independencia de Cataluña. El seguidismo que lleva haciendo, durante todo el Procés, de la gran burguesía catalana y sus partidos, es suficiente para comprender cuáles son sus prioridades.
En el Parlament han prestado sus diputados a una causa para la que las condiciones de trabajo no son en absoluto un condicionante, y el día 1 del pasado mes de octubre participaron como fuerza de choque en la defensa de aquel y del Govern, cuando lo responsable hubiera sido no haber incitado siquiera a los catalanes a movilizarse por un referéndum y un proceso de secesión que muy previsiblemente iba a terminar con la durísima represión por parte del los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La potencial represión de un proyecto no debe eximir del hecho de tratar de llevarlo a cabo, excepto si este es una farsa que, en el mejor de los casos, no será de utilidad alguna para los explotados ni revertirá ni una sola de las penurias que sufre y podrá padecer en un futuro, si no se organizan.
La democracia de base no es municipalismo ni referéndums, sino que pasa por el ejercicio de la autogestión obrera de los centros de trabajo, y la autodeterminación nacional vendrá de la mano de la construcción de la sociedad socialista, algo que queda totalmente fuera de las intenciones de la CUP.
Defender un programa de este tipo pasaría por faltar al respeto a los nacionalistas, pero por ahora son ellos los que faltan al respeto.
