El republicanismo bolivariano que comenzó su andadura en 1992 trascendió lo que habrían sido, sin lugar a dudas, sus propios lastres insuperables de haberse aplicado a la realidad contemporánea el republicanismo bolivariano virgen de principios del siglo XIX, sin la actualización necesaria de la que le invistió el movimiento cívico-militar liderado por Hugo Chávez.
Sin estar exento, en ningún caso, del populismo característico de cualquiera de las alas varias del liberalismo en todo el mundo, este carácter distintivo y particular del republicanismo en el que se ha fundamentado el proceso bolivariano consistió, sin embargo, en el planteamiento abierto de la conquista de la soberanía por parte de las masas trabajadoras, y ello implicaba íntimamente a un proletariado potencialmente revolucionario, maltratado históricamente por los gobiernos precedentes, y que había estado excluido de la participación en la vida política del país hasta la formación del gobierno que lideró el comandante de dicho proceso.
El Movimiento V República inauguró, con la creación de la República Bolivariana de Venezuela, los primeros y más fundamentales pasos de la educación de los trabajadores y los campesinos pobres en muchos de los valores de la justicia social, a través de la universalización de un sistema de educación pública hasta entonces nunca conocido en el país, contribuyendo a su formación ideológica y política en los ideales socialistas.
Pero la última iniciativa llevada a cabo por un Presidente de la República que no ha estado a la altura de los acontecimientos, de convocar la Asamblea Nacional Constituyente en base al Artículo 347 de la Constitución, es una expresión bastante clara del alcance que ha de tener la revolución bolivariana según Nicolás Maduro: un intento de reforma constitucional sin cuestionamiento real y relevante del sistema productivo. En otras palabras: hablar del socialismo sin ponerlo en práctica, y confundir el sufragio con la soberanía.
El fallecido comandante del proceso bolivariano, Hugo Chávez Frías, convocó un referéndum para la reforma constitucional en 2007, con el objetivo de medir las fuerzas de las masas trabajadoras de la ciudad y del campo tras el golpe de Estado, patronal, financiero, internacional y mediático protagonizado por los sectores fascistas de la oposición venezolana, en el año 2002.
Esta última ofensiva reaccionaria no logró entonces romper el apoyo popular al Gobierno Bolivariano, pero sí infundir el terror frente al proceso revolucionario y socialista, tal y como quedó demostrado en el resultado de dicho referéndum.
Se había logrado que el Estado asumiera en gran medida la prestación de los servicios públicos básicos y la cobertura social necesaria de los sectores empobrecidos de la sociedad venezolana, pero hasta ahí llegó el cuestionamiento de la voluntad política de la burguesía: la redistribución de los servicios y del principal medio de consumo, la renta petrolera, entre las clases populares.
A diferencia de la iniciativa calculada de Chávez, Nicolás Maduro intenta recurrir a un proyecto de reforma política de las instituciones del Estado no con una intención calculadora, sino acrítica y voluntarista en lo que se refiere al proceso bolivariano, y además obvia, a diferencia de su predecesor, el proceso de transición hacia el socialismo en Venezuela.
Las fuerzas dirigentes no han logrado que el proceso bolivariano sobrepasase la condición, revolucionaria para el momento, de haber incorporado a la vida institucional del país y del Estado la voluntad política de los trabajadores y los campesinos, hasta entonces ignorada.
Las organizaciones obreras y campesinas que podrían haber sido pilares de una democracia de base en los centros de trabajo y en los barrios, fueron reorientadas y redirigidas en sus propósitos históricos de superación de los antagonismos con el capital, hacia la integración en la institucionalidad de su Estado, al estilo del sistema de la democracia popular, en lugar de haber permitido el progreso y extensión de la democracia obrera hacia formas que cuestionasen el poder organizado de los explotadores y avanzasen en la restricción e implosión de la democracia burguesa.
Esto último hubiera significado una oportunidad para la germinación de la verdadera democracia, la socialista y sin clases, y no esa ficción de democracia que se quiere imaginar en todas partes del mundo y que también se ha querido imaginar en Venezuela todos estos años.
La voluntad de la mayoría trabajadora siempre es fundamental, pero las fuerzas dirigentes del proceso en Venezuela obviaron que, en contexto, un desarrollo de las luchas de los trabajadores urbanos y rurales que pretenda avistar en el horizonte el socialismo, necesita del elemento revolucionario, no del soporte de un Estado cuyo carácter de clase nunca se ha llegado a combatir.
En lugar de avanzarse hacia la democracia socialista, se hicieron depender las iniciativas de propiedad socialista de la matriz del Estado, se permitieron ciertos partidos reaccionarios que deberían haberse ilegalizado, se admitió su actividad delincuente en la calle y en la Asamblea Nacional de Venezuela cuando dicha actividad debiera de haberse prohibido, y se liberaron a los dirigentes criminales de la oposición como Leopoldo López mientras intentaban integrarse, contra su naturaleza, dos modelos de libertades radicalmente enfrentadas.
De un lado, unas libertades demandadas por unas clases medias cortas de miras y desideologizadas en el sentido en que así es como se autoperciben. Su acceso es cada vez más restringido para cada vez más venezolanos que las abandonan, no por la actuación del Gobierno -una de sus garantías hasta el momento- sino por la crisis capitalista y la agudización de las contradicciones socioeconómicas.
De otro lado, las libertades que demandan crecientemente los asalariados y los campesinos pobres, a las que las fuerzas dirigentes no se atrevieron entonces a dar rienda suelta en su justa medida, renunciando a ese potencial revolucionario y sin comprender que, del mismo modo que la libertad de los explotadores significa la opresión de los explotados, la liberación de los explotados necesita de la opresión de los explotadores.
Las fuerzas dirigentes del proceso se han negado a profundizar en el terreno de la producción, sin dar pasos relevantes hacia la socialización, mientras intentan controlar el fin de las prestaciones y servicios públicos que demanda la crisis mundial de la economía y convocan "la Constituyente". Pero mientras nadie cuestione la contradicción entre el trabajo y el capital, este último agotará inevitablemente, antes o después, primero en un lugar y luego en otro, todas las posibilidades de la redistribución y de la representación de la que puedan valerse los proletarios. En Europa estamos comprobando ambas cosas.
Ahora, las masas trabajadoras cada vez se sienten más políticamente huérfanas con respecto a la dirección del proceso y, aunque en el país, continente y mundo en el que vivo, ese vertedero de basura llamado medios de comunicación y "prensa libre e independiente" cuyos locales sólo merecen arder en las llamas, esté imponiendo su censura al respecto, los fascistas (en absoluto los únicos integrantes pero sí la fuerza de choque de la oposición) queman viva a la gente en las calles después de acusarles espontáneamente de "ladrones", persiguen y degollan a las personas "sospechosas" de ser chavistas, y muestran sus cadáveres calcinados y linchados en público para sembrar el terror, como hacían en Chile los que prepararon el camino para la coronación de Augusto Pinochet y su régimen sangriento o, antes todavía, de los dictadores del período de entreguerras.
