Los progreliberales (la izquierda) tampoco salvarán las pensiones y servicios públicos de la clase trabajadora

Por Arash

La falacia que divulgan los tecnócratas no consiste en afirmar que haya cuestiones técnicas que abordar. Eso ya lo aceptamos, sin pretender dar lecciones en saberes ajenos ni mucho menos adoptar una postura de tintes criminales, los que asumimos que hay una naturaleza por conocer y también una existencia que debería ser merecida con la lucha, porque nada en esta vida es regalado ni se tiene sólo por nacer y ser humano, al menos por lo que respecta a la clase de los desheredados.

Su mentira consiste en hacer pasar por aquellas primeras cuestiones técnicas las que son económicas y políticas, como se ha estado haciendo desde la derecha, durante los últimos decenios, con la difusión de una propaganda malthusiana y sociodarwinista contra el Sistema Público de Pensiones, asegurándose que no tiene solución y que cada uno debe ahorrar por su cuenta lo que pueda en los planes privados y fondos de capitalización que promueven los bancos y las aseguradoras.

El liberalismo vergonzante de la izquierda no es exactamente ese sino el ecológico de apariencia más progresista, pero es igual de impertinente y contraproducente que aquel. Porque el liberalismo es lo que es, no las supuestas virtudes que creen ver en sus aspectos económico y político, que a menudo presentan por separado como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro.

No hace falta retroceder doscientos años hasta la revolución francesa para reivindicar y defender unas irrenunciables libertades políticas que quienes detentan el poder -no es ganar unas elecciones- miran con desconfianza, porque ya no necesitan ni les conviene que las ejerza el resto de la población, la clase trabajadora para ser más exactos. 

Elegir de entre lo que nos ofrecen los mariachis del Congreso cada vez tiene menos que ver con su ejercicio, y la democracia que llamaban "participativa" sólo era el populismo de unos preparados con título, como el de quien iza las velas de un galeón para ver hacia dónde soplan los vientos electorales que le llevan a su "asalto a los cielos" parlamentarios. 

En este caso, lo que por un lado ha estado siendo todos estos años una calculada afirmación más o menos explícita, según esta que hay demasiados jubilados como para poder sostener el Sistema Público de Pensiones y, por añadidura, el de la Seguridad Social en su conjunto, permea y se interioriza en la forma de una sutil insinuación genérica, que se expresa a veces en consideraciones como la de que en este planeta, al parecer, no cabemos todos, que hay que vivir con menos sin aclarar de qué y quiénes, o que hay que dejar espacio para los que vengan después. Y se quedan más anchos que largos.

Resulta, según ellos, que el problema ya no es el capitalismo y sus inevitables ciclos de expansión y contracción, que sacuden a sus víctimas con cada nueva vuelta de tuerca sumiéndolas en la escasez material, sino lo que denominan como "la carrera enloquecida hacia el crecimiento". 

Desde su planteamiento se trata de presentar el detenimiento de la evolución del PIB, que viene caracterizando la tendencia general de las principales economías del mundo desde la Crisis del Petróleo, así como la práctica parálisis de las tasas de natalidad a escala global, como si fueran algo deseable, la senda de un mejor porvenir para la humanidad.

Así tienden a considerar el declive de la sociedad burguesa ante la completa falta de una alternativa real, creíble y plausible, tan necesaria en este período como ausente de cualquier proyecto, en la que el capital cada vez es menos capaz de garantizar siquiera un sustento que no sea aquel que permita simplemente sobrevivir, dejar alguna descendencia y poca cosa más. Lo básico o mínimo necesario para intentar mantener a flote la tasa de ganancia.

Aunque el pensamiento débil lo esconda tras la ilusión de un cambio, uno enseguida se percata de la ausencia de esa alternativa, si quiere, a nada que escarbe en esa parida de la socialdemocracia de reclamar derechos sólo por ser humano. Evitan y tratan de neutralizar la lucha de clases evocando el derecho natural.

Su universalismo no es mucho más que una fina capa de moralina republicana que encubre en lo que llevamos de milenio el enorme escepticismo social y político del último tercio del siglo veinte, algo lógico y comprensible porque es cuando se terminó la "bonanza" de la posguerra europea y comenzó la época de vacas flacas, y su poca credibilidad ya no resiste más la enorme frustración psicológica de la que se sirve un prefascismo peligroso aunque terriblemente más inteligente que quienes dicen enfrentarlo, que se extiende ante la falta de la organización de clase que necesitamos.

La ideología que alimenta esa frágil ficción y la desidia que la acompaña es la de un supuesto equilibrio de la naturaleza en el que se cuestiona, en medida variable y más o menos directa, la propia presencia de nuestra especie, y que trata de aparentar una incierta base científica con la que se pretende confundir.

El éxito de la clase dominante en imponerla queda manifiesto con la imaginación de esa hipotética prestación que recibirían, supuéstamente, todos los habitantes del mundo mundial "solamente por el hecho de existir", relativamente extendida entre sus electores. Así de fácil dan por hecho lo dado.

De esta forma, cobrar una baja por accidente laboral o doméstico, la jubilación después de haber atravesado la etapa activa de la vida, o el paro cuando la cosa se pone fea en el capitalismo, se convierte ni más ni menos, dicen, en un sistema "burocrático y paternalista y que no funciona". Para qué defenderlo, pues.

Mejor que desaparezcan las prestaciones y los "dispositivos condicionales", darles cuatrocientos euros en su lugar a cada trabajador y que se busquen la vida, que los pobres ya saben lo que hacer con el dinero y no se lo van a gastar en chupitos y en un par de porros. Como si el importe de esos subsidios y "ayudas" que promueven llegara para mucho más.

Es cierto que esas nuevas prestaciones no son ni serán tal y como las siguen creyendo y vendiéndonoslas desde antes de haber empezado a implementarlas, y desde el principio había algo de estúpido, y también mucho de interesado, en soñar con una prestación inexistente en lugar de defender las que sí existen de verdad, y hay algunas de las que quieren que hablemos lo menos posible estos expertos en marketing electoral. La pregunta no es por quiénes se sacaron de la manga aquella con la que hacen fantasear a sus forofos sino por cuánto.

En lo que sí son consecuentes a la hora de aplicarla, la llamen como la llamen, es en financiarla a partir de los recortes o ahorro en pensiones y otras prestaciones monetarias, y quien sabe si también continuando los que ya ha padecido el Sistema Nacional de Salud u otros elementos del denominado "Estado del bienestar", con el fin de evitar redundancias en el gasto de la misma.

La trampa es que su prestación imaginada y prometida es la leche, pero aún así el personal se echará las manos a la cabeza a posteriori y atropellará al político que pille por delante cuando se de cuenta de que le han dejado sin su jubilación o su prestación por desempleo, quizás repitiendo aquella tontuna reaccionaria del 15-M de que todos son iguales pero ya en versión Vox, en vez de haberse preocupado de conocer qué opción estaba aceptando.

Desde su profundo individualismo tampoco ven unas determinadas relaciones de producción sino a personas aisladas, y por eso no se les puede pedir que entiendan qué es la alienación, que reducen a sus consecuencias psicológicas, por cierto nada desdeñables, y encima lo hacen de una manera bastante mediocre. Por esa razón la solidaridad les parece conservadora, lo que pasa es que no la denominan como tal cuando la denuncian en sus canales y medios de comunicación no vaya a ser que algún votante menos despistado se percate, mientas la confunden con la caridad -laica, eso sí- por la que la reemplazan desde las instituciones del gobierno.

Incluso se presentan como los garantes de la solidaridad vecinal en los barrios obreros mientras nos hacen tragar con el Pacto de Toledo, desrresponsabilizando al Estado en garantizar la prestación de todos los servicios de la Seguridad Social, sin distinción, y pasándoles el marrón de la protección social a las golpeadas familias que residen en ellos, empobrecidas por una crisis que viene de antes y la pandemia de la covid-19 ha agravado enormemente.

El régimen contributivo es el que más les incomoda de los dos. Sus intereses electorales, que son los de buscar la respetabilidad y la aceptación de los poderes fácticos a los que obedecen en su sistema de representación, les impide reconocer de manera abierta que es justamente este el que engloba la parte más cuantiosa de la cobertura estatal.

Si los jubilados y los pensionistas se saltaron el cordón del Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2018 para exigir el fin de ese pacto nefasto, suscrito por las patronales, los "sindicatos" mayoritarios y todos los partidos parlamentarios hace veinticinco años, los progreliberales comenzaron una negociación con el resto de su comisión de "seguimiento y evaluación" que previsiblemente se prolongará hasta el infinito, si no son aquellos mismos los que mantienen el liderazgo de la protesta, preferiblemente junto con el resto de una clase trabajadora que está preocupantemente narcotizada.

Si los jubilados y los pensionistas exigían terminar con la separación de fuentes y restablecer la caja única, los progreliberales ignoran y consiguen que sus forofos se olviden de la propia caja de la Seguridad Social y de las cotizaciones que la financian, como pretendía en un artículo en El Salto, del pasado 16 de agosto, el licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia Yago Álvarez Barba, para quien la economía tampoco es una cuestión política. Así se terminan justificando las recetas de austeridad que administran, pero pareciendo que no lo hacen o que no hay otra opción. 

Con ello consiguen que se imponga la separación de fuentes del Pacto de Toledo, que asfixia el régimen contributivo, y tiende a hacer depender la financiación de las pensiones y toda la Seguridad Social única y exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado, como ya hicieron con la sanidad o los servicios sociales en los años noventa, ligando diréctamente el sostenimiento de las pensiones, prestaciones monetarias y servicios públicos en general a los objetivos del déficit establecidos en la Unión Europea, que son los que persiguen todos los gobiernos nacionales de los Estados miembros.

En lugar de defender el régimen no contributivo como una forma de intentar asegurar el acceso del máximo número de excluidos y de trabajadores temporales a la cobertura del sistema de protección, mientras se intenta que el máximo número de ellos acceda a un empleo, se estabilizan los contratos de quienes lo tienen intermitentemente, y en definitiva se cuestiona la relación salarial para tratar de incrementar la esfera del régimen contributivo, lo que hacen los progreliberales es utilizarlo para sustituir y reemplazar este último porque aquel es más barato

Miran hacia otro lado con la contratación temporal que introdujeron y facilitaron en la legislación laboral junto con la derecha, que vuelve la empleabilidad de la fuerza de trabajo más "flexible" para el empresariado que la explota. Así que el posible y necesario reparto del empleo que a veces mencionan adquiere la misma forma que la que efectivamente han ejecutado todos los gobiernos con sus contrarreformas del mercado laboral, que sólo lo "reparten" hasta que vuelve a ser rentabilizado, empeorando su calidad y dejándose fuera a todos los demás.

Las aportaciones de los trabajadores al conjunto de la riqueza dejan de ser un criterio recaudatorio y la base de cálculo principal de la prestación pública, y el inquilino de turno de la Moncloa pasa a tener la última palabra del cómo, el cuánto y el por qué se cobra, convirtiéndose los derechos sociales en simples derechos positivos, sujetos a la voluntad de los legisladores de hacerlos cumplir o de suprimirlos. Luego hablan de paternalismo.

Después de todo ello, para eliminar o recortar la prestación de un servicio público desde el gobierno les basta con una mala explicación en televisión porque ya acabaron con el obstáculo jurídico, y si la clase trabajadora protestase, como hicieron en repetidas ocasiones sus combativos sindicatos en Grecia durante la legislatura del indecente de Alexis Tsipras, supondría una gestión menos problemática que la de llevarle la contraria a esa "Troika" que supuéstamente iban a enfrentar cuando ganaran las elecciones y ya no mencionan por motivos obvios.

Así van transformando el Sistema de la Seguridad Social en una nueva forma de asistencia de la pobreza, a la que denominan como "social" en su nefasta intención de rodear la administración del capitalismo, sus privatizaciones y los recortes de gasto público en un aura triunfalista y de patético utopismo de cortos vuelos completamente ajeno a la realidad concreta y cotidiana de los explotados y excluidos, generando las expectativas incumplidas que se convierten en la desesperación electoral pujante de los nuevos dictadorzuelos que ya andan por ahí en las tribunas presidenciales.

Es impostergable entender que, si a la pretensión de defender la prestación pública de servicios, no le sumamos, priorizándola, la de defender el empleo, como el todo único que constituye, lo único que nos va a quedar de aquella son esas trampas asistenciales y subsidios a la pobreza cada vez más raquíticos y exiguos que se están implementando. 

Del empleo de mierda que decían, viene la prestación de mierda que defienden frente a las conquistas históricas que aún no le han sido arrebatadas a toda la clase trabajadora, por mucho que haya quienes su afinidad por los diarios digitales que siguen les haga ignorarlo y no ver más allá de sus propias narices, de su círculo de conocidos más cercano en el mejor de los casos. 

Los jubilados y los pensionistas de mayor edad tienen que saberlo porque tienen una experiencia vital lo suficientemente longeva como para poder contrastar de primera mano la involución que hemos padecido al respecto, lo que no obsta para que los demás también se preocupen de entenderlo, que para eso tienen ojos para leer y sobre todo una cabeza para pensar y hacerse preguntas.

No me estoy aventurando a reprochar ahora la falta de una perspectiva y conciencia históricas, que al fin y al cabo son las de la ciencia y por cierto urgen cada vez más, sino de una que abarque los últimos cuarenta años. En este artículo del pasado 21 de abril, elaborado en el Espacio de Encuentro Comunista, se hace un repaso de las contrarreformas laborales, de pensiones y de coberturas al desempleo llevadas a cabo por los distintos gobiernos en ese período, entre otras cuestiones de interés que han sido actualizadas en publicaciones posteriores. Es responsabilidad del lector, si lo hay, entender la relación que mantienen el mercado laboral y el sistema estatal de protección, así como las sucesivas contrarreformas de uno y otro.

Si la producción capitalista ya genera una importante desigualdad económica, cuando esa producción empieza a funcionar mal, como un motor que se está gripando, y se paraliza cada vez con más frecuencia sin haber terminado de arrancar del todo tras el último episodio de recesión, esa desigualdad se dispara, porque comienza la fase de arramplar con todo lo que se pueda, quien pueda: cada uno que se pague su pensión, cada uno que se pague su sanidad... para que cada capitalista saque la máxima rentabilidad de ella. Cuando la tarta deja de engordar, cunden el pánico y las prisas entre los que mandan de verdad por repartírsela entre ellos, y los representantes institucionales y embaucadores profesionales sólo son sus mariachis. 

Por eso están implementando prestaciones estatales baratas de las que fanfarronean mientras se eliminan con su silencio las que son más caras y meten al "tercer sector" en la gestión de las nuevas, y se recortan los servicios públicos que tanto vitorean sin que reviertan los privatizados hasta la fecha, desvinculándolos del empleo y por tanto de una lucha que hace mucho abandonaron las izquierdas y reemplazándola por el paternalismo gubernamental. 

Entonces, para comenzar siquiera a enfrentar con eficacia esos recortes y las privatizaciones que antes o después les sucederán hay que defender el empleo, y los progreliberales tienen otra agenda complétamente diferente. 

Hacia el asistencialismo: el fin del concepto social y solidario de la prestación

Las piruetas a las que recurre el personal para eludir cuál
es el origen de las conquistas sociales son de categoría:
que si el valor del "esfuerzo" en una
sociedad "meritocrática", la aporofobia, el mantra
del 99% (o el 80) y el credo del universalismo igualitario.
Cualquier cosa menos admitir la lucha de clases

Por Arash

"¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; [...] Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. [...] Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste."

(Fragmento de los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844 sobre el trabajo enajenado, Marx)



La realidad y en ocasiones la crudeza de un capitalismo en crisis hace tiempo que ayuda a ponerle a más de uno con los pies en la tierra. Pero la clase dominante, que es la propietaria, aún sigue marcando la agenda política de amplios sectores de la población, a través de sus medios de comunicación y sus aparatos ideológicos.

Lo hemos visto con la relativa popularidad que han tenido los señuelos que durante los últimos diez años han sido lanzados tanto en la prensa escrita y digital, como en las televisiones y las redes sociales, frente a las iniciativas e itinerarios que nacen de la autoorganización de clase de los trabajadores, que son mucho más débiles y desconocidas.

Se podrían poner más ejemplos pero sólo en 2018 acontecieron dos episodios cuyo tratamiento mediático fue diametralmente opuesto, como sucede siempre que la clase social protagonista en uno de ellos está enfrentada en sus intereses materiales a la protagonista del otro.

De un lado, la protesta de los jubilados y pensionistas, desafiando esa agenda política y tratando de hacer del fin del Pacto de Toledo el centro de un debate público que injústamente no ha tenido lugar, en gran medida porque sólo se han preocupado de este los más conscientes de su importancia y que fueron educados en una cultura de lucha.

Ellos nunca merecieron la indiferencia e inadvertencia por la que pasaron sus reivindicaciones propias y originales, ante el desinterés de quienes también están afectados por las mismas -la mayoría de los futuros pensionistas- y seguramente estribe en esta falta de apoyo la razón del esquinazo que les dedican quienes insinúan que son los representantes parlamentarios de sus intereses.

De otro lado, la huelga feminista, que no era una huelga de clase y solidaria en la que se repartieran las tareas domésticas y se cuestionara el beneficio privado, sino una huelga de género, en la que la trabajadora explotada y sobreexplotada de la industria alimentaria o de la hostelería, de la PYME y de la ETT debía ir de la mano con la empresaria explotadora porque todas son mujeres, y los hombres trabajadores, trabajar.

Esta perspectiva desde la que fue convocada explica una intensa publicidad y cobertura mediáticas que recuerdan a la generosa retransmisión en streaming de la acampada quincemayista, a la que recuerdo haber visto hasta en los espacios meteorológicos de cierto telediario. Aclaro que dicha huelga en España fue la iniciativa de una comisión creada para tal efecto por una serie de figuras prominentes del feminismo del país, por mucho que los sindicatos la legalizaran ante las autoridades convocando a los trabajadores de ambos sexos, aunque sin cuestionarse la naturaleza del evento.

El caso es que mientras el capital ha estado imponiendo su propio "relato" de los hechos, uno de los desafíos que han aparecido junto con el empeoramiento de las condiciones laborales y de contratación de cierta parte de la clase trabajadora, algo que viene desde mucho antes de que la crisis financiera le hicieran a las clases medias saltar a la palestra, ha sido el de cómo ejercer la acción colectiva en los centros de trabajo ante la enorme falta de garantías jurídicas en que se ha traducido la descausalización del contrato, el incremento de la temporalidad y de la precariedad en general.

No voy a centrarme en ese desafío aunque sí mencionar que está relacionado de manera especialmente directa con la capacidad que tienen los trabajadores temporales de acceder a la Seguridad Social. Pero lejos de contribuir a un realce de la lucha obrera que, en una escala mayor permitiera recuperar las condiciones contractuales y laborales que, a su vez, garantizan el acceso íntegro a una pensión digna o a una prestación por desempleo llevadera, los minireformistas que aceptan las "reformas" laborales de Rajoy y de Zapatero, una de las cuales dijeron en dos ocasiones que iban a derogar y también han acabado aceptando junto con la otra, aspiran a convertir la Seguridad Social en otra cosa bien distinta, se le llame beneficencia, caridad o asistencialismo.

No es casualidad que, a lo largo del último medio siglo, el capital y sus gobiernos desplegasen su ofensiva en ambos frentes, tanto en el empleo y los contratos como en la seguridad social y las coberturas al desempleo y la vejez, y el actual gobierno "de progreso" no ha venido precísamente para revertirla.

La temporalidad contractual no justifica que ningún trabajador, tenga esas u otras condiciones, mire para otro lado sino más bien lo contrario, que comprenda y responda ante una de las agresiones antisociales más graves de los últimos cincuenta años, que es la citada transformación y defenestración de dicho sistema solidario y su conversión en una simple forma de asistencia de la pobreza, que se ha estado incrementando en los últimos tiempos.

Aunque hay quienes, ante aquellas situaciones de inseguridad en la empresa han encontrado ejemplar y excepcionalmente la manera de moverse incluso en la forma de la huelga, paralizando la actividad productiva, en ciertos casos no se ve la explotación que hay más allá de la opresión, algo que siempre dificulta el pasar a la acción en un sentido favorable.

A la primera, la explotación, se la denuncia con frecuencia casi únicamente desde un punto de vista moral, mientras que la segunda, la opresión, hace que aquella sea percibida poco más que como una realidad asfixiante o desagradable y, por tanto, indeseable. En sus Manuscritos Económicos y Filosóficos, Marx habló del obrero que en su tiempo libre se desahogaba y distraía de la lucha recreándose en cuestiones que desde el punto de vista político son banales, y en cierta medida también se puede hablar del activismo contemporáneo en un sentido parecido, como una forma disuasoria de la militancia con que algunos la confunden, hasta de entretenimiento y evasión, o incluso en algunos casos de autopromoción personal: en cualquier caso, alejada del valor práctico de la acción.

La aceptación de este reduccionismo provoca cierta inclinación a asumir la creencia en una "huida" del trabajo, no tanto lucha por la emancipación, que está en la base de los planteamientos asistencialistas, y que adquiere diversas expresiones ideológicas algunas de las cuales pueden aparentar no guardar relación entre sí. Ejemplos de aquellas expresiones son los huertos urbanos, las comunas hippies (nunca las de la revolución soviética o la de Paris), cierta pseudoteoría de la explotación o incluso el aislamiento de la civilización para "luchar" contra el capitalismo desde las lejanías.

Pero incluso si la creencia en esa "huida" del trabajo llega a alcanzar la apariencia de un "obrerismo", esta no deja de ser más que una reedición de cierto radicalismo del hijo del burgués de los setenta, y bajo esa forma se encubre ahora el desmontaje del sistema de protección y coberturas sociales de los trabajadores.

Sea como sea, lo que más debería llamar la atención no es la alienación de quienes no tenemos más opción que vendernos a cambio de un salario para tener ingresos propios, sino que haya ciertas referencias de la "progresía" que, desde sus despachos y su titulación universitaria, intenten apelar a la clase explotada de esta manera reduccionista, recordándole que su trabajo, el de aquellos a los que apelan, es una "mierda", dicen literalmente.

La flexibilización del mercado laboral ha conseguido que cada vez más trabajadores conozcan lo que es un trabajo de estas pésimas condiciones en tanto creador de valores económicos (carácter dual o bifacético del trabajo) pero aquellos académicos continúan cierta tradición de moda en los últimos tiempos que consiste en atribuir valores morales sobre el carácter útil del trabajo, y su moralina republicana rivaliza con la Iglesia católica, temerosa de que otros le fastidien el chiringuito que tiene montado. Lo tendrán difícil porque aquella goza de una larga experiencia y les lleva un milenio de ventaja pero siempre podrán hacerse un hueco en el negocio de la caridad.



1. El principio de solidaridad en la Seguridad Social y la mentira de los "derechos humanos"

Sin perjuicio de que pueda y deba ser un servicio público garantizado por el Estado, como de hecho lo fue íntegramente durante parte del siglo que nos precede, la fuente de financiación propia o característica del Sistema de la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, que dependen de tres variables: el trabajo, el salario, y cuál sea la parte considerada en la relación laboral de explotación.

1. La cantidad o tiempo de trabajo. Si en un período de tiempo el trabajo es mayor, también lo es la cotización, y viceversa. La cuantía de la cotización varía en razón directa a la cantidad o tiempo de trabajo. A este respecto no es igual una jornada a tiempo completo que una a tiempo parcial. Ni tampoco es lo mismo un contrato indefinido y uno temporal, siendo la progresiva facilitación de la temporalidad contractual en la legislación laboral una manera de abaratar el despido, adaptando la empleabilidad de la fuerza de trabajo a las necesidades de la acumulación capitalista.
    
2. La magnitud del salario directo (el salario base más los complementos salariales). En una misma cantidad o tiempo de trabajo, si el salario es mayor (bien porque sea mayor la remuneración por unidad de tiempo y/o porque lo sea la suma de los complementos) entonces también lo es la cotización, y viceversa. La cuantía de la cotización también varía en razón directa a la magnitud del salario directo. No es lo mismo cobrar 1200 €/mes, que 800 €/mes, ni trabajar a 10 €/h que hacerlo a 6 €/h, pues el salario nominal es la base imponible sobre la que se calculan las cotizaciones.
    
3. Cuál sea la parte considerada en la relación laboral. Los trabajadores asalariados y los empresarios empleadores aportan porcentajes diferentes del salario nominal (base imponible) para cada uno de los conceptos de la cotización. Conviene no confundir el origen inmediato de la cotización, que depende de cuál sea la parte considerada en esa relación (el salario en el caso de los trabajadores, el beneficio en el caso de los empresarios) con la base imponible sobre la que se calcula la cotización (el salario de cada nómina, en ambos casos), que remunera la fuente u origen primero de la cotización, o sea el trabajo. Por contingencias comunes, por ejemplo, los trabajadores aportan de su salario un 4,7 % del salario nominal, mientras que los empresarios aportan de su beneficio un porcentaje mayor de ese salario nominal, un 23,6 %, que en ese y otros conceptos se revela como una cantidad a todas luces exigua a nada que se la compare con la diferencia entre el salario y el beneficio. 

Antes del Pacto de Toledo, la financiación de la Seguridad Social mediante las cotizaciones sociales pasaba también a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que acumulan lo que se recauda mediante los impuestos estatales. Dentro de estos servicios, financiados a partir de esa caja única, estaban incluidas no sólo las coberturas dinerarias a la jubilación, la incapacidad o el desempleo, sino también los servicios médicos (Sistema Nacional de Salud, la sanidad pública), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, que antes de que empezara su privatización tenía más funciones que la gestión de las prestaciones monetarias por desempleo, cada vez menos contributivas y más sustituidas por subsidios y "ayudas" de cuantía irrisoria) y los Servicios Sociales.

Dicho de otro modo, el Estado, que ha solido proporcionar servicios de diferente índole -de transporte o comunicación telefónica, entre otros- garantizaba todos los servicios de la seguridad social de los trabajadores, de manera que se reservaba una partida de los PGE para complementar a las cotizaciones, por lo que estos servicios en la forma de las prestaciones médicas, monetarias y sociales de cualquier otra especie, estaban vinculados al trabajo y, simultáneamente, estaban garantizados de manera íntegra por el Estado.

De aquella manera, la defensa del empleo estaba unida a la de todas estas coberturas sociales y la responsabilidad estatal en asegurar su prestación y ello garantizaba el acceso a una cobertura digna. En esa relación entre el empleo y las prestaciones se basa el principio fundamental de la Seguridad Social.

El trabajo es la actividad creadora de la riqueza en cualquiera de sus formas, lo que incumbe y afecta a todos los sectores, y en particular a aquellos que nos ocupan: la sanidad, las pensiones y coberturas dinerarias y los servicios sociales. Por eso el trabajo es la actividad en la que se fundamenta la sociedad, cualquier tipo de sociedad más allá de su forma histórica concreta de organización.

Así mismo, si exceptuamos lo relativo a la clase que en el capitalismo organiza el trabajo y vive de su explotación, no hay nada de incorrecto en que alguien produzca el bien o servicio que usufructa otra persona, ni viceversa, en que usufructe el que produce otra distinta. El trabajo solidariza a los trabajadores y define la naturaleza social del ser humano: el problema no es la especialización en sí, sino la manera en que esta se traduce en una determinada organización social.

Esto último es especialmente importante ante las coyunturas económicas y circunstancias materiales más o menos adversas que habitualmente se le fuerza a atravesar a la clase trabajadora en una organización social y productiva concreta que es el capitalismo, como la del desempleo estructural.

De esta manera, el usufructo de la riqueza no sólo por los actualmente asalariados, sino también por los otros desposeídos del capital y demás medios de producción que, por diferentes motivos, no están empleando su fuerza laboral en el mercado, es una cuestión de solidaridad. Sin el trabajo y las correspondientes aportaciones de la parte ocupada de la clase trabajadora, la parte desocupada de la misma (ancianos, niños, discapacitados, enfermos, todo tipo de pensionistas, parados y excluidos) no podría aspirar a ninguna prestación, cualquiera que sea la forma que adopte.

El elevado grado de protección y el amplio sistema de coberturas y prestaciones sociales que un día conocimos, y en la medida en que todavía existe, se debe al principio de solidaridad, que fue asumido en la regulación de los sistemas contemporáneos de la Seguridad Social mediante la lucha de clases. De hecho, el trabajo es la actividad creadora de la riqueza, y la militancia obrera es la que explica que ciertas formas de esa riqueza fueran reconvertidas en parte de aquel sector público de servicios.

Esa vieja militancia plasmó parte de este hecho también de derecho, de manera que las prestaciones monetarias (jubilación, desempleo, viudedad, incapacidad, etc), las prestaciones médicas y prestaciones sociales de otro tipo aparecieron todas ellas vinculadas al trabajo. Se trata de los derechos sociales, cuya iniciativa proviene del combate de la clase trabajadora para que el Estado los garantizara contra su voluntad.

Así, los primeros seguros por vejez o invalidez en España no provienen de ninguno de los gobiernos decimonónicos y novecentistas sino de las organizaciones de la CNT y la UGT de la época. De igual modo, y junto con las anteriores conquistas sociales, las libertades de reunión, asociación, manifestación y huelga tampoco se las debemos a los liberales, ni al franquismo asesino sino al movimiento obrero clandestino, como el de las CCOO unitarias creadas en los sesenta, o el de las primeras sociedades obreras europeas en los inicios del capitalismo.

Sin embargo, esta otra parte de la ecuación de los logrados servicios públicos de la seguridad social no fue reconocida en la legislación de los países capitalistas. Así, lo que en ellos nunca llegó a plasmar es que fueron el resultado del movimiento obrero de dos siglos enteros y varias generaciones.

Inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, las conquistas sociales de la clase trabajadora se asumen generalmente como si fueran cualidades inmanentes del ser humano o meras atribuciones y reconocimientos por parte de las organizaciones supraestatales y los gobiernos, es decir, como si fueran derechos naturales o simples derechos positivos potestativos.

Bajo estas mismas banderas engañosas del universalismo y el humanismo se presenta el desmantelamiento de las prestaciones de tipo social y solidario y la implantación de la alternativa que ofrecen, que es la de los raquíticos subsidios y prestaciones de tipo asistencial, que están remplazando y absorbiendo aquellas.

Los orígenes del asistencialismo se remontan mucho antes de que aparecieran estos sistemas contemporáneos de la seguridad social, en particular a la teorización que el ideólogo prusiano Lorenz von Stein hizo en su día del Estado Social, diseñado originalmente para contener la conflictividad y la lucha de clases en la Alemania bismarckiana y aplicado con posterioridad ante el temor de que pudieran replicarse en Europa experiencias revolucionarias como la Comuna de Paris.

Las prestaciones asistenciales no se aplican sobre el principio de solidaridad sino que constituyen una forma de caridad, porque su desvinculación del trabajo convierten lo que eran derechos obtenidos con la lucha obrera, que han permitido tener una jubilación digna o un desempleo llevadero, en "ayudas" exiguas que están condicionadas a la voluntad que tenga el gobierno de cada legislatura.

Toda alusión a las conquistas sociales como si fueran derechos humanos o ciudadanos, como hacen quienes promueven el asistencialismo, esconde que son parte de un proceso histórico de luchas y confrontacion entre clases, en el que la trabajadora contiende por emplear y desarrollar sus fuerzas productivas, impugnando la lógica del capitalismo, que las desemplea y obstruye. Referenciarlas así es una manera de obviar esta contradicción entre el capital y el trabajo, y pretende apartar de la conciencia de los trabajadores la posibilidad de organizarse como clase, que es la única opción de la que pueden nacer y mantenerse los derechos sociales y no el seguidismo a ningún gobierno, sea del color que sea.

La protección al desempleo y la jubilación, entre otras, recibió una sentencia de muerte hace 25 años con el Pacto de Toledo, que era un compromiso para liberalizar el sector público de la Seguridad Social, mediante el que se buscaba desvincular del trabajo la prestación de sus servicios en el país, reemplazando las prestaciones de tipo social y solidario por las de tipo asistencial, y desresponsabilizar al Estado en la prestación de los mismos, generando artificialmente insuficiencias en el sector público y preparando así su rentabilización por el capital.

La táctica seguida desde entonces por los sucesivos gobiernos, desde que se acordó la separación de fuentes, es la de una segregación paulatina de la Seguridad Social, tanto a nivel interno, entre diferentes aspectos de la misma, como entre esta en su totalidad y el Estado.


2. La prestación como concepto y como idea

Siendo esta la manera en que estas conquistas sociales fueron recogidas en la legislación, hay que tener en cuenta que en el Estado de derecho, los gobiernos tienen que adecuarse a una serie de reglas con el fin de mantener su legitimidad democrática. Esto explica que el desmantelamiento de los sistemas públicos de pensiones y de la seguridad social en general, incluidas coberturas y protección al desempleo, hayan estado transcurriendo en países como España de manera progresiva, por etapas.

Ninguno de los gobiernos que los han estado atacando durante los últimos cincuenta años, tanto del PP como del PSOE, podría haber suprimido ipso facto las pensiones o las prestaciones por desempleo, pues no vivimos en sistemas políticos complétamente arbitrarios ni en nada que se le parezca.

Por eso la desvinculación entre el trabajo y la prestación vulnerabiliza el sostenimiento del sistema público de pensiones, las coberturas monetarias de la situación del desempleo y otros servicios públicos, ya que la prestación deja de ser considerada como un derecho objetivo, asociado al trabajo, y pasa a ser considerada una potestad subjetiva del legislador, un simple derecho positivo que se mantiene y se implementa tan pronto como puede ser eliminado de un plumazo por el gobierno de turno, tal y como ya ha sucedido en otras partes.

En este sentido, el Pacto de Toledo externalizó fuera de la Seguridad Social la sanidad pública y los servicios sociales, y expresaba un compromiso idéntico en lo que respecta a las prestaciones monetarias del régimen no contributivo, debiendo todos estos servicios pasar a estar financiados, según sus firmantes, únicamente mediante impuestos. Con la separación de fuentes, se empezaba a aislar del Estado la Seguridad Social, y se ponía en el punto de mira el principio de solidaridad.

La manera de desvincular del trabajo las prestaciones monetarias consiste en traspasarlas desde el concepto social y solidario hacia el concepto asistencial, implementándose unas prestaciones en detrimento de otras que se recortan y cuyo acceso se restringe, y eso es justo lo que está ocurriendo en España y otros países occidentales.

Como bien es sabido, la "generosidad" -la cuantía, dicho sin ironía- de las prestaciones de un tipo es bastante más limitada que la de las otras, y resulta que la promoción de aquellas primeras va acompañada de la defenestración de estas últimas, con lo que se libera al Estado de sus viejos compromisos, arrancados con la lucha del pasado.

Así, antes de la aparición de la pandemia, el presupuesto que el PSOE cifraba en su programa electoral de 2016 para financiar lo que ya entonces era su propuesta de implementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que Podemos acordó con este partido en enero de este mismo año 2020, era de 6.450.370.086 €. Lo curioso, para quienes les interese todo esto, es de dónde enseñaban entonces que van a coger ese dinero.

Llamativamente, en el momento en que José Luís Escrivá (actual ministro de la Seguridad Social por el PSOE) aún era el presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), esta última organización, asesora de los sucesivos gobiernos desde que fue creada por Mariano Rajoy, publicó el pasado año 2019 un informe en el que se sugería que, para "aliviar" parte del gasto en las prestaciones por desempleo, se separasen de manera "permanente" las prestaciones no contributivas y se sacaran fuera de la Seguridad Social, ahorrándose así parte del gasto en prestaciones financiadas con cotizaciones sociales.

Hay que tenerlos enormes, como los tiene el ministro Escrivá, para enfrentar entre sí distintas necesidades actuales de la clase trabajadora (desempleo y jubilación, desempleo y viudedad, regímenes contributivo y no contributivo, etc) en los extremos de una misma balanza de gastos, pero el caso es que el ahorro que calculaba la AIReF en su informe para las cuentas de la SS si se realizase totalmente dicha operación, era de 6.400.000.000 €, número redondo que prácticamente coincide con la cantidad con la que entonces se esperaba financiar el IMV. Es raro, raro, raro.

La irrupción del coronavirus aceleró la crisis económica y obligó a inflar su presupuesto, aunque mucho menos de lo que han estado creciendo la pobreza y las necesidades sociales insatisfechas, tanto antes como después de la pandemia y, desde luego, menos que el volumen de la deuda que, una vez más, adivinen a quiénes pretenderán hacer pagar. Pero ahí queda la semejanza entre las cifras, para quienes deseen explorar más allá de lo aparente.

La derecha que junto con los fascistas lleva durante meses haciéndole la guerra al gobierno, y que ahora sale envalentonada a la calle, siempre ha sido más directa en sus intenciones económicas, mientras que la izquierda progre y limosnera ha solido preferir andarse por las ramas y hacer las cuentas de la lechera, para que parezca que le da a la clase trabajadora con una mano tanto o incluso más de lo que le quita con la otra.

En realidad, con mayor o menor sensibilidad por los afectados por sus políticas y planteamientos, tanto unos gobiernos como otros se dedican a gestionar el capitalismo y sus crisis periódicas y recurrentes, porque al final los recortes en el gasto social y las privatizaciones de propiedades y servicios públicos forman parte de la lógica de la acumulación del capital por mucha economía mixta que te vendan y, aunque no son sólo ellos ni lo hacen de la misma manera, los progreizquierdistas también la siguen con la precisión de un reloj. Esto significa que, aunque tengan más tacto, lentitud o suavidad al hacerlo, al final la clase trabajadora termina cargando igualmente con las consecuencias económicas de la salida de cada ciclo de la crisis capitalista.

Por eso el presupuesto del IMV fue calculado a partir del ahorro de las prestaciones financiadas vía cotizaciones, dando una de cal mayor que la de arena: los progres podrán administrar y dosificar ellos mismos los recortes de las mismas, o echárselo en cara a las derechas desde la oposición pero ellos también las vulnerabilizaron al convertirlas en derechos subjetivos, como hicieron los liberales "progresistas" en ciertas ciudades canadienses antes de que dichas prestaciones fueran eliminadas. Las izquierdas llevan actuando así desde mucho antes, mientras se ha estado incrementado el número de trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza o que están en riesgo inminente de padecerla, algunos incluso teniendo un empleo.

De este modo, excepto por el hecho de que no es ni universal ni incondicional, el IMV es un tipo de Renta Básica, al igual que otros ejemplos que se han aplicado en Europa o América del Norte, ya que se trata de una prestación asistencial, financiada mediante impuestos, se la plantea como una medida paliativa de la pobreza, y está enfrentada, como vemos, al concepto social y solidario de la prestación.

A partir de aquí, la dialéctica que mantienen concepto e idea de la prestación merecería un análisis detallado, pero ya se pueden adelantar algunas apreciaciones, que tienen que ver con la responsabilidad que el electorado atribuye a los dirigentes políticos, algo que no les pasa desapercibido a estos últimos.

Significativamente, desde Podemos (uno de los partidos del gobierno) se refieren a la prestación que han pactado en la actual coalición como el IMV "puente". Saben que de la credibilidad en poder satisfacer, aunque sea mediocremente, la ilusión que tengan sus votantes depende el que se mantengan durante más o menos tiempo en la institución ejecutiva del Estado frente a una oposición parlamentaria crecientemente agresiva, así que buscan no universalizarla pero sí extenderla, quizás unas decenas de euros en su cuantía según lo permitan los objetivos que se marquen del déficit, o en el número de beneficiarios mientras se siguen eliminando, recortando y restringiendo otras prestaciones y fulminando los derechos sociales.

Por su parte, lejos de aquí, en Finlandia, un país en el que también se han producido recortes en el gasto social, incluido el que se destina a las prestaciones monetarias, expiró hace dos años el tiempo de vigencia de una prestación experimental de este tipo que, en este caso, sí se reconoce unilateralmente como una prueba de la Renta Básica, y que fue sorteada (¡sorteada!) a 2000 parados, originalmente implementada por un gobierno de derechas con presencia de los "Verdaderos Finlandeses" (extrema derecha), y tenía un importe de 560 € por persona.

Los progreizquierdistas, sus forofos y su abanico mediático-propagandístico, también se han apresurado a intentar sacar lecciones del experimento, que algunos consideran satisfactorio. El diario Público, por ejemplo, se refiere a esta especie de lotería con las necesidades de los trabajadores fineses como un "éxito", en un artículo en el que también se cita a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales del país, Aino-Kaisa Pekonen, en su opinión de que "la información obtenida gracias al experimento será utilizada para afrontar la reforma del sistema de seguridad social".

Sugiero que cada cual se pregunte en qué puede consistir esa "reforma" (a cualquiera que conserve un poco de memoria le entra ya el tembleque cuando escucha esta palabra) o cómo podría traducirse en lo que respecta a la situación material y económica de los trabajadores, incluso en un país nórdico tan del gusto de los defensores del credo universalista y de los "derechos humanos". En ese artículo se dan pistas en el mismo sentido que he tratado de exponerlas, cuando se alude al "modelo de activación laboral", que dificultó el acceso a los subsidios del desempleo existentes hasta entonces, aunque no a esa prestación en particular, que fue facilitada. Sea como sea, lo que se vende como "éxito" de la medida es que no desincentiva la búsqueda de empleo, y que ha mejorado el "bienestar económico y mental" de los trabajadores.

Respecto al "éxito" en no desincentivar la búsqueda de empleo, tenemos un artículo calculado e interesado porque no plantea, en ningún momento, el efecto que probablemente ha tenido la escasa cuantía de esa prestación en la aceptación de trabajos precarios y escasamente pagados por el empleador que normalmente son inaceptables para muchos parados por su insuficiente remuneración, pero que mientras fue implementado ese subsidio experimental se pudieron complementar con su percepción, al no estar condicionado aquel al empleo sino a otras cuestiones. Esta incondicionalidad con respecto al empleo es lo que motiva que se la reconozca unilateralmente como ejemplo de la Renta Básica. Hay que tratar de plantearse abiértamente todas las posibilidades en vez de barrer para casa sin que lo parezca, pero la subvención indirecta a las empresas por contratar mano de obra barata no entra dentro de las consideraciones de los forofos no vaya a ser que se le fastidie a nadie la ilusión.

En cuanto al "bienestar económico y mental", la referencia a "una encuesta realizada poco antes de terminar el programa piloto" es un reconocimiento explícito de que se ha medido la situación económica y la salud mental de la población objeto del experimento según lo que esta misma ha considerado. No estaría de más preguntarse por la información que tenían los trabajadores, en el momento de la recogida de datos, sobre la naturaleza de esa prestación o sobre su relación con el concepto social y solidario.

La ideología de los encuestados puede indagarse complementando la encuesta con otros procedimientos de investigación que permitan el contraste de los sesgos, pero qué importa esto si los forofos españoles leen el artículo y se sienten felices con la idea que propaga. La subjetividad es tan importante como la objetividad, pero harina de otro costal es esconderse en aquella primera y en el sentido común, que es lo que hace todo aquel que rehuye el análisis y el cuestionamiento de las relaciones sociales.

Sin embargo, en contraste con la postura de Podemos, y volviendo dentro de las fronteras nacionales, resulta que algunas de sus franquicias extraparlamentarias, supuestos "críticos" del gobierno y algunos sectores organizados más o menos aturdidos tienden a presentar complétamente separados la Renta Básica y el IMV, es decir, que consideran la Renta Básica en abstracto (la idea) como si fuera algo totalmente diferente de algunas de sus concreciones, probablemente porque creen que evitar un cuestionamiento, o limitar una posible y necesaria crítica hacia la política gubernamental desde una prespectiva de clase -trabajadora- es una manera de alejar la amenaza de la extrema derecha. Nada más lejos de la realidad: más bien sucede al contrario.

Confundir la necesidad de cuestionar las políticas del gobierno progreizquierdista desde esa perspectiva con el sabotaje que pretende una oposición parlamentaria que quiere alcanzarlo a toda costa, sería una actitud tan necia como renunciar a buscar en aquellas políticas la responsabilidad del ascenso de la ultraderecha, y tan estúpida como adoptar una postura personal a partir de la negación de las posiciones de otros en vez de elaborar un criterio propio, algo que los psicólogos atribuyen a una etapa infantil de la vida humana. Todo lo que no se critique en este sentido se convertirá antes o después en la guerra sucia de los propagadores del odio, que ya hemos podido ver en televisión y en las calles.

La ultraderecha no se fortalece por sumar peligrosamente votos, como creen quienes piensan en los términos electoralistas de la "infalible" aritmética parlamentaria, ni porque existan sectores importantes -y algunos de ellos combativos- de la clase trabajadora que se niegan a votar a quienes les agreden con sus políticas antisociales y de recortes cuando llegan al gobierno, sino porque las ilusiones de un cambio, que desde el progreizquierdismo se acostumbran a divulgar cuando sus partidos están en la oposición o en campaña, pronto se quedan en una frustración más o menos generalizada, lo que genera un espacio psicológico vacío de desidia manejable por quienes más carecen de escrúpulos para hacer demagogia con la idea de un futuro mejor, cada uno peor que el anterior. Así es como poco a poco va penetrando el fascismo, que no tiene los adversarios que dice tener aunque sí bien señaladas quienes son sus cabezas de turco.

La diferencia entre no tener más remedio que aceptar los casi 500 € del Estado, y darle las gracias al gobierno por la limosna, como algunos están casi a punto de pedirles que hagan a los cada vez más trabajadores que engrosan las llamadas "colas del hambre", es la que hay entre ser un trabajador desempleado, temporal o dependiente y a cargo de una familia con ingresos escasos o nulos, por un lado, y ser alguien con una capacidad extraordinaria de resignación a la hora de hacerse preguntas, por otro.

Nada justifica evadir la crítica a la medida ni su encaje en la política del gobierno, incluso si se va a recibir ese dinero porque no queda otra opción, siendo irrenunciable la supervivencia. Lo que hay detrás del IMV y otras posibles prestaciones de pronta implementación, que absorben las contributivas y además dejan de cotizar, es el horizonte del asistencialismo, una versión laica y estatalista de la vieja caridad cristiana y eclesiástica que, al igual que esta, persigue evitar cualquier tipo de estallido que pudiera hacer peligrar el orden vigente. Siempre podrán haber, eso sí, divergencias sobre la sensibilidad con la que avanzar hacia dicho horizonte, cosa que no dudo, pero la idea fundamental es "toma tantos cientos euros y buscáos la vida tú y tu familia".

Esta realidad no debería pillarle a nadie desprevenido, porque los promotores de la Renta Básica Universal (RBU) nunca han ocultado su intención de financiar su hipotética prestación a partir del ahorro de los conceptos contributivos de la Seguridad Social y de los financiados a su vez mediante las cotizaciones sociales, tal y como plantearon en sus propios estudios de viabilidad financiera, aunque mencionen de vez en cuando el IRPF (hipotética reforma fiscal) para encandilar a su electorado real o potencial. Al concepto social y solidario de la prestación oponen la idea de la responsabilidad y la libertad individual en el uso de la renta personal.

Lo que tiene la Renta Básica es que cada uno se la suele imaginar como más le satisface para consumo propio, pero resulta que esta idea también tiene una paternidad ideológica, y si el sujeto que la evoca no conoce sus orígenes e influencias entonces está difundiendo acríticamente las intenciones de su creador. En este caso estamos hablando del más puro y descarado liberalismo, y detrás suyo, la posibilidad de que vayan calando las ideas anarcocapitalistas, minarquistas y libertarianas, expresión esta última que utilizo como la castellanización del término inglés libertarian, ya que allí en Estados Unidos lo libertario se entiende de un modo muy diferente a como ha sido habitual en Europa.

Prestaciones monetarias diseñadas para situaciones de exclusión social o de familias trabajadoras con nulos o escasos ingresos ya las había mucho antes tanto de que se propusiera la implementación del IMV como de que cobrara fuerza en España la idea de la RBU, cosa esta última que sucedió cuando Podemos la convirtió en la propuesta estrella de su programa, durante su emergencia y borrachera electoral en la precampaña de las europeas de 2014, otro evento ampliamente promovido en los medios de comunicación mediante la redifusión intensiva. Ello debería ser motivo suficiente para preguntarse, al menos, qué es lo que tienen de particular estas dos últimas propuestas.

Un ejemplo de aquellas prestaciones preexistentes es la Renta Mínima de Inserción (RMI), una importante y necesaria conquista obrera a la que nadie mencionó, al menos en sus orígenes, como si fuera algo más de lo que realmente es, ni tampoco trató de presentar como referencia de ninguna supuesta utopía, ni mucho menos utilizarla como caballo de Troya para recortar el concepto social y solidario de la prestación y llevar a cabo la contrarreforma del sistema público de pensiones. Aunque a la RMI también se la puede reinterpretar en el mismo sentido que el de los promotores del IMV, convirtiendo la referencia a la inserción en un sarcasmo.

Entender las intenciones que subyacen a este tipo de prestaciones pasa por no ser un iluso. No es la primera vez en la vida de los trabajadores de casi todas las generaciones de edad, que una coalición de izquierdas gana unas elecciones en Europa como para que el personal se trague, con la excusa del coronavirus o sin ella, eso de que el gobierno mira por los intereses del "bien común" en lugar de por los de la clase a la que representa, por diferencias que tenga con la oposición.


3. El capitalismo se derrumba así que "no cabemos todos": entre la tecnocracia y la ecología

En la misma línea que el compromiso expresado en el Pacto de Toledo y la desvinculación entre el trabajo y la prestación, el salario mínimo interprofesional (SMI, unos 30 €/día), estimado a partir de la productividad y otras variables y que marca un umbral que limita por debajo el salario que cobra cierta parte de la clase trabajadora de sus empleadores, dejó de servir como indicador para el cálculo de la cuantía de los subsidios no contributivos al desempleo y fue reemplazado por el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM, 15 €/día).

Este otro regalito nos lo dejó Zapatero antes de abandonar la Moncloa, como la modificación del Artículo 135 de la Constitución que él y su partido acordaron con el PP, que asegura que el denominado "blindaje" de derechos sea el papel mojado sobre el que entretener a la clase trabajadora alrededor del circo parlamentario, porque la prioridad del gobierno es el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda.

Sin embargo, la desresponsabilización del Estado en la prestación de los servicios públicos de la seguridad social, reduciéndose la cuantía de sus prestaciones monetarias -entre otras- no sólo sucede cuando estas son trasladadas desde el régimen contributivo hacia el régimen no contributivo, ni sólo cuando se desliga del salario y del trabajo el cálculo de los subsidios no contributivos al desempleo, sino también cuando se restringe el acceso que la clase trabajadora tiene a las prestaciones contributivas mientras todavía no hayan sido reemplazadas. Nos referimos ahora a la otra parte de la separación de fuentes de financiación de la seguridad social.

Como ya se ha dicho, esa separación de fuentes significaba que los servicios del sistema sanitario, las prestaciones monetarias y subsidios no contributivos y servicios sociales varios quedaran únicamente financiados con impuestos. Pero la otra cara de la moneda consiste en que las prestaciones monetarias del régimen contributivo (sean por jubilación, viudedad o desempleo) quedaran exclusivamente financiadas mediante las cotizaciones sociales, perdiendo la garantía presupuestaria del Estado, reducido al papel de prestamista.

El tratamiento dado a la crisis del sistema público de pensiones es heterogéneo según el caso, pero en todos ellos se pone de manifiesto una tendencia ideológica a la evasión de la responsabilidad política que merece ser tenida en cuenta.

Por un lado están los ultraderechistas, una mezcolanza peligrosa de liberales, prefascistas y fascistas que recurren a argumentos diréctamente malthusianos y sociodarwinistas, según los cuales la causa de la insostenibilidad del sistema público de pensiones es el envejecimiento de la población. Aquello de la "tecnocracia", terrorismo ideológico en estado puro. Propusieron asociar la cuantía de la jubilación con la esperanza de vida.

En realidad, el sistema público de pensiones ha quedado vulnerabilizado ante el envejecimiento de la población debido a la separación de fuentes de financiación, la creación del Fondo de Reserva de las pensiones (caja separada de los PGE) y, en consecuencia, la aparición sucesiva de tendencias deficitarias en el mismo, y no sólo, en rigor, ante el envejecimiento (por la menor relación ingresos-gastos) sino también ante la flexibilización del mercado laboral (por las cotizaciones ahorradas), los bajos salarios (bajas cotizaciones) y el desempleo (menos cotizaciones).

Entonces, el envejecimiento demográfico no es la causa, ya que dicho déficit no es natural sino artificial y esa separación de fuentes fue una decisión que tomaron quienes acordaron el Pacto de Toledo, que son las principales asociaciones patronales, los sindicatos de concertación y todos los partidos parlamentarios en el año 1995. Lo cual nos lleva a analizar la responsabilidad de la izquierda.

Al igual que cuando la izquierda radical griega (SYRIZA) alcanzó el gobierno heleno, antes de abandonarlo habiendo incumplido prácticamente todo el programa electoral que la llevó al "asalto a los cielos" parlamentarios, algún despistado con más o menos mala leche siempre podrá decir que ese poder al que supuéstamente se enfrenta el partido al que ha votado obliga también a sus homólogos españoles a subscribir el pacto social en beneficio del capital.

Ya hay por ahí quienes buscan inmunizar a su gobierno "de progreso" ante la crítica por las recetas antisociales que están por venir en la Unión Europea en el contexto y pretexto de la pandemia: memoria selectiva la de ciertos dirigentes y sus forofos. Del 15-M a la Moncloa. Y es que los progreizquierdistas tampoco reconocen la responsabilidad del Pacto de Toledo, que es la de quienes lo subscribieron.

Cuando hace dos años los jubilados y los pensionistas se organizaron como clase y pusieron sobre la mesa la necesidad de acabar con el Pacto de Toledo, reestablecer la caja única de la Seguridad Social y garantizar la misma en los PGE, los progreizquierdistas se parapetaron en algunas de las reivindicaciones originales y necesarias de aquellos -especialmente en la de actualizar las pensiones de acuerdo al IPC- pero insuficientes por sí sólas para garantizar la sostenibilidad del sistema, y comenzaron a negociar con la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, limitándose a hablar de la "hucha" de las pensiones (el Fondo de Reserva) y ocultando que el problema no consiste en gestionarlo sino en haberlo creado tras la separación de fuentes que ellos y sus sindicatos acordaron con la patronal y la derecha.

Eso es lo que hacen los bomberos apagafuegos de la lucha de clases, rebajar el tono y, sobre todo, el contenido reivindicativo de la protesta obrera, confundiendo sus intereses electorales de buscar en sus medios de comunicación la respetabilidad del poder capitalista, que les permita alcanzar y mantenerse en las instituciones de su Estado, con los intereses de clase de los trabajadores en mantener y exigir unas pensiones y coberturas al desempleo dignas.

Luego, les sobran energías para exaltar los sentimientos patrióticos e identitarios de las masas, redondeando de paso el mensaje de ese mismo espectro ideológico amenazante que ellos y, sobre todo, sus incondicionales forofos esgrimen en cada campaña electoral como justificación de emergencia para pedir el voto de una clase trabajadora cuyas iniciativas de lucha o resistencia ahogan en su cretinismo parlamentario.

Después de haberse escondido en la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC, una exigencia que los pensionistas sabían que era necesaria pero insuficiente sin acabar con la separación de fuentes, la orientación socialdemócrata liberal de los progreizquierdistas les llevó a dar el espaldarazo definitivo a sus reivindicaciones. Piensan en los jubilados, los pensionistas y los trabajadores como caladero de votos, lo que no les impide autosituarse a la cabeza de un movimiento obrero que tampoco les llamó a ellos para la lucha, pero al que intentan encandilar con sus promesas e ilusiones electorales.

En la izquierda, esta tendencia a la evasión de las responsabilidades, tanto las que tienen sus propios partidos y los sindicatos pactistas ante su papel claudicante en la lucha, como las de la clase a la que se las niegan y no representan en su propósito histórico, ya estaba presente en forma embrionaria en aquellos tiempos en los que se comenzó a hablar del "ecosocialismo". A los años setenta se remonta el origen de esa "huida" del trabajo que mencionábamos al comienzo, y que no cuestiona el orden social sino que lo apuntala, porque apunta al lado equivocado de las relaciones sociales capitalistas.

Con ocasión de la pandemia, las redes sociales nos brindaron, hará alrededor de un par de meses o más, la oportunidad de percatarnos de unas reminiscencias ideológicas un tanto curiosas con respecto a cierta idea peligrosa de que "no cabemos todos", que unas veces se aplica genéricamente a la sociedad, y otras más concrétamente al sistema de la seguridad social, y que cuenta con cierta aceptación (variable) dentro de corrientes ideológicas aparéntemente opuestas, ya sea la "progresista" o la abiértamente conservadora, es decir, desde el social-liberalismo (la izquierda europea) hasta el liberalismo, el prefascismo y el fascismo.

Me refiero a las publicaciones fotográficas y audiovisuales de las puras y cristalinas aguas de los canales de Venecia y demás evocaciones a una "madre naturaleza" que recuperaba el territorio en la forma de todos los reinos de seres vivos menos el humano, como consecuencia de las medidas de confinamiento. Como mínimo, nuestra especie aparecía como el virus en sí misma, en lugar del propio virus.

Sin mayor especificación, la naturaleza no tiene inteligencia propia, sino que es la humanidad la que expresa su parte consciente. No se trata de confundir izquierda y derecha ni tampoco de tomar la parte por el todo en la ideología identitaria del ecologismo, que promueve sospechosamente la austeridad en momentos de crisis económica -algo de lo que se percató inteligentemente el movimiento de los chalecos amarillos en Francia- pero sí de señalar algunas responsabilidades compartidas.

El brote de ecofascismo, una denominación muy acertada del planteamiento de quienes publicaban, compartían o se sentían afines al mensaje de esas publicaciones, viene precísamente de la deshumanización que resulta de haber convertido a la naturaleza en un sujeto político más, así como de señalar como patológica la transformación humana del medio ambiente, cosas que se venían haciendo desde hace mucho tiempo desde el ecologismo y el mundo progre más destornillado.

Desde los de los huertos urbanos, las comunas hippies, y los que hacen de las diversas formas de aislamiento de la civilización su forma de activismo, hasta los deudores de ese radicalismo burgués de apariencia obrerista que poco contribuyó a elevar el contenido de las luchas, el problema que tienen muchos pretendidos paladines de la clase trabajadora ajenos a ella es con el trabajo, no con su forma asalariada, ni con la explotación ni con el capital como relación social dominante. Ese es otro trasfondo ideológico que la mayoría desconoce de la RBU: el ecologismo y el culto al decrecimiento.

Sin entrar a discutir cuestiones más concretas y absolutamente necesarias, quienes se mueven por esos derroteros tal vez deberían entender que el incremento del tamaño de la población en Asia, el envejecimiento de la misma en Europa y los países occidentales, y en definitiva, la fase de crecimiento de la posguerra, solamente significa que han aparecido nuevas necesidades sociales que el capitalismo no puede satisfacer. Pero en alguna medida, desde el ecologismo se ha logrado divulgar la creencia de que la humanidad ha alcanzado un tope inherente a la evolución.

Es cierto que hemos alcanzado un límite, del que la crisis medioambiental es una manifestación más, como lo es la reducción de la natalidad, el rápido incremento de la desigualdad económica o el drama de la migración de quienes huyen no sólo de las guerras sino de las carencias económicas originadas por el imperialismo en los países periféricos. Pero ese límite no es ecológico, ni es intrínsecamente evolutivo por mucho que se oponga a la evolución, sino que es histórico.



4. Para terminar

La solución no pasa por buscar en el asistencialismo la adaptación de los golpeados sistemas de la seguridad social a la tendencia del capitalismo senil, porque ello deja fuera del acceso a la riqueza a sectores crecientes de la clase trabajadora, y constituye un falso atajo que busca disuadirnos de autoorganizarnos como clase para poder luchar efectivamente por unas pensiones o prestaciones por desempleo auténticamente contributivas, ligadas a un empleo que permita algo más que subsistir.

No podemos dejar que nos dividan entre indefinidos y temporales, asalariados y pensionistas, empleados y desempleados, sino que tenemos que integrar en un mismo bloque de reivindicaciones tanto el trabajo y el salario directo (el que se cobra de los empleadores) como las coberturas sociales en las formas del salario indirecto y diferido (coberturas a la jubilación o al desempleo, sanidad, etc) porque aquel, el trabajo, es fuente indispensable de estas últimas, y sin el trabajo sólo queda la caridad civil o religiosa que el explotador y su representante institucional nos quieran proporcionar, después de habernos flexibilizado tanto que sólo nos emplean cuando nos necesitan ellos.

Si nuestra posibilidad de beneficiarnos de las prestaciones de tipo social y solidario es limitada, porque la perdimos o porque nunca la tuvimos, habrá que hablar, organizarse y luchar para conseguirla, y para resistir mientras tanto con el fin de que no se la restrinjan ni arrebaten a otros trabajadores.

Defendamos el empleo estable, junto con los salarios dignos, los contratos decentes y las prestaciones vinculadas al trabajo sean estas de jubilación, desempleo o cualquier otra situación; no pasemos olímpicamente de estas últimas y los ataques a que han sido sometidas, sólo porque los contratos basura de algunos de nosotros nos limiten nuestro acceso a las mismas, que son las que de verdad garantizan una protección digna. No pongamos fácil que acomoden las nuevas condiciones materiales de trabajo y de vida que ya van tomando forma.

¿Hay ganas de lucha de clases? No miremos para otro lado: defendamos el sistema público de pensiones y la seguridad social

Por Arash

Como el asunto me pilló un poco de cerca, en su día supe que la liberalización del antiguo servicio público ferroviario en España, hoy semiprivatizado, se tradujo primero en una segregación, después de la cual, la prestación del mismo quedó reorganizada en dos áreas diferentes: una dedicada a la administración de la infraestructura -vías férreas, intercambiadores de vagones, estaciones y tendidos eléctricos y otros servicios- y otra a la gestión de los vehículos ferroviarios, los trenes.

Comenzaron con el transporte de mercancías, y luego fueron a por el servicio de los interventores en el transporte de viajeros. Me contaron que la compañía ferroviaria estatal -Renfe Operadora- incluso le alquilaba los trenes a las operadoras privadas a precios asequibles, en vez de vendérselos, con el objeto de ahorrarles el coste de mantenimiento y otros gastos. No cualquier mindundi puede invertir en ese nicho de mercado, así que tampoco viene mal la ayuda de unos gerentes en la administración.

El caso es que algo parecido ha estado ocurriendo en el servicio de la seguridad social, o sea, en el sistema público de pensiones. El Pacto de Toledo, acordado en 1995 por las principales asociaciones patronales, los sindicatos de concertación y todos los partidos parlamentarios, estableció una doble fuente de financiación. El objetivo era "trocear" el servicio, en este caso para facilitar la penetración de las compañías aseguradoras, los bancos y los planes de pensiones privados en general.

Sin embargo, si atendemos a sus principales modalidades, podremos comprobar que todas las pensiones o la gran mayoría de ellas tienen algo en común, y pertenecer a uno o varios sectores caracterizados por la precariedad laboral no puede convertirse en una excusa para que ignoremos su importancia, sobre todo ahora que el confinamiento se ha traducido en que muchos se hayan quedado sin ingresos al haber perdido su empleo. Aspirar a tener una mirada intersectorial implica saber detectar cuál es la realidad de la clase trabajadora más allá de nuestras situaciones particulares.

Estoy convencido de que, de comprender qué es eso que nos une, también en lo relativo al sistema público de pensiones, depende el poder sumarse de manera consciente a quienes están luchando desde esa perspectiva unitaria de clase, y ello incluye a quienes están defendiendo la seguridad social, la de todos nosotros. Si no lo hacemos y actuamos separados de ellos, como si la cosa no fuera con nosotros, estaremos derrotados sin siquiera haber entrado al ruedo, o lo que sería aún peor, habremos estado tirando piedras contra nuestro propio tejado creyendo que apuntábamos al de nuestro adversario.

Si nos detenemos rápidamente en la naturaleza de las pensiones por jubilación, enseguida recordamos que son ahorradas a lo largo de la etapa activa mediante el abono de las cotizaciones sociales, y que las condiciones de solicitud, así como las que determinan la cuantía de las mismas se refieren, en este caso y entre otras, a que se haya cotizado y al tiempo que se haya estado haciéndolo. Por eso las pensiones por jubilación son una forma diferida del salario.

Otro tanto sucede con las prestaciones por desempleo, que se reciben a partir del salario de otros trabajadores, del que provienen sus respectivas aportaciones a la seguridad social, tal y como aparece en esas nóminas que a veces se ocultan en la oficina de Recursos Humanos. Por este motivo, estas prestaciones son una forma indirecta del salario. De igual manera que en la jubilación, las condiciones de solicitud y las que determinan su importe se refieren también a un período cotizado, en este caso de al menos un año.

Las condiciones de solicitud de los dos anteriores tipos de prestación, además de las que determinan su cuantía, son las que hacen de ellas pensiones incluidas en el régimen contributivo de la seguridad social, que se pueden cobrar sólo y en la medida en que se haya contribuido al mantenimiento del sistema público. Otro ejemplo son las pensiones por viudedad, que también dependen, tanto en su financiación como en sus condiciones, de la previa cotización del fallecido.

Por su parte, las pensiones no contributivas son aquellas que se cobran o no en función de otras condiciones que no tienen que ver con el período cotizado, como las pensiones por incapacidad, cuya solicitud y cuantía dependen de otros requisitos. De este último grupo de pensiones se benefician, entre otros ejemplos, los que sufran accidentes laborales, cuyo número se ha visto incrementado en los últimos tiempos de crisis económica, ahorro de las empresas en seguridad y recortes en la administración pública. También quienes lo hayan sufrido fuera de la empresa, habiendo quedado más o menos incapacitados para trabajar, o las familias trabajadoras de bajos ingresos, en función del número de miembros que conviven en el domicilio u otros factores.

La sostenibilidad de este sistema se vio gravemente perjudicada como consecuencia del Pacto de Toledo, y no del envejecimiento de la población, como dicen los tecnócratas con sus argumentos malthusianos y darwinistas, ni tampoco de la "hucha" de las pensiones, como dicen los "progresistas". Me gustaría intentar explicarlo brevemente, de la misma manera que yo lo aprendí de los mayores cuando lo ignoraba.

Hasta que se subscribió el pacto, todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas habían estado sufragadas con las cotizaciones sociales y, además, estaban complementadas con lo que se recauda mediante los impuestos. A partir de entonces, las pensiones contributivas quedaron exclusivamente financiadas con las cotizaciones, mientras que las no contributivas serían únicamente pagadas con los impuestos. El Pacto de Toledo y la segregación o supresión de la caja única tenía al menos una consecuencia, y es que marcaba el futuro de la estabilidad del sistema público de pensiones.

Había aparecido la coartada que ahora sostienen los sindicatos pactistas y los partidos burgueses, plegados a los intereses de las aseguradoras y las mútuas: la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Y es que la redistribución patrimonial hacia las rentas del trabajo en que se traduce el pago de las pensiones era mucho mayor antes del Pacto de Toledo, cuando las contributivas se complementaban a través del sistema fiscal, que es el que realmente obtenía del capital una parte relevante de su renta para asegurar el pago de las pensiones: prestaciones por desempleo, jubilaciones, viudedad, etc.

En su lugar se creó el Fondo de Reserva, en el que se deposita el montante restante que queda de las cotizaciones una vez descontado el gasto en prestaciones, con la supuesta finalidad de cubrir el déficit en los períodos en los que se invirtiera la relación. Pero las pensiones contributivas ya habían perdido la garantía real de su sostenibilidad. Es más, cuando llegó el déficit al fondo de reserva enseguida se aprovechó la ocasión para proponer una nueva reducción de la cuantía de las pensiones, e incluso en 1994 el gobierno creó un nefasto precedente, cuanto decidió "suplirlo" mediante préstamos estatales, en vez de cubrir lo que faltaba con una transferencia de renta.

En definitiva, lo que había ocurrido es que, a diferencia de lo sucedido en servicios como la sanidad o la educación, la seguridad social había sido parcialmente aislada fuera del Estado. Así llegaba a su final una conquista histórica del viejo movimiento obrero del último siglo y medio, cuando se eliminaba de los Presupuestos Generales del Estado una partida propia para garantizar el pago de todas las pensiones, contributivas y no contributivas.

Además, por si no fuera poco, al haberse suprimido la caja única, la financiación de las pensiones contributivas se hizo vulnerable ante la precarización del trabajo, los bajos salarios, el desempleo o el propio envejecimiento de la población. Todo como consecuencia del pacto de 1995, que recuerdo que no se refiere a un aspecto técnico de la producción de bienes o servicios, ni puede reducirse a una cuestión puramente demográfica sino que es una decisión económica y política que se puede y debemos revertir.

Dicho esto, aquí viene lo que quería comentarles. Tenemos que entender que las condiciones laborales particularmente precarias de algunos de nosotros, a quienes nuestros explotadores nos encadenan contratos parciales y temporales a veces incluso varias veces a la semana, no pueden justificar que renunciemos a defender la seguridad social, o que miremos hacia otro lado como si fuera un problema ajeno.

Es llamativo que ante la falta de protección institucional, derivada tanto de la flexibilización del mercado laboral como de los contínuos ataques contra las pensiones durante todos estos años, el gobierno esté desarrollando actualmente un paquete de medidas extraordinarias de socorro social que incluye ciertas prestaciones asistenciales, y que está dirigido a los trabajadores temporales y a las familias con bajos ingresos, pensando en prevenirse ante cualquier tipo de estallido social por la ausencia de salario en este contexto de confinamiento y cierres de centros de trabajo.

Sin embargo, esas prestaciones de emergencia financiadas con el gasto público -la prioridad del gobierno ha sido liberar a las empresas de sufragar el coste económico de la pandemia, con el beneplácito de las centrales sindicales mayoritarias- no las podemos sostener, los trabajadores temporales, si las aislamos de la defensa del sistema público de pensiones, como si no tuvieran nada que ver con la protesta de los jubilados que exigen el fin del Pacto de Toledo o con las movilizaciones de los asalariados en defensa del empleo.

Sospecho que algunos no se terminan de creer que algún día llegarán a viejo, o que no son capaces de imaginar lo que es alcanzar la tercera edad siendo pobre y rebuscando en los contenedores. Espero que sea eso, sumado a la falta de una ya impostergable conciencia de clase, lo que explica la inmerecida indiferencia hacia quienes luchan contra el Pacto de Toledo, exigiendo el reestablecimiento de la caja única de la seguridad social y que se garanticen todas las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, porque la única explicación alternativa que se me ocurre es que se haya aceptado que, después de haber estado haciendo rica a la clase propietaria, hay que resignarse a fallecer sin nada.

Nos estamos jugando una de las conquistas sociales más importantes porque sin ella, la inmensa mayoría de nosotros moriremos con el culo al aire, y los que vengan luego -los que vengan porque tener hijos ahora está complicado en el capitalismo- no lo podrían tener cubierto ni después de dos vidas enteras.

La caja de la seguridad social no duraría nada sin que nadie pagara sus cuotas, de manera que los jubilados cobran su pensión, además de porque la han ahorrado durante su vida, porque los trabajadores ocupados siguen aportando aquellas, y sin aquellas tampoco sería posible imaginar el pago del subsidio a los desempleados que están inscritos en el registro del paro.

También sucede que, frente a la nula capacidad de ahorro de una vasta parte de los trabajadores, que no llegan a final de mes, y frente al limitado ahorro individual de la otra parte, la jubilación es una forma de ahorro colectivo que permite a la inmensa mayoría tener unos ingresos en la vejez que, sin dicho sistema, no tendrían en absoluto.

Todo esto significa que, aunque el sistema de la seguridad social también es progresivo, su principal característica es que actúa como una forma de solidaridad obrera. De hecho, las aportaciones de las empresas son más que exiguas, tal y como denuncian los sindicatos y las organizaciones de clase. Sumarse a esas reivindicaciones por el incremento de sus cotizaciones es sólo una manera de comenzar a involucrarse.

Hasta cierto punto tiene sentido que el movimiento obrero brote circunscrito a ciertos sectores y limitado a determinadas exigencias parciales, incluso directamente relacionadas con la supervivencia, pero hay más razones de las que parece que explican las dificultades de generalizar cualquier núcleo caliente de la lucha de clases. Por si no fuera poco el esfuerzo requerido para buscar el apoyo de otros grupos más amplios de trabajadores, hay una serie de académicos europeos con cierto reconocimiento, habitualmente considerados como "progresistas", que tratan de presentar la segmentación de nuestras reivindicaciones e intereses como si fuera una virtud.

Frente al concepto de la prestación social del sistema público de pensiones, que permite una autoasistencia económica entre ocupados, parados y jubilados, estos referentes liberales de la izquierda oponen la idea de la responsabilidad y la libertad individual en el uso de la renta personal.

Elaborar los argumentos personales a partir de una mirada tan sesgada como esta, vuelve especialmente difícil captar la explotación que hay más allá de la opresión, generándose la ficción de que simplemente se puede "huir" de la realidad desagradable del trabajo o de que el establecimiento de un nuevo tipo de subsidio estatal nos librará de las condiciones contractuales que nos imponen los empresarios. Pero emanciparse del trabajo asalariado y la explotación mediante una supuesta "reforma" fiscal es una completa ensoñación.

El 22 de febrero de 2018, hace ahora dos años, los pensionistas se saltaron en Madrid el cordón de la policía nacional frente al Congreso de los Diputados. Desde entonces, los apagafuegos de la lucha de clases no les han quitado sus ojos de encima, tratando de confundir sus intereses electorales con los suyos propios de garantizar unas pensiones dignas, que también son los tuyos y los míos.

Cuando se busca la respetabilidad de los poderes capitalistas a cambio de la presencia en las instituciones de su Estado, no nos encontramos ante ningún partido que represente, ni de lejos, a la clase trabajadora sino ante uno que se dedica esforzadamente a que los actuales y los futuros pensionistas traguemos con el dichoso Pacto de Toledo.

Exigir la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC es necesario pero no basta porque sin la caja única y la garantía presupuestaria del Estado, el sistema de la seguridad social se terminará arruinando lo suficiente como para que el sector privado y su gobierno de turno ya hayan justificado su privatización en nombre del "bien común" y del "interés general".

La defensa de unas condiciones laborales y contractuales decentes está unida a la del sistema público de pensiones, el empleo y los salarios dignos. Mientras perdure el estado de alarma será difícil cualquier acción, pero si nos olvidamos de conectar las necesidades que tenemos los trabajadores temporales con las reivindicaciones de los que tienen contrato indefinido, y de querer buscar ese frente compartido de exigencias, cuando se reanuden los desahucios, vuelva a cortarse la luz y el gas en los hogares, se tenga que volver a pagar el alquiler y, en definitiva, se vayan relajando las medidas de confinamiento y algunos pocos de los muchos desempleados volvamos a trabajar, nos pillarán tan despistados como siempre y nos golpearán en todo lo que no quisimos comprometernos de manera solidaria: pensiones, empleo, salarios y contratos. Eso sin contar los recortes sociales y las nuevas privatizaciones del maltrecho Estado del bienestar que conoceremos cuando la deuda interna privada se convierta en deuda pública.

Y por supuesto, hay que evitar a toda costa que el debate se desplace desde la necesidad de sostener todo el sistema público de pensiones, que es gestionado por el servicio de la seguridad social, hacia el servicio de la seguridad social en sí mismo, al que los liberales de izquierda y cosas peores acusan de burocrático.

El argumento que manejan quienes juegan en este campo es que parte de las recaudaciones fiscales con las que el Estado paga a los empleados -funcionarios- de la administración de la seguridad social, se pierden por la "ineficacia" derivada de la condicionalidad de las prestaciones, restándose de las ayudas que los "ciudadanos" deberían recibir sólo "por el simple hecho de ser humanos".

De ahí la incondicionalidad que defienden en el tipo de prestación que promueven, con el que creen que debe reemplazarse al sistema público de pensiones y la seguridad social. No lo digo yo sino ellos, tan literal como lo están leyendo. Philippe Van Parijs, Rutger Bregman, y el español Daniel Raventós y compañía.

En el fondo, tras el ropaje universalista con el que se visten, lo que va realizándose de su utopismo de cortos vuelos no vaticina nada más que un subsidio para pobres, como en la caritativa Inglaterra del siglo XIX, sólo que en versión laica.

Se avecina un año desapacible

Por Arash

Es evidente, y una jugada muy hábil por su parte, que Pedro Sánchez, a quien últimamente veo muy cómodo y tranquilo en su tribuna presidencial cuando retransmiten sus embaucadoras comparecencias, está dosificando poco a poco la información de la duración de la cuarentena, que se prorrogará durante semanas y probablemente meses.

Está siendo igual de recatado en transmitirla que al comenzar a establecer el confinamiento con la declaración del estado de alarma, cuando desde las instancias científicas se nos avisaba de la posible propagación de la enfermedad y de la necesidad de tomar medidas urgentes para contener el crecimiento del número de infectados. El conocimiento público de dichos avisos a través de los noticiarios e informativos actuó como la válvula de control del gobierno en el flujo de esa información.

Por otra parte, muchos de esos trabajadores a los que increpan los gilipollas y centinelas parapoliciales de las terrazas, que bien podrían volver a encerrarse en las cloacas de las que se han asomado antes de manifestar sus "inteligentes" opiniones, acuden a sus puestos por imperativo legal, porque si la empresa no quiere cerrar sus instalaciones el contrato laboral les obliga a presentarse allí, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Hay algunos a quienes este gobierno de progres, por los progres y para los progres no desea molestar demasiado. A menos medidas de contención y a más demora en la aplicación de las que se lleven a cabo, más rapidez en la propagación de la pandemia y más carga de pacientes en los hospitales, y menos tiempo hasta llegar y sobrepasar el "pico" de nuevos contagios, porque hay un mayor coste humano que en muchísimos casos se está pagando con una muerte evitable, sin camillas ni respiradores. Buscar el equilibrio adecuado es una gran terapia de choque contra la expansión de la pandemia, si pensamos en el capital.

Lo reitero: a excepción de la curva de contagios, que es una cuestión que se puede entender sin ser un primor en la materia, del mismo modo que se puede comprender que la tierra es esférica y está achatada por los polos sin necesidad de haber estudiado en la NASA o ser astronauta, lo criticable en todo caso, desde el punto de vista de quienes no somos médicos está en la gestión de la irrupción del virus, no en su naturaleza contagiosa ni en la biología del ser humano (el efecto sobre la salud depende de la edad o el padecimiento de patologías previas, por el estado del sistema inmunitario) ni mucho menos en las creencias de los conspiranoicos que son eso, simples creencias. Pero qué sabré yo de curvas platicúrticas y mesocúrticas ni de la influencia que tienen las medidas que se tomen o se dejen de tomar: si estás en contra de este gobierno, estás a favor del virus.

Quienes sí debe pensar el presidente, con razón, que son poco espabilados son bastantes de sus electores, porque ya les ha recordado veintisiete veces que el virus no discrimina por territorios (estaría pensando en los nacionalistas catalanes, molestos por la concentración de funciones en el gobierno central), por ideologías (íd agarrandoos los huevos o lo que tengáis a mano con independencia de que les hayáis votado o no) o por clase social, y no parece que ciertos contingentes de aquellos -en particular los "radicales" votantes de Unidas Podemos, que son la tendencia- hayan dejado de poner en práctica su especial habilidad para encumbrar en el Tonter u otras redes sociales a su gobierno de coalición, deslizando toda la responsabilidad política hacia los de las anteriores legislaturas y, en general, eludiendo la de ese al que eligieron en las urnas: otra práctica de la nueva política que han asumido, como la de aceptar el incumplimiento de las promesas hechas en campaña. Me pregunto si habrán reparado en la posibilidad de que todo aquel que busque legitimar sus insuficiencias políticas trate de presentarlas como sucesos inexorables que escapan a su control.

Hablar del coronavirus sin tener ni idea de lo que se dice -Pedro Sánchez la tiene- y contradiciendo la palabra de los médicos está mal, fatal. Creer que la expansión de la pandemia en el país ha cambiado la orientación política del gobierno desde sus intereses de clase hacia el interés general, lo mismo, y quien así lo crea por alguna de las medidas que ha aprobado o diga que vaya a aprobar alguno de los de Europa o el planeta entero, como ciertas estatalizaciones de empresas que se lo haga mirar, porque ignora la naturaleza del Estado y que la burguesía también puede planificar la producción, de acuerdo a sus necesidades particulares. Sánchez, por cierto, no es un experto pandemiólogo, aunque sus constantes menciones a la naturaleza del virus permitieran bromear con ello, sino que tiene su propio equipo de asesores.

Seguramente nada volverá a ser como antes, como no lo fue después de la época fuerte del terrorismo, del 11-S en Nueva York o del 11-M en Atocha. Cuando se terminó, muchas de las medidas "antiterroristas" que se implementaron continuaron vigentes o presentes de alguna manera en los ordenamientos legales.

La Comunidad de Madrid (PP), por ejemplo, y el gobierno estatal que parece que replicará su iniciativa a nivel nacional, promovió una primera versión pública y descargable de su aplicación de autodetección del coronavirus (CoronaMadrid) que, además de la posibilidad de la geolocalización por satélite, exige la recolección de datos personales sin anonimizar con dudosas finalidades. Aunque han sacado una versión posterior para suplir sus carencias legales y su incumplimiento del Reglamento de la Unión Europea relativo a la minimización y el tratamiento de los datos (ahora estarían sin anonimizar sólo mientras durase la emergencia, antes ni siquiera se ponía límite), muchos de ellos son excesivamente intrusivos y siguen pudiendo ser cedidos a la empresa privada y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un progre al que le ha ido bien en la vida, Chema Alonso, actual CDCO (Chief Digital Consumer Officer) de Telefónica, experto en ciberseguridad y defensor de la iniciativa, diría que no es momento de críticas, y se quedaría más ancho que largo.

La medida está inspirada en otra análoga implementada en Corea del Sur, que según algunos que pensarían con cinismo que se ajusta a un modelo preventivo "caracterizado por la prevención y la colaboración ciudadana", es parte de un "ejemplo de civismo y gestión eficaz" frente al modelo autoritario y militarista de China. No dudo de que haya países más autoritarios que otros, pero que a esa valoración se la haga depender de la mayor o menor afinidad de sus gobiernos por el de Estados Unidos, la UE, la OTAN y en definitiva uno de los polos del imperialismo, como tienden a hacer George Soros, la Open Society, la Freedom House y las oenegés de globalistas liberales y ultraliberales -mayoritariamente financiadas por los republicanos y los demócratas- es un truco repugnante muy viejo.

China es otra dictadura capitalista, y no estaba pensando en los manifestantes derechistas y ultraderechistas de Hong Kong, que buscaban algo más parecido a un Estado como el de Taiwán, en donde pervive cierta herencia cultural de la dictadura del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) y en donde tienen su propio mausoleo de exaltación fascista dedicado a Chiang Kai-shek, como el Valle de los Caídos en España. Yo estaba pensando en los obreros y los estudiantes de la parte continental que pusieron en aprietos al partido "comunista" oficial en las calles hace dos años, frente a la represión del gobierno y la policía, porque allí también hay explotación en los centros de trabajo y las organizaciones comunistas de ese país están en la clandestinidad.

En las sociedades occidentales, cuya confianza en la democracia no tiene límites, es más habitual que los poderes fácticos divulguen el miedo a través de sus medios de comunicación de masas (son los primeros que inauguraron el estado psicológico de alarma pero que nadie se engañe con sus intenciones porque no son desinteresados), lo que puede convertir a ciertos individuos en una especie tenebrosa de vigilantes confinados que aplauden agresiones policiales desde las alturas como bestias en un anfiteatro romano, de esos que se ven en algunos vídeos que circulan por las redes sociales y los teléfonos móviles e incluso, en general, sembrar la aceptación y la resignación social ante el previsible horizonte de sucesos del senil capitalismo en plena crisis y descomposición.

Espero que nadie se haya confundido durante su lectura, y haya creído que reconocer la actual coyuntura como una ocasión en la que se podría aprovechar para intensificar aún más el control de la población en sus desplazamientos o en sus actividades, erradicar conquistas sociales, restringir libertades básicas, y lobotomizar a unos cuantos sujetos más en un sentido autoritario, mientras se siembra cierto sentimiento de "unidad" (el otro día al presidente le saltó la vena patriótica en uno de sus discursos televisados) que no pasa desapercibido para nadie, significa negarse a asumir la enorme importancia de conseguir que la pandemia no se extienda aún más y comience a remitir, así como la de respetar ciertos protocolos que sirvan a tal fin.

El confinamiento en nuestras viviendas durará lo que dure, pero hay un efecto añadido e innecesario en la irrupción de este virus que es necesario cuestionar, aunque a algunos no les guste. Una parte del mismo ya lo está experimentando un sector de la población, particularmente en los pasillos de los hospitales, y el otro aún está por ver.

La huelga feminista y el 8 de Marzo desde la perspectiva de género

Una vieja viñeta de El Roto,
en El País del 25 de mayo de 2018

Por Arash

Es una tendencia entre las nuevas generaciones creer que todo acto es político. En unos tiempos en los que la misma idea de la política ha sido tan banalizada y embrutecida, cualquier ocurrencia puede ser presentada como una gran hazaña hacia la consecución del fin instrumentalizado, cuando lo que les importa a sus instigadores es, en el más ambicioso de los casos, el crecimiento de la muchedumbre que lo pueda secundar. Los mesías quieren crear un movimiento tras de sí, y los seguidores quieren gratificar su deseo de pertenecer a algo superior.

De lo que sí suele ser buen ejemplo cualquier convocatoria o acción extraída del original y creativo erario del activismo contemporáneo, ya sea mearse en mitad de la Gran Vía de Murcia o descolgarse por la fachada de un edificio, es de un acto simbólico. Y precísamente por eso podrían intercambiarse por cualquier otro performance, así como aquello que se presenta como la finalidad del mismo, sin mayores consecuencias.

Uno de esos performances fue la huelga feminista del 2018, del que se cumple ahora su segundo aniversario, y que bien podría haberse quedado en la convocatoria de la manifestación que se produjo el mismo día, ya que lo suyo eran las visibilizaciones.

Porque la manifestación fue multitudinaria, pero la huelga apenas tuvo seguimiento, tal y como se desprendió de la información de la Red Eléctrica Española, que midió el consumo en las empresas y en los hogares aquella jornada. Pero los medios de comunicación, que la habían estado promocionando durante semanas, como no habían hecho nunca con ninguna otra, convirtieron el agua en vino y la presentaron como un exitazo en los titulares y noticiarios de ese y el siguiente día. No está mal hacerse preguntas.

Por si le interesa a algún curioso de esos que casi no quedan, los que se niegan a seguir la corriente hegemónica, la huelga general del 29 de marzo de 2012 se tradujo en la reducción de un 16% en la demanda energética del país, mientras que la huelga del 8 de marzo de 2018 no la alteró.

Aunque no lo necesita para justificar su pertinencia, la huelga, más allá del experimento feminista, no siempre es política. De hecho no suele serlo, e incluso en algunos países está tipificada cuando se la percibe como tal. Es el caso de España, en donde también se la prohíbe cuando sus convocantes pretenden segregarla en función de un criterio que no sea ni el sectorial ni el territorial.

Esto podría haber puesto en aprietos a la comisión que la convocó aquel 8 de marzo, porque aquella era una huelga de género, y estaban llamadas a secundarla las mujeres, tanto la empresaria como la empleada que trabaja para ella. Pero los sindicatos que se sumaron aseguraron su legalidad, al pretender redirigir el evento y convocar a los trabajadores de ambos sexos, eliminando así el efecto jurídico de la discriminación.

Curiosamente, ese intento de redireccionar la convocatoria original desde el sindicalismo se limitó a cuestionar esa segregación, y dichos sindicatos, no sólo los de las centrales mayoritarias -UGT y CCOO- sino también los alternativos, que también la apoyaron, asumieron todos ellos el planteamiento simbólico de la huelga.

La huelga es la principal acción sindical. Por supuesto, los sindicatos también hacen otras cosas, pero aquella es fundamental porque siempre ha estado unida a la defensa de las necesidades materiales más inmediatas de los trabajadores en el capitalismo, desde que el salario se impuso en las relaciones de producción. Esto es precísamente lo que ha hecho respetable al movimiento sindical, si no consideramos el modelo de la aristocracia obrera instalada en el corporativismo. El problema es cuando esas reivindicaciones brillan por su ausencia, y en consecuencia, desaparece esa defensa de la integridad del sujeto político en que se significan.

A la larga, un paro en la producción lo ganarían generalmente los empresarios, porque su capacidad patrimonial es superior a la de los trabajadores que lo llevan a cabo. Leerse una novela como la que escribió Émile Zola, Germinal, o bien visualizar su versión cinematográfica, que representan bien lo que uno se puede llegar a jugar en la huelga y que otros prefieren ignorar, les vendría bien a aquellas y aquellos que en vísperas de aquel 8-M discutían en las redes sociales si la huelga es un medio o un fin.

Otra cosa diferente es que los empresarios, que ocupan una determinada posición en el mercado como oferentes del producto laboral, se vean durante una huelga, o ante la amenaza de la misma, en la disyuntiva de ceder ante las reivindicaciones salariales que se plantean, para que la producción vuelva lo antes posible a la normalidad y puedan reanudar la generación de sus ganancias, o bien negarse a hacerlo y continuar arriesgando su posición frente a la de sus competidores. Pero ya hemos dicho que la huelga feminista era una huelga simbólica: por eso fue facilitada y obtuvo gestos de apoyo desde el empresariado de las pymes, y también desde de los monopolios, desde la iglesia, desde la monarquía, desde los medios de comunicación. Algo nunca visto hasta la fecha.

La "brecha salarial", que las feministas denuncian desde la perspectiva de género, tampoco era ejemplo de ningún hipotético carácter reivindicativo de la huelga, como no lo sería una exigencia por el compromiso verbal, ni siquiera por escrito, para que una patronal afirmara querer mejorar las condiciones de vida de los trabajadores empleados por sus asociados, así en literal y sin más detalle. Si una huelga se planteara así, en esas condiciones tan generalistas, correrían a firmarla los patronos. Y algo así es lo que pasó con la huelga del 8-M, que se ganó la simpatía de los sectores del poder antes citados. En una huelga de clase, sus instigadores jamás delegarían la responsabilidad de concretar sus reivindicaciones a los empresarios, sino que tratarían de asumirla.

El manifiesto que sirvió de convocatoria al público era una macedonia de referencias hacia cuestiones absolutamente de lo más diversas. No me refiero a ninguna de las realidades puntuales que mencionan, por terrible que sea alguna de ellas sino a la manera en que son presentadas, en la línea de ese estilo típico de algunos panfletos y publicaciones incendiarias de las redes sociales, desde las que se busca aprovechar la capacidad del lector para imaginar aquello que más le satisfaga durante su lectura, mucho más que la concreción de las ideas y la claridad expositiva en la transmisión del mensaje, y que contribuyen a crear un estado de efervescencia colectiva y a divulgar la identidad.

Hay muchos ejemplos en los que se podrían concretar las reivindicaciones salariales de una huelga de clase: cuando no se reconoce una categoría profesional pactada en el convenio, o la relación jurídico-laboral en los casos de contratación en fraude de ley, cuando no hay contrato o ante su ocultación en la oficina de Recursos Humanos, al producirse una variación en el sueldo debido a una reconversión en la empresa, para lograr la readmisión de una plantilla despedida tras una inversión tecnológica, o para que se paguen las horas extras no pagadas o mal pagadas.

La discusión misma de la llamada "brecha salarial" requeriría, en todo caso, un análisis serio de la cuestión y no sociología barata. Otra cosa son los tipos de contrato, la categoría profesional o el sector de actividad, diréctamente relacionados con la renta salarial personal pero de ahí a intentar justificar el patriarcado hay un trecho bien grande.

La perspectiva de género no parte de la consideración de las relaciones salariales y el papel que juegan en la producción, por mucho que se las pueda mencionar superficialmente, sino de una dicotomía mediante la que se busca la manera de desplazar el conflicto social desde la contradicción capital-trabajo y la lucha de clases hacia el interior de la clase trabajadora, de ahí la obsesión por la "brecha salarial" y no por la diferencia entre salarios y beneficios y su participación relativa en la renta nacional.

Por eso el llamamiento a la huelga feminista también intentó extender el paro en el sector de los cuidados, que es tan importante como los demás, en los casos no condicionados por las relaciones salariales. Es decir, en el hogar propio, para entendernos. Era coherente con la perspectiva del género: puestos a convocarla, tenían que intentar que las mujeres trabajadoras se abstuvieran de desempeñar las tareas domésticas durante la jornada.

Es así que se ponía de manifiesto el carácter insolidario de la huelga de cuidados, no ya por la falacia que esconde el recurso a una acción de confrontación, que es a la que se refería la ilustración del agudo viñetista que encabeza esta entrada sino porque, para poder sostener en el tiempo una huelga de clase, realmente combativa y reivindicativa, es necesario el reparto del tiempo de trabajo doméstico, entre otras muchas cosas el que se dedica al cuidado de los niños.

Al mismo tiempo, la alusión al "techo de cristal" ya era directamente la expresión grosera de la aspiración de una minoría de mujeres para entrar a formar parte de los consejos de administración de las empresas, y alcanzar ocupaciones de directivas y empresarias, en donde se concentran las rentas más elevadas, mientras las demás siguen trabajando duro, en ocasiones bajo las condiciones laborales que se imponen en la hostelería, o en la industria alimentaria, parasitada por empresas de trabajo temporal.

Aún hay por ahí quienes dicen que la empresaria tiene más sensibilidad con sus empleados. Como Sol Daurella Comadrán, la de los despidos masivos en la planta embotelladora de Coca Cola en Fuenlabrada.

Y ahora a celebrar el 8 de Marzo. Hay muchos días en el año para celebrar performances, huelgas de género y demás actos simbólicos, pero el día internacional de la mujer trabajadora ya ha sido reconvertido en una de estas jornadas tan desclasadas, modernas y creativas.