Por Arash
En la historia reciente existen otras ocasiones en las cuales la CEOE, principal organización representante del empresariado nacional, ha afirmado respetar el derecho de huelga de los trabajadores incluso reconociendo, al mismo tiempo, que esta última fuera una convocatoria de corte político. Hay a quienes esto le sonará extraño, pero es absolutamente cierto.
Por el contrario, no es de ningún modo casualidad que en este momento, asegurando esos patronos que ahora la huelga tiene aquel mismo carácter político, llamen de manera casi abierta, a los poderes públicos más afines, a que éstos vulneren el correspondiente artículo del texto constitucional, que se supone que garantiza su ejercicio. Ya emplean a sus matones y perros a sueldo contra las concentraciones y manifestaciones de inquilinos, mientras vean que legalmente no pueden hacer nada o no les sea suficiente. Por la vía legal o por la ilegal, tratarán de restringir también el derecho a la huelga.
En realidad nos encontramos ante una convocatoria que sí tiene razones más que sobradas de índole económica y laboral. En este caso la iniciativa sí ha nacido de organizaciones de base, concretamente de los sindicatos de inquilin@s y de vivienda, a los que se han sumado sindicatos laborales que son los que han legalizado la convocatoria de paro del próximo 11-N. Dicha iniciativa no ha sido ni de los partidos, ni de sus políticos profesionales, más allá de la distinta posición que estos puedan manifestar en sus comunicados y publicaciones en las plataformas digitales.
Estamos viendo en nuestra cara cómo se están tratando de violar derechos fundamentales, como también intentan con el de reunión en los espacios públicos. El derecho de reunión no les preocupaba tanto a los líderes, varones y referentes históricos de Vox-PP, formaciones que ya trata de acceder a la Moncloa by any means neccesary, como diría Trump, cuando quienes aparecían en las calles eran otros no muy lejos de su cuerda, neonazis y falangistas pertenecientes a distintos grupúsculos violentos y escuadristas.
Pero no voy a entrar ahora en más comparaciones entre convocatorias. El caso es que desde las derechas se pretende establecer que la huelga sea ilegal, algo que pueden desmentir perfectamente juristas y economistas que no se encuentren completamente comprados y manipulados en el ejercicio de su profesión.
Lo que intentan los enemigos de la movilización en defensa de la vivienda es desviar por todos los medios posibles los objetivos de la misma. Seguramente saben, o al menos sospechan, que a partir del enfrentamiento contra el rentismo inmobiliario, se puede abrir un escenario que también sirviera para dar continuidad y mayor dimensión a cierto malestar y descontento. Uno en el que se reflejasen los conflictos aislados, más o menos localizados que han venido teniendo lugar, de manera dispersa, a lo largo de todos estos años en numerosos centros de trabajo, con independencia de lo que se haya querido hablar sobre ello.
En uno de los argumentos que se están intentando esbozar para dividirnos, se establece que la "solución" a la cuestión de la vivienda es una reestructuración de la demanda que, al provocar una disminución de la misma en las grandes ciudades, hiciera bajar los precios en localidades como Madrid o Barcelona, Bilbao o Valencia, porque dicha demanda se hubiera movido a las zonas rurales. Es una propuesta absurda para nosotros, porque la economía se orienta hacia donde más ganancia se obtiene pero lo que significa en cualquier caso, en román paladín, es que hay que aceptar las necesidades que nos imponen, irse aquí o allá, siempre con el culo al aire si algo apenas se puede pagar, mientras quienes imponen esas necesidades, que son sólo las suyas, siguen "haciendo" su dinero sin que nadie les moleste.
No existe que se sepa ninguna "teoría del capital inmobiliario", tal y como pretenden ciertos individuos que en realidad son esbirros solapados del neoliberalismo avanzado y de sus grupos derechistas de acción callejera. En el planteamiento neoliberal, el héroe siempre es el terrateniente y el gran agrocapitalista, y no el pequeño productor lechero o ganadero que intuya certeramente cuál es la causa de sus problemas. El ejemplo a seguir, según aquel, es siempre el fenómeno que se maneja con soltura en los negocios y que dicen que "se hace a sí mismo", el tipo que especula con el pan de los demás porque para eso tiene educación financiera.
Y los culpables son los de siempre: el asalariado mileurista o el que está hipotecado. El pequeño cuentapropista para el que no quedan ayudas y no la competencia más aventajada que le aplasta en el mercado, y también el falso autónomo que factura siempre para las mismas empresas. Algo no muy diferente sucede con el inquilino en régimen de alquiler, el temporero en la vendimia y el superexplotado precario de la ciudad, e incluso el que ha sido desahuciado y el sintecho, al que acusan de no poder pagar por no haber trabajado lo suficiente. Son algunos de los objetivos a los que se suele apuntar para que funcionen como chivos expiatorios. El culpable es el viejo que busca en los contenedores o que se plantea hacerlo, porque su jubilación ha estado siendo recortada. Ahora los fascistas quieren dar otro golpe más contra las pensiones públicas, como reconoció el propio degenerado Figaredo, y ciertos mal nacidos que son cómplices suyos votarán a sus partidos.
La culpable es la anciana enferma a la que le golpean la puerta de su casa los uniformados de la policía, previa orden de los jueces, y con la salvedad de unos dignos bomberos que se niegan a ser ejecutores, y a la que tienen que acabar sacando los sanitarios en camilla, antes de quedar ingresada en el hospital en el que unos desgraciados a los que no pondré los adjetivos en los que estoy pensando, llamados Urbagestión y compañía, terminarán con su vida. La gestora de pisos forzada a retractarse sólo por la presión en las calles y el riesgo de deterioro de su imagen corporativa, pero ella nunca volvió ni volverá a su casa.
Ahora quienes insultaban a Mari Carmen Abascal, como hicieron con Paca Blanco (será desahuciada si la solidaridad no la alcanza a ella) y que le señalaban hace dos días como causa de su propio sufrimiento, tertulianos y políticos de la fosa séptica, manipularán su memoria para justificar el golpe de estado civil permanente que llevan años perpetrando contra el ejecutivo, corresponsable, junto con todos los socios que en algún momento lo conformaron, por haber administrado el mismo tipo de recetas de siempre; pero un ejecutivo que fue elegido en las urnas y al que quieren echar por demasiado blando.
El planteamiento consciente de la clase trabajadora es muy distinto del anterior. En última instancia no se puede pretender explicar precios a partir de precios, a no ser que se acepten como válidos los razonamientos circulares: todo sistema de precios hace referencia inmediata a la circulación. Ahora bien, las leyes del mercado pueden ser objeto de un tratamiento teórico específico, según cuáles sean los intereses que se establezcan de partida.
La dedicación masiva de pisos a usos turístico-vacacionales, en lugar del alojamiento estable de familias, concentra la propiedad en grandes tenedores (no me refiero a los cubiertos para comer, como dijeron los piezas esos de la gran burguesía catalana) y en empresarios freelance, defraudadores que no pagan impuestos, aunque luego digan que éstos últimos se utilizan para esto o para lo otro. La propiedad inmobiliaria acaba creciendo en manos de los dueños de fondos buitre que ya hacen negocio, desde hace mucho tiempo, no sólo con la vivienda sino también con las pensiones. Ellos son quienes imponen las condiciones.
Esto último sí contribuye a explicar por qué se elevan los precios de los bienes de subsistencia, hasta hacer del techo algo inaccesible para la clase trabajadora, y cómo la expulsan así de sus hogares. De manera análoga, y si son inteligentes, quienes no lo hicieron entonces comprenderán ahora, al mismo tiempo, aunque sea tarde, la justicia que había entre las protestas que sacudieron las carreteras y el campo europeo y del país hace unos años.
Entre los agricultores, por ejemplo, que no son una población tan homogénea como a menudo se pretende, había motivos reales y muy fundados para los cortes y tractoradas frente al Mercadona y el Eroski, tanto como los hay ahora para luchar contra los abusadores de Alquiler Seguro o los de Fonditel, contra los inversionistas que saquean nuestros servicios públicos y que se quedan con nuestros bienes de primera necesidad. Una parte de los agricultores se plantaron frente a los supermercados y los establecimientos de las principales cadenas alimentarias. Ahí los auténticos adversarios, más allá de determinados funcionarios de la UE o ciertos ministros nacionales de los Estados correspondientes, gestores en definitiva con su grado de responsabilidad, eran los empresarios del sector agroindustrial, que se hacen con los mayores volúmenes de capital y de las subvenciones ligadas a la PAC, en detrimento de los pequeños productores agrarios que las necesitan más que nadie.
En lo concreto que ahora nos respecta, la oferta inmobiliaria se ha estado desplazando hacia cierto tipo de demandantes, usuarios vinculados al turismo, e incluso hacia otros rentistas que aspiran a hacer lo mismo que aquellos a quienes tratan de comprarles el inmueble o el apartamento. De ahí la pertinencia de una de las reivindicaciones de los inquilinos: vivienda para vivir, y no para otras cosas. Por supuesto, el precio de la misma no se puede explicar eternamente como un asunto de desplazamientos de la oferta y la demanda.
Esta última insuficiencia ya nos conduce a comprender esos motivos que los enemigos de la convocatoria de huelga general del próximo 11-N niegan que haya para organizarla. Se trata de que se devalúa la capacidad que tenemos (la fuerza de trabajo en la medida en que la emplease el capital productivo) de rentabilizar la propiedad de cuyo aprovechamiento nos excluyen, no solamente de la vivienda, que por supuesto también, sino incluidas otras muchas cosas. La plusvalía que se queda un especulador o un rentista de la vivienda, proviene en último término de la parte del trabajo que se entrega sin ningún tipo de contrapartida, y que permite engordar las rentas del capital. Eso es lo que luego se coloca en unos u otros nichos, aquellos que le resulten más beneficiosos.
Es decir, el ingreso de las constructoras y las inmobiliarias, el de otro tipo de sociedades mercantiles (socimis y demás) o el de empresas personales incluso si estas no se encuentran de momento legalmente registradas, proviene de la parte del trabajo que queda fuera del recibimiento monetario tanto en la explotación como, de manera añadida, si hablásemos de las grandes distribuidoras alimentarias y de los bienes primarios, en otras relaciones económicas de carácter opresivo. Los precios en el sector inmobiliario también se explican a partir del salario, pero nuestros enemigos de clase fascistas ya se atreven contra las libertades democráticas, e intentarán coartar cualquier intento de ejercerlas para defender todo lo que consiguió la lucha obrera del pasado.
Hay oportunidad no para poner "colchones", como he escuchado ya en alguna tertulia. Los colchones sirven para amortiguar. La oportunidad debe ser para preparar una lucha de clases.





