¿Hay ganas de lucha de clases? No miremos para otro lado: defendamos el sistema público de pensiones y la seguridad social

Por Arash

Como el asunto me pilló un poco de cerca, en su día supe que la liberalización del antiguo servicio público ferroviario en España, hoy semiprivatizado, se tradujo primero en una segregación, después de la cual, la prestación del mismo quedó reorganizada en dos áreas diferentes: una dedicada a la administración de la infraestructura -vías férreas, intercambiadores de vagones, estaciones y tendidos eléctricos y otros servicios- y otra a la gestión de los vehículos ferroviarios, los trenes.

Comenzaron con el transporte de mercancías, y luego fueron a por el servicio de los interventores en el transporte de viajeros. Me contaron que la compañía ferroviaria estatal -Renfe Operadora- incluso le alquilaba los trenes a las operadoras privadas a precios asequibles, en vez de vendérselos, con el objeto de ahorrarles el coste de mantenimiento y otros gastos. No cualquier mindundi puede invertir en ese nicho de mercado, así que tampoco viene mal la ayuda de unos gerentes en la administración.

El caso es que algo parecido ha estado ocurriendo en el servicio de la seguridad social, o sea, en el sistema público de pensiones. El Pacto de Toledo, acordado en 1995 por las principales asociaciones patronales, los sindicatos de concertación y todos los partidos parlamentarios, estableció una doble fuente de financiación. El objetivo era "trocear" el servicio, en este caso para facilitar la penetración de las compañías aseguradoras, los bancos y los planes de pensiones privados en general.

Sin embargo, si atendemos a sus principales modalidades, podremos comprobar que todas las pensiones o la gran mayoría de ellas tienen algo en común, y pertenecer a uno o varios sectores caracterizados por la precariedad laboral no puede convertirse en una excusa para que ignoremos su importancia, sobre todo ahora que el confinamiento se ha traducido en que muchos se hayan quedado sin ingresos al haber perdido su empleo. Aspirar a tener una mirada intersectorial implica saber detectar cuál es la realidad de la clase trabajadora más allá de nuestras situaciones particulares.

Estoy convencido de que, de comprender qué es eso que nos une, también en lo relativo al sistema público de pensiones, depende el poder sumarse de manera consciente a quienes están luchando desde esa perspectiva unitaria de clase, y ello incluye a quienes están defendiendo la seguridad social, la de todos nosotros. Si no lo hacemos y actuamos separados de ellos, como si la cosa no fuera con nosotros, estaremos derrotados sin siquiera haber entrado al ruedo, o lo que sería aún peor, habremos estado tirando piedras contra nuestro propio tejado creyendo que apuntábamos al de nuestro adversario.

Si nos detenemos rápidamente en la naturaleza de las pensiones por jubilación, enseguida recordamos que son ahorradas a lo largo de la etapa activa mediante el abono de las cotizaciones sociales, y que las condiciones de solicitud, así como las que determinan la cuantía de las mismas se refieren, en este caso y entre otras, a que se haya cotizado y al tiempo que se haya estado haciéndolo. Por eso las pensiones por jubilación son una forma diferida del salario.

Otro tanto sucede con las prestaciones por desempleo, que se reciben a partir del salario de otros trabajadores, del que provienen sus respectivas aportaciones a la seguridad social, tal y como aparece en esas nóminas que a veces se ocultan en la oficina de Recursos Humanos. Por este motivo, estas prestaciones son una forma indirecta del salario. De igual manera que en la jubilación, las condiciones de solicitud y las que determinan su importe se refieren también a un período cotizado, en este caso de al menos un año.

Las condiciones de solicitud de los dos anteriores tipos de prestación, además de las que determinan su cuantía, son las que hacen de ellas pensiones incluidas en el régimen contributivo de la seguridad social, que se pueden cobrar sólo y en la medida en que se haya contribuido al mantenimiento del sistema público. Otro ejemplo son las pensiones por viudedad, que también dependen, tanto en su financiación como en sus condiciones, de la previa cotización del fallecido.

Por su parte, las pensiones no contributivas son aquellas que se cobran o no en función de otras condiciones que no tienen que ver con el período cotizado, como las pensiones por incapacidad, cuya solicitud y cuantía dependen de otros requisitos. De este último grupo de pensiones se benefician, entre otros ejemplos, los que sufran accidentes laborales, cuyo número se ha visto incrementado en los últimos tiempos de crisis económica, ahorro de las empresas en seguridad y recortes en la administración pública. También quienes lo hayan sufrido fuera de la empresa, habiendo quedado más o menos incapacitados para trabajar, o las familias trabajadoras de bajos ingresos, en función del número de miembros que conviven en el domicilio u otros factores.

La sostenibilidad de este sistema se vio gravemente perjudicada como consecuencia del Pacto de Toledo, y no del envejecimiento de la población, como dicen los tecnócratas con sus argumentos malthusianos y darwinistas, ni tampoco de la "hucha" de las pensiones, como dicen los "progresistas". Me gustaría intentar explicarlo brevemente, de la misma manera que yo lo aprendí de los mayores cuando lo ignoraba.

Hasta que se subscribió el pacto, todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas habían estado sufragadas con las cotizaciones sociales y, además, estaban complementadas con lo que se recauda mediante los impuestos. A partir de entonces, las pensiones contributivas quedaron exclusivamente financiadas con las cotizaciones, mientras que las no contributivas serían únicamente pagadas con los impuestos. El Pacto de Toledo y la segregación o supresión de la caja única tenía al menos una consecuencia, y es que marcaba el futuro de la estabilidad del sistema público de pensiones.

Había aparecido la coartada que ahora sostienen los sindicatos pactistas y los partidos burgueses, plegados a los intereses de las aseguradoras y las mútuas: la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Y es que la redistribución patrimonial hacia las rentas del trabajo en que se traduce el pago de las pensiones era mucho mayor antes del Pacto de Toledo, cuando las contributivas se complementaban a través del sistema fiscal, que es el que realmente obtenía del capital una parte relevante de su renta para asegurar el pago de las pensiones: prestaciones por desempleo, jubilaciones, viudedad, etc.

En su lugar se creó el Fondo de Reserva, en el que se deposita el montante restante que queda de las cotizaciones una vez descontado el gasto en prestaciones, con la supuesta finalidad de cubrir el déficit en los períodos en los que se invirtiera la relación. Pero las pensiones contributivas ya habían perdido la garantía real de su sostenibilidad. Es más, cuando llegó el déficit al fondo de reserva enseguida se aprovechó la ocasión para proponer una nueva reducción de la cuantía de las pensiones, e incluso en 1994 el gobierno creó un nefasto precedente, cuanto decidió "suplirlo" mediante préstamos estatales, en vez de cubrir lo que faltaba con una transferencia de renta.

En definitiva, lo que había ocurrido es que, a diferencia de lo sucedido en servicios como la sanidad o la educación, la seguridad social había sido parcialmente aislada fuera del Estado. Así llegaba a su final una conquista histórica del viejo movimiento obrero del último siglo y medio, cuando se eliminaba de los Presupuestos Generales del Estado una partida propia para garantizar el pago de todas las pensiones, contributivas y no contributivas.

Además, por si no fuera poco, al haberse suprimido la caja única, la financiación de las pensiones contributivas se hizo vulnerable ante la precarización del trabajo, los bajos salarios, el desempleo o el propio envejecimiento de la población. Todo como consecuencia del pacto de 1995, que recuerdo que no se refiere a un aspecto técnico de la producción de bienes o servicios, ni puede reducirse a una cuestión puramente demográfica sino que es una decisión económica y política que se puede y debemos revertir.

Dicho esto, aquí viene lo que quería comentarles. Tenemos que entender que las condiciones laborales particularmente precarias de algunos de nosotros, a quienes nuestros explotadores nos encadenan contratos parciales y temporales a veces incluso varias veces a la semana, no pueden justificar que renunciemos a defender la seguridad social, o que miremos hacia otro lado como si fuera un problema ajeno.

Es llamativo que ante la falta de protección institucional, derivada tanto de la flexibilización del mercado laboral como de los contínuos ataques contra las pensiones durante todos estos años, el gobierno esté desarrollando actualmente un paquete de medidas extraordinarias de socorro social que incluye ciertas prestaciones asistenciales, y que está dirigido a los trabajadores temporales y a las familias con bajos ingresos, pensando en prevenirse ante cualquier tipo de estallido social por la ausencia de salario en este contexto de confinamiento y cierres de centros de trabajo.

Sin embargo, esas prestaciones de emergencia financiadas con el gasto público -la prioridad del gobierno ha sido liberar a las empresas de sufragar el coste económico de la pandemia, con el beneplácito de las centrales sindicales mayoritarias- no las podemos sostener, los trabajadores temporales, si las aislamos de la defensa del sistema público de pensiones, como si no tuvieran nada que ver con la protesta de los jubilados que exigen el fin del Pacto de Toledo o con las movilizaciones de los asalariados en defensa del empleo.

Sospecho que algunos no se terminan de creer que algún día llegarán a viejo, o que no son capaces de imaginar lo que es alcanzar la tercera edad siendo pobre y rebuscando en los contenedores. Espero que sea eso, sumado a la falta de una ya impostergable conciencia de clase, lo que explica la inmerecida indiferencia hacia quienes luchan contra el Pacto de Toledo, exigiendo el reestablecimiento de la caja única de la seguridad social y que se garanticen todas las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, porque la única explicación alternativa que se me ocurre es que se haya aceptado que, después de haber estado haciendo rica a la clase propietaria, hay que resignarse a fallecer sin nada.

Nos estamos jugando una de las conquistas sociales más importantes porque sin ella, la inmensa mayoría de nosotros moriremos con el culo al aire, y los que vengan luego -los que vengan porque tener hijos ahora está complicado en el capitalismo- no lo podrían tener cubierto ni después de dos vidas enteras.

La caja de la seguridad social no duraría nada sin que nadie pagara sus cuotas, de manera que los jubilados cobran su pensión, además de porque la han ahorrado durante su vida, porque los trabajadores ocupados siguen aportando aquellas, y sin aquellas tampoco sería posible imaginar el pago del subsidio a los desempleados que están inscritos en el registro del paro.

También sucede que, frente a la nula capacidad de ahorro de una vasta parte de los trabajadores, que no llegan a final de mes, y frente al limitado ahorro individual de la otra parte, la jubilación es una forma de ahorro colectivo que permite a la inmensa mayoría tener unos ingresos en la vejez que, sin dicho sistema, no tendrían en absoluto.

Todo esto significa que, aunque el sistema de la seguridad social también es progresivo, su principal característica es que actúa como una forma de solidaridad obrera. De hecho, las aportaciones de las empresas son más que exiguas, tal y como denuncian los sindicatos y las organizaciones de clase. Sumarse a esas reivindicaciones por el incremento de sus cotizaciones es sólo una manera de comenzar a involucrarse.

Hasta cierto punto tiene sentido que el movimiento obrero brote circunscrito a ciertos sectores y limitado a determinadas exigencias parciales, incluso directamente relacionadas con la supervivencia, pero hay más razones de las que parece que explican las dificultades de generalizar cualquier núcleo caliente de la lucha de clases. Por si no fuera poco el esfuerzo requerido para buscar el apoyo de otros grupos más amplios de trabajadores, hay una serie de académicos europeos con cierto reconocimiento, habitualmente considerados como "progresistas", que tratan de presentar la segmentación de nuestras reivindicaciones e intereses como si fuera una virtud.

Frente al concepto de la prestación social del sistema público de pensiones, que permite una autoasistencia económica entre ocupados, parados y jubilados, estos referentes liberales de la izquierda oponen la idea de la responsabilidad y la libertad individual en el uso de la renta personal.

Elaborar los argumentos personales a partir de una mirada tan sesgada como esta, vuelve especialmente difícil captar la explotación que hay más allá de la opresión, generándose la ficción de que simplemente se puede "huir" de la realidad desagradable del trabajo o de que el establecimiento de un nuevo tipo de subsidio estatal nos librará de las condiciones contractuales que nos imponen los empresarios. Pero emanciparse del trabajo asalariado y la explotación mediante una supuesta "reforma" fiscal es una completa ensoñación.

El 22 de febrero de 2018, hace ahora dos años, los pensionistas se saltaron en Madrid el cordón de la policía nacional frente al Congreso de los Diputados. Desde entonces, los apagafuegos de la lucha de clases no les han quitado sus ojos de encima, tratando de confundir sus intereses electorales con los suyos propios de garantizar unas pensiones dignas, que también son los tuyos y los míos.

Cuando se busca la respetabilidad de los poderes capitalistas a cambio de la presencia en las instituciones de su Estado, no nos encontramos ante ningún partido que represente, ni de lejos, a la clase trabajadora sino ante uno que se dedica esforzadamente a que los actuales y los futuros pensionistas traguemos con el dichoso Pacto de Toledo.

Exigir la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC es necesario pero no basta porque sin la caja única y la garantía presupuestaria del Estado, el sistema de la seguridad social se terminará arruinando lo suficiente como para que el sector privado y su gobierno de turno ya hayan justificado su privatización en nombre del "bien común" y del "interés general".

La defensa de unas condiciones laborales y contractuales decentes está unida a la del sistema público de pensiones, el empleo y los salarios dignos. Mientras perdure el estado de alarma será difícil cualquier acción, pero si nos olvidamos de conectar las necesidades que tenemos los trabajadores temporales con las reivindicaciones de los que tienen contrato indefinido, y de querer buscar ese frente compartido de exigencias, cuando se reanuden los desahucios, vuelva a cortarse la luz y el gas en los hogares, se tenga que volver a pagar el alquiler y, en definitiva, se vayan relajando las medidas de confinamiento y algunos pocos de los muchos desempleados volvamos a trabajar, nos pillarán tan despistados como siempre y nos golpearán en todo lo que no quisimos comprometernos de manera solidaria: pensiones, empleo, salarios y contratos. Eso sin contar los recortes sociales y las nuevas privatizaciones del maltrecho Estado del bienestar que conoceremos cuando la deuda interna privada se convierta en deuda pública.

Y por supuesto, hay que evitar a toda costa que el debate se desplace desde la necesidad de sostener todo el sistema público de pensiones, que es gestionado por el servicio de la seguridad social, hacia el servicio de la seguridad social en sí mismo, al que los liberales de izquierda y cosas peores acusan de burocrático.

El argumento que manejan quienes juegan en este campo es que parte de las recaudaciones fiscales con las que el Estado paga a los empleados -funcionarios- de la administración de la seguridad social, se pierden por la "ineficacia" derivada de la condicionalidad de las prestaciones, restándose de las ayudas que los "ciudadanos" deberían recibir sólo "por el simple hecho de ser humanos".

De ahí la incondicionalidad que defienden en el tipo de prestación que promueven, con el que creen que debe reemplazarse al sistema público de pensiones y la seguridad social. No lo digo yo sino ellos, tan literal como lo están leyendo. Philippe Van Parijs, Rutger Bregman, y el español Daniel Raventós y compañía.

En el fondo, tras el ropaje universalista con el que se visten, lo que va realizándose de su utopismo de cortos vuelos no vaticina nada más que un subsidio para pobres, como en la caritativa Inglaterra del siglo XIX, sólo que en versión laica.

Se avecina un año desapacible

Por Arash

Es evidente, y una jugada muy hábil por su parte, que Pedro Sánchez, a quien últimamente veo muy cómodo y tranquilo en su tribuna presidencial cuando retransmiten sus embaucadoras comparecencias, está dosificando poco a poco la información de la duración de la cuarentena, que se prorrogará durante semanas y probablemente meses.

Está siendo igual de recatado en transmitirla que al comenzar a establecer el confinamiento con la declaración del estado de alarma, cuando desde las instancias científicas se nos avisaba de la posible propagación de la enfermedad y de la necesidad de tomar medidas urgentes para contener el crecimiento del número de infectados. El conocimiento público de dichos avisos a través de los noticiarios e informativos actuó como la válvula de control del gobierno en el flujo de esa información.

Por otra parte, muchos de esos trabajadores a los que increpan los gilipollas y centinelas parapoliciales de las terrazas, que bien podrían volver a encerrarse en las cloacas de las que se han asomado antes de manifestar sus "inteligentes" opiniones, acuden a sus puestos por imperativo legal, porque si la empresa no quiere cerrar sus instalaciones el contrato laboral les obliga a presentarse allí, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Hay algunos a quienes este gobierno de progres, por los progres y para los progres no desea molestar demasiado. A menos medidas de contención y a más demora en la aplicación de las que se lleven a cabo, más rapidez en la propagación de la pandemia y más carga de pacientes en los hospitales, y menos tiempo hasta llegar y sobrepasar el "pico" de nuevos contagios, porque hay un mayor coste humano que en muchísimos casos se está pagando con una muerte evitable, sin camillas ni respiradores. Buscar el equilibrio adecuado es una gran terapia de choque contra la expansión de la pandemia, si pensamos en el capital.

Lo reitero: a excepción de la curva de contagios, que es una cuestión que se puede entender sin ser un primor en la materia, del mismo modo que se puede comprender que la tierra es esférica y está achatada por los polos sin necesidad de haber estudiado en la NASA o ser astronauta, lo criticable en todo caso, desde el punto de vista de quienes no somos médicos está en la gestión de la irrupción del virus, no en su naturaleza contagiosa ni en la biología del ser humano (el efecto sobre la salud depende de la edad o el padecimiento de patologías previas, por el estado del sistema inmunitario) ni mucho menos en las creencias de los conspiranoicos que son eso, simples creencias. Pero qué sabré yo de curvas platicúrticas y mesocúrticas ni de la influencia que tienen las medidas que se tomen o se dejen de tomar: si estás en contra de este gobierno, estás a favor del virus.

Quienes sí debe pensar el presidente, con razón, que son poco espabilados son bastantes de sus electores, porque ya les ha recordado veintisiete veces que el virus no discrimina por territorios (estaría pensando en los nacionalistas catalanes, molestos por la concentración de funciones en el gobierno central), por ideologías (íd agarrandoos los huevos o lo que tengáis a mano con independencia de que les hayáis votado o no) o por clase social, y no parece que ciertos contingentes de aquellos -en particular los "radicales" votantes de Unidas Podemos, que son la tendencia- hayan dejado de poner en práctica su especial habilidad para encumbrar en el Tonter u otras redes sociales a su gobierno de coalición, deslizando toda la responsabilidad política hacia los de las anteriores legislaturas y, en general, eludiendo la de ese al que eligieron en las urnas: otra práctica de la nueva política que han asumido, como la de aceptar el incumplimiento de las promesas hechas en campaña. Me pregunto si habrán reparado en la posibilidad de que todo aquel que busque legitimar sus insuficiencias políticas trate de presentarlas como sucesos inexorables que escapan a su control.

Hablar del coronavirus sin tener ni idea de lo que se dice -Pedro Sánchez la tiene- y contradiciendo la palabra de los médicos está mal, fatal. Creer que la expansión de la pandemia en el país ha cambiado la orientación política del gobierno desde sus intereses de clase hacia el interés general, lo mismo, y quien así lo crea por alguna de las medidas que ha aprobado o diga que vaya a aprobar alguno de los de Europa o el planeta entero, como ciertas estatalizaciones de empresas que se lo haga mirar, porque ignora la naturaleza del Estado y que la burguesía también puede planificar la producción, de acuerdo a sus necesidades particulares. Sánchez, por cierto, no es un experto pandemiólogo, aunque sus constantes menciones a la naturaleza del virus permitieran bromear con ello, sino que tiene su propio equipo de asesores.

Seguramente nada volverá a ser como antes, como no lo fue después de la época fuerte del terrorismo, del 11-S en Nueva York o del 11-M en Atocha. Cuando se terminó, muchas de las medidas "antiterroristas" que se implementaron continuaron vigentes o presentes de alguna manera en los ordenamientos legales.

La Comunidad de Madrid (PP), por ejemplo, y el gobierno estatal que parece que replicará su iniciativa a nivel nacional, promovió una primera versión pública y descargable de su aplicación de autodetección del coronavirus (CoronaMadrid) que, además de la posibilidad de la geolocalización por satélite, exige la recolección de datos personales sin anonimizar con dudosas finalidades. Aunque han sacado una versión posterior para suplir sus carencias legales y su incumplimiento del Reglamento de la Unión Europea relativo a la minimización y el tratamiento de los datos (ahora estarían sin anonimizar sólo mientras durase la emergencia, antes ni siquiera se ponía límite), muchos de ellos son excesivamente intrusivos y siguen pudiendo ser cedidos a la empresa privada y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un progre al que le ha ido bien en la vida, Chema Alonso, actual CDCO (Chief Digital Consumer Officer) de Telefónica, experto en ciberseguridad y defensor de la iniciativa, diría que no es momento de críticas, y se quedaría más ancho que largo.

La medida está inspirada en otra análoga implementada en Corea del Sur, que según algunos que pensarían con cinismo que se ajusta a un modelo preventivo "caracterizado por la prevención y la colaboración ciudadana", es parte de un "ejemplo de civismo y gestión eficaz" frente al modelo autoritario y militarista de China. No dudo de que haya países más autoritarios que otros, pero que a esa valoración se la haga depender de la mayor o menor afinidad de sus gobiernos por el de Estados Unidos, la UE, la OTAN y en definitiva uno de los polos del imperialismo, como tienden a hacer George Soros, la Open Society, la Freedom House y las oenegés de globalistas liberales y ultraliberales -mayoritariamente financiadas por los republicanos y los demócratas- es un truco repugnante muy viejo.

China es otra dictadura capitalista, y no estaba pensando en los manifestantes derechistas y ultraderechistas de Hong Kong, que buscaban algo más parecido a un Estado como el de Taiwán, en donde pervive cierta herencia cultural de la dictadura del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) y en donde tienen su propio mausoleo de exaltación fascista dedicado a Chiang Kai-shek, como el Valle de los Caídos en España. Yo estaba pensando en los obreros y los estudiantes de la parte continental que pusieron en aprietos al partido "comunista" oficial en las calles hace dos años, frente a la represión del gobierno y la policía, porque allí también hay explotación en los centros de trabajo y las organizaciones comunistas de ese país están en la clandestinidad.

En las sociedades occidentales, cuya confianza en la democracia no tiene límites, es más habitual que los poderes fácticos divulguen el miedo a través de sus medios de comunicación de masas (son los primeros que inauguraron el estado psicológico de alarma pero que nadie se engañe con sus intenciones porque no son desinteresados), lo que puede convertir a ciertos individuos en una especie tenebrosa de vigilantes confinados que aplauden agresiones policiales desde las alturas como bestias en un anfiteatro romano, de esos que se ven en algunos vídeos que circulan por las redes sociales y los teléfonos móviles e incluso, en general, sembrar la aceptación y la resignación social ante el previsible horizonte de sucesos del senil capitalismo en plena crisis y descomposición.

Espero que nadie se haya confundido durante su lectura, y haya creído que reconocer la actual coyuntura como una ocasión en la que se podría aprovechar para intensificar aún más el control de la población en sus desplazamientos o en sus actividades, erradicar conquistas sociales, restringir libertades básicas, y lobotomizar a unos cuantos sujetos más en un sentido autoritario, mientras se siembra cierto sentimiento de "unidad" (el otro día al presidente le saltó la vena patriótica en uno de sus discursos televisados) que no pasa desapercibido para nadie, significa negarse a asumir la enorme importancia de conseguir que la pandemia no se extienda aún más y comience a remitir, así como la de respetar ciertos protocolos que sirvan a tal fin.

El confinamiento en nuestras viviendas durará lo que dure, pero hay un efecto añadido e innecesario en la irrupción de este virus que es necesario cuestionar, aunque a algunos no les guste. Una parte del mismo ya lo está experimentando un sector de la población, particularmente en los pasillos de los hospitales, y el otro aún está por ver.

La huelga feminista y el 8 de Marzo desde la perspectiva de género

Una vieja viñeta de El Roto,
en El País del 25 de mayo de 2018

Por Arash

Es una tendencia entre las nuevas generaciones creer que todo acto es político. En unos tiempos en los que la misma idea de la política ha sido tan banalizada y embrutecida, cualquier ocurrencia puede ser presentada como una gran hazaña hacia la consecución del fin instrumentalizado, cuando lo que les importa a sus instigadores es, en el más ambicioso de los casos, el crecimiento de la muchedumbre que lo pueda secundar. Los mesías quieren crear un movimiento tras de sí, y los seguidores quieren gratificar su deseo de pertenecer a algo superior.

De lo que sí suele ser buen ejemplo cualquier convocatoria o acción extraída del original y creativo erario del activismo contemporáneo, ya sea mearse en mitad de la Gran Vía de Murcia o descolgarse por la fachada de un edificio, es de un acto simbólico. Y precísamente por eso podrían intercambiarse por cualquier otro performance, así como aquello que se presenta como la finalidad del mismo, sin mayores consecuencias.

Uno de esos performances fue la huelga feminista del 2018, del que se cumple ahora su segundo aniversario, y que bien podría haberse quedado en la convocatoria de la manifestación que se produjo el mismo día, ya que lo suyo eran las visibilizaciones.

Porque la manifestación fue multitudinaria, pero la huelga apenas tuvo seguimiento, tal y como se desprendió de la información de la Red Eléctrica Española, que midió el consumo en las empresas y en los hogares aquella jornada. Pero los medios de comunicación, que la habían estado promocionando durante semanas, como no habían hecho nunca con ninguna otra, convirtieron el agua en vino y la presentaron como un exitazo en los titulares y noticiarios de ese y el siguiente día. No está mal hacerse preguntas.

Por si le interesa a algún curioso de esos que casi no quedan, los que se niegan a seguir la corriente hegemónica, la huelga general del 29 de marzo de 2012 se tradujo en la reducción de un 16% en la demanda energética del país, mientras que la huelga del 8 de marzo de 2018 no la alteró.

Aunque no lo necesita para justificar su pertinencia, la huelga, más allá del experimento feminista, no siempre es política. De hecho no suele serlo, e incluso en algunos países está tipificada cuando se la percibe como tal. Es el caso de España, en donde también se la prohíbe cuando sus convocantes pretenden segregarla en función de un criterio que no sea ni el sectorial ni el territorial.

Esto podría haber puesto en aprietos a la comisión que la convocó aquel 8 de marzo, porque aquella era una huelga de género, y estaban llamadas a secundarla las mujeres, tanto la empresaria como la empleada que trabaja para ella. Pero los sindicatos que se sumaron aseguraron su legalidad, al pretender redirigir el evento y convocar a los trabajadores de ambos sexos, eliminando así el efecto jurídico de la discriminación.

Curiosamente, ese intento de redireccionar la convocatoria original desde el sindicalismo se limitó a cuestionar esa segregación, y dichos sindicatos, no sólo los de las centrales mayoritarias -UGT y CCOO- sino también los alternativos, que también la apoyaron, asumieron todos ellos el planteamiento simbólico de la huelga.

La huelga es la principal acción sindical. Por supuesto, los sindicatos también hacen otras cosas, pero aquella es fundamental porque siempre ha estado unida a la defensa de las necesidades materiales más inmediatas de los trabajadores en el capitalismo, desde que el salario se impuso en las relaciones de producción. Esto es precísamente lo que ha hecho respetable al movimiento sindical, si no consideramos el modelo de la aristocracia obrera instalada en el corporativismo. El problema es cuando esas reivindicaciones brillan por su ausencia, y en consecuencia, desaparece esa defensa de la integridad del sujeto político en que se significan.

A la larga, un paro en la producción lo ganarían generalmente los empresarios, porque su capacidad patrimonial es superior a la de los trabajadores que lo llevan a cabo. Leerse una novela como la que escribió Émile Zola, Germinal, o bien visualizar su versión cinematográfica, que representan bien lo que uno se puede llegar a jugar en la huelga y que otros prefieren ignorar, les vendría bien a aquellas y aquellos que en vísperas de aquel 8-M discutían en las redes sociales si la huelga es un medio o un fin.

Otra cosa diferente es que los empresarios, que ocupan una determinada posición en el mercado como oferentes del producto laboral, se vean durante una huelga, o ante la amenaza de la misma, en la disyuntiva de ceder ante las reivindicaciones salariales que se plantean, para que la producción vuelva lo antes posible a la normalidad y puedan reanudar la generación de sus ganancias, o bien negarse a hacerlo y continuar arriesgando su posición frente a la de sus competidores. Pero ya hemos dicho que la huelga feminista era una huelga simbólica: por eso fue facilitada y obtuvo gestos de apoyo desde el empresariado de las pymes, y también desde de los monopolios, desde la iglesia, desde la monarquía, desde los medios de comunicación. Algo nunca visto hasta la fecha.

La "brecha salarial", que las feministas denuncian desde la perspectiva de género, tampoco era ejemplo de ningún hipotético carácter reivindicativo de la huelga, como no lo sería una exigencia por el compromiso verbal, ni siquiera por escrito, para que una patronal afirmara querer mejorar las condiciones de vida de los trabajadores empleados por sus asociados, así en literal y sin más detalle. Si una huelga se planteara así, en esas condiciones tan generalistas, correrían a firmarla los patronos. Y algo así es lo que pasó con la huelga del 8-M, que se ganó la simpatía de los sectores del poder antes citados. En una huelga de clase, sus instigadores jamás delegarían la responsabilidad de concretar sus reivindicaciones a los empresarios, sino que tratarían de asumirla.

El manifiesto que sirvió de convocatoria al público era una macedonia de referencias hacia cuestiones absolutamente de lo más diversas. No me refiero a ninguna de las realidades puntuales que mencionan, por terrible que sea alguna de ellas sino a la manera en que son presentadas, en la línea de ese estilo típico de algunos panfletos y publicaciones incendiarias de las redes sociales, desde las que se busca aprovechar la capacidad del lector para imaginar aquello que más le satisfaga durante su lectura, mucho más que la concreción de las ideas y la claridad expositiva en la transmisión del mensaje, y que contribuyen a crear un estado de efervescencia colectiva y a divulgar la identidad.

Hay muchos ejemplos en los que se podrían concretar las reivindicaciones salariales de una huelga de clase: cuando no se reconoce una categoría profesional pactada en el convenio, o la relación jurídico-laboral en los casos de contratación en fraude de ley, cuando no hay contrato o ante su ocultación en la oficina de Recursos Humanos, al producirse una variación en el sueldo debido a una reconversión en la empresa, para lograr la readmisión de una plantilla despedida tras una inversión tecnológica, o para que se paguen las horas extras no pagadas o mal pagadas.

La discusión misma de la llamada "brecha salarial" requeriría, en todo caso, un análisis serio de la cuestión y no sociología barata. Otra cosa son los tipos de contrato, la categoría profesional o el sector de actividad, diréctamente relacionados con la renta salarial personal pero de ahí a intentar justificar el patriarcado hay un trecho bien grande.

La perspectiva de género no parte de la consideración de las relaciones salariales y el papel que juegan en la producción, por mucho que se las pueda mencionar superficialmente, sino de una dicotomía mediante la que se busca la manera de desplazar el conflicto social desde la contradicción capital-trabajo y la lucha de clases hacia el interior de la clase trabajadora, de ahí la obsesión por la "brecha salarial" y no por la diferencia entre salarios y beneficios y su participación relativa en la renta nacional.

Por eso el llamamiento a la huelga feminista también intentó extender el paro en el sector de los cuidados, que es tan importante como los demás, en los casos no condicionados por las relaciones salariales. Es decir, en el hogar propio, para entendernos. Era coherente con la perspectiva del género: puestos a convocarla, tenían que intentar que las mujeres trabajadoras se abstuvieran de desempeñar las tareas domésticas durante la jornada.

Es así que se ponía de manifiesto el carácter insolidario de la huelga de cuidados, no ya por la falacia que esconde el recurso a una acción de confrontación, que es a la que se refería la ilustración del agudo viñetista que encabeza esta entrada sino porque, para poder sostener en el tiempo una huelga de clase, realmente combativa y reivindicativa, es necesario el reparto del tiempo de trabajo doméstico, entre otras muchas cosas el que se dedica al cuidado de los niños.

Al mismo tiempo, la alusión al "techo de cristal" ya era directamente la expresión grosera de la aspiración de una minoría de mujeres para entrar a formar parte de los consejos de administración de las empresas, y alcanzar ocupaciones de directivas y empresarias, en donde se concentran las rentas más elevadas, mientras las demás siguen trabajando duro, en ocasiones bajo las condiciones laborales que se imponen en la hostelería, o en la industria alimentaria, parasitada por empresas de trabajo temporal.

Aún hay por ahí quienes dicen que la empresaria tiene más sensibilidad con sus empleados. Como Sol Daurella Comadrán, la de los despidos masivos en la planta embotelladora de Coca Cola en Fuenlabrada.

Y ahora a celebrar el 8 de Marzo. Hay muchos días en el año para celebrar performances, huelgas de género y demás actos simbólicos, pero el día internacional de la mujer trabajadora ya ha sido reconvertido en una de estas jornadas tan desclasadas, modernas y creativas.

Desaprovechada la acumulación de fuerzas en Venezuela y América Latina

Desfile del 208º aniversario de la independencia, 2019
Fuente: PSUV

Por Arash

El republicanismo bolivariano fue la expresión de un movimiento de raíces liberales nacido contra los restos del colonialismo español. Tiempo después, el comandante Hugo Chávez inauguró el liderazgo de un movimiento cívico-militar que substancializó una nueva lectura de la lucha anticolonial de Bolívar, pero este acabó en malas manos: el socialismo terminó siendo solamente una retórica ocasional, y en el terreno de los hechos no se alejó demasiado de sus orígenes.

A modo de balance se puede decir que la dirección del proyecto terminó renunciando a cuestionar en sí misma la estructura de clases, limitando su alcance político al de la distribución de la renta sobre dicha estructura y sin haberse replanteado nunca seriamente la cuestión del poder real, más allá de la representación.

La nacionalización del sector petrolero no comenzó en 1999, con la constitución de la República Bolivariana. Lo que hizo el gobierno de Chávez fue establecer el control estatal de los precios del petróleo a la venta en el mercado internacional, pero fueron los gobiernos antisociales de la cuarta república los que estatalizaron no la exportación, sino la extracción e incluso la refinación del crudo.

El sistema productivo basado en la exportación de ciertas materias primas agrícolas, en que se fundamentó el imperialismo colonial español, había dejado paso desde mediados del siglo veinte a otro basado en la exportación del petróleo, y esa fue la gran barrera que habían de derribar los trabajadores y las capas subalternas de la población, que fueron abandonando el campo y alojándose en las ciudades. Pero el sector petrolero como eje de la economía nacional era una moneda de dos caras, porque aunque la producción de crudo y refinado a partir del subsuelo marino requiere cierto grado de inversión tecnológica e industria para poder llevarse a cabo, el desarrollo de esta última estaba hiper limitado por la burguesía imperialista, que necesita mantener bajo control a sus proveedores y materias primas para asegurar su preeminencia en la manufactura de los derivados del petróleo y en la producción mundial.

No sólo en Venezuela, sino en toda América Latina, el imperialismo moderno se estaba basando en las nuevas políticas y economías extractivistas del subcontinente, o sea, igualmente radicadas alrededor del sector primario. Cambiaba la estructura de clases, pues, pero esta no desaparecía lo más mínimo, ni siquiera cuando luego se redujo de manera importante la desigualdad en el reparto de la riqueza, con las políticas implementadas tras el acceso del MVR (Movimiento V República) al gobierno en las elecciones al congreso de 1998, en coalición con otros partidos. Durante este período, desde mediados del siglo anterior, Estados Unidos había reemplazado en su posición a España en las relaciones internacionales con estos países.

El MVR, que había renunciado a la táctica del golpe militar después de 1992, se planteó la ejecución de una reforma constitucional a través de la vía parlamentaria. Su objetivo inmediato era una refundación jurídica del Estado que actuase de marco legal en el que llevar a cabo el susodicho proyecto de reformas sociales. Las políticas del gobierno bolivariano, una vez constituída la quinta república, se basaron en la subvención de las pensiones públicas, la sanidad universal, la vivienda social o la educación a partir de la redistribución de la renta petrolera.

En otras palabras, se intentaba enfrentar la distribución propia del mercado interno de bienes y servicios mediante un sistema "paralelo" de gasto público. Se trata del socialismo de Estado. Los economistas suelen hablar, significativamente, de distribución primaria y (re) distribución secundaria para expresar la relación jerárquica y de subordinación entre ambos sistemas, quizás porque conocen bien, mucho mejor que los propios movimientos, partidos y gobiernos que los impulsan, cuáles son las limitaciones de los proyectos que dicen pretender una transformación radical de la sociedad pero se mueven en la dialéctica mercado-estado.

Esos planteamientos políticos que en Venezuela o, sin llegar a ser un fenómeno de gobierno, en Colombia (desde la oposición) y en menor medida en Ecuador (en coalición con el gobierno ciudadanista de Rafael Correa, luego de Lenin Moreno), se expresaron en la forma propiamente bolivariana, tuvieron otro aspecto formal en el país latinoamericano con la mayor proporción relativa de población indígena, en donde se reprodujo el mismo tipo de errores.

En Bolivia tenían su equivalente reformista indígena de las Misiones Bolivarianas, con la redistribución de las rentas minerales y de hidrocarburos hacia los sectores sociales más empobrecidos. Chávez no se inventó el "socialismo del siglo XXI" pero este adquirió una gran difusión internacional durante su liderazgo, influyendo en toda la región.

Mientras ocurría todo esto, la pequeña burguesía formada en la universidad evocaba a la Pachamama en mitad de una asignatura académica de ciencias sociales o en sus quehaceres "activistas", con la intención de confundirse a sí misma con el campesinado en lucha de los países andinos, amazónicos y caribeños de América Latina, que han venido padeciendo la escasez con la complicidad de sus gobiernos oligárquicos. Para colmo, lo hacía para vender su chatarra ideológica del decrecimiento, el antidesarrollismo o el minimalismo existencial, como si burlonamente estuvieran haciendo de aquello que oprime a los pobladores locales de la periferia su propia bandera, mientras se etiquetan a sí mismos como revolucionarios.

La idea reificada de la naturaleza es parte de la herencia religiosa de la población amerindia, y en lugar de querer entender el proceso sociopolítico en su propio contexto cultural y comprender, hasta compartir las justas razones y los motivos del mismo, aquella lo asumía como el suyo propio (multiculturalismo) y encima todavía se atreven a trasladarlo hacia Europa como si fuera políticamente válido.

Si alguno justifica las deficiencias de su propio mandato y gobierno en el nombre de Cristo, y no me refiero en esta ocasión a la ultraderecha boliviana, representada por Jeanine Áñez y que no se ha quedado precisamente corta en su extremismo y fanatismo, sino al mismo presidente venezolano, Nicolás Maduro, los tontos y pedantes postmodernos -qué manía de intentar dignificar la religión y el nacionalismo cuando son minoritarios o exóticos- pretenden visibilizarse y alcanzar notoriedad entre sus seguidores en nombre de un supuesto equilibrio de la naturaleza. Pero católica-cristiana, o indigenista-naturalista, la falacia que defienden no se diferencia demasiado la una de la otra, y menos por las consecuencias económicas o materiales que le acarrean a aquellos a quienes no representan ni se asemejan lo más mínimo en sus formas de vida por mucho que digan que les gustaría, que son los amplios segmentos de la población en los países del capitalismo dependiente.

El caso es que lo más importante de las reformas emprendidas no eran estas en sí mismas -ninguna conquista social prevalece a la larga en el capitalismo, como también se corrobora en Europa- sino el fortalecimiento del vínculo entre la clase trabajadora y demás mayorías populares de las ciudades y del campo -principales beneficiarias de aquellas- con los susodichos gobiernos que las impulsaron, por la capacidad de profundizar los contenidos del programa político y adelantar su realización.

A lo mejor sectores más o menos amplios de las mencionadas capas populares consideraban que dichas reformas eran o debían ser el eje vertebral del proyecto, aunque en realidad, de lo que se trataba era de haber cuestionado la estructura productiva, dando mayores cuotas de control de la producción a los trabajadores y aprovechando la inercia política de semejante apoyo popular, uno del que crecientemente carecen los mencionados gobiernos en la actualidad ante el auge descontrolado de las derechas.

Pero si la llegada de Chávez a la presidencia del Estado venezolano fue la señal de cómo se abrieron las puertas de la revolución bolivariana, estas fueron cerradas de nuevo de la mano del pusilánime dirigente que le sucedió. En Ecuador, la "revolución ciudadana" de Correa ni siquiera pudo nunca haber sido tal cosa a pesar del nombre, a diferencia de la revolución en Venezuela, que sí pudo pero tampoco fue.

Aquello que más valía la pena en el proceso bolivariano no era la distribución estatal de los ingresos, bienes y servicios, aunque fuera en su característico sentido progresivo, ni siquiera el sistema electoral, por positivo que fuese en su contexto nacional, sino el reconocimiento jurídico de las Comunas y los Consejos Comunales, con las que el Estado institucionalizó su relación mediante la creación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, y sin las que la democracia radical, que inspiró el proyecto republicano y bolivariano, hubiera sido puro humo de distracción y demagogia oportunista, como de hecho lo es aquí en España.

Se tratan de organizaciones vecinales de las masas orientadas hacia la gestión de las empresas por sus propios trabajadores, a las que la Constitución Bolivariana todavía vigente dedica alguno de sus apartados de manera relativamente amplia, y que podían haber sido el germen de un hipotético futuro poder socialista.

Pero ya es tarde. Las respuestas de los últimos años contra el golpismo derechista no han contado con la participación que tuvieron durante las legislaturas de Chávez, en las que la movilización popular fue prácticamente total. Algo parecido le ha ocurrido a Evo Morales y el gobierno del MAS, a quienes les terminaron retirando su apoyo desde la Central Obrera Boliviana, principal organización sindical del país. ¿De verdad Maduro, desde la presidencia, pretende convencer a alguien de que la clase obrera está traicionando a estos gobiernos?. ¿No será que estos últimos han evadido la responsabilidad que dijeron o insinuaron asumir ante aquella?

Maduro, en vez de contribuir a desarrollar las Comunas y los Consejos Comunales en su país, trata de asignar a las masas más representación en la institución legislativa del Estado. En los momentos más críticos del proceso bolivariano, cuando el apoyo de las bases ya estaba seriamente en entredicho, su gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente, una medida que podía ser o no plenamente legal y compatible con el ordenamiento jurídico de la república pero que era completamente innecesaria.

Así es como ha terminado ese intento de avanzar hacia una República Popular, comenzado en 2008, cuando se fundó el nuevo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alrededor del viejo MVR. El liderazgo confunde intencionadamente el poder popular con el sistema de representación, lo que tiende a alargar el mandato presidencial tras la apariencia de un gobierno representativo de los sectores populares, y que en realidad lo es de los intereses de la boliburguesía, surgida al calor de los arañazos a la renta del capital financiero global, poco dañinos para este último en su conjunto pero muy lucrativos para aquella fracción en particular, que se benefició de la mayor parte de esa redistribución internacional.

La alternativa a ese gobierno formalmente popular, que previsiblemente escenificaría un pacto con los sectores moderados de la oposición antichavista vía "constituyente", sería la de un cambio "brusco" de gobierno, ya que la posibilidad de un golpe "blando" e incluso "transparente" está allí descartada debido a la presencia de la Milicia Bolivariana, que se encargaría de hacerlo explícito y se sumaría a los militares profesionales de la FANB para detenerlo.

En ese caso, y si el hipotético golpe tomara la forma de una abierta guerra de agresión imperialista, el gobierno estadounidense ni siquiera tendría que ensuciarse las manos demasiado, al menos ante el grueso de la opinión pública mundial. Después de la nefasta intermediación de los gobiernos de Cuba y la propia Venezuela en la negociación exitosa del desarme de las FARC, podría delegar en el Estado colombiano una hipotética intervención militar sin represalias en su retaguardia.

Mientras los acontecimientos siguen su curso y Venezuela se debate entre sus posibles y poco gratificantes opciones, en España unos se alinean con el guarimbero autonombrado presidente, otros con el del pajarito, y otros buscan el término medio entre los dos, por qué no. En unos casos se trata de mantener en el redil parlamentario y electoral a quienes siguen discutiendo sobre aquello que se programa en las tertulias y los platós, en vez de elaborar su propia agenda. En otros, simplemente de no desaparecer del mapa de siglas ante su completa irrelevancia.

De las regiones y Estados "colchón" como laboratorio político

Arriba, refugiados españoles hacia el campo de Argelès Sur-Mere.
Abajo, valla de Melilla y naufragio frente a la costa italiana.

Por Arash

En el imperio carolingio, las marcas o marquesados constituían un tipo de dominio feudal como los ducados, las baronías o los principados, sólo que aquellos se establecían exclusivamente en zonas que hacían frontera con territorios en los que el emperador percibía una amenaza potencial contra su gobierno, y estaban administrados por marqueses.

Ahora parece que las cosas son de otra manera distinta, y también parece que las relaciones internacionales se basan en algo diferente, sobre todo cuando uno comprueba con asco las represalias del gobierno de un Estado de derecho contra quienes se solidarizan con los inmigrantes que cruzan el Mar Mediterráneo, y que vienen a Europa por otras muchas rutas migratorias más, especialmente desde Grecia y por los Balcanes.

Tipos como Matteo Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría o sus aspirantes en España, son unos ultranacionalistas y racistas que no alcanzan la naturaleza criminal de Franco, Hitler o Mussolini, quizás porque todavía se están erigiendo las condiciones que lo hagan posible, y el fascismo no es lo que los progres creen y dicen que es.

Sin embargo, me da a mí que las democracias europeas también los necesitan y utilizan como pantalla de cuarentena de sus políticas internas y externas de cara a la opinión pública, para hacer el trabajo sucio que, en estos momentos, consiste en el control estricto y ejemplar de la protesta social ante las condiciones económicas denigrantes, así como en la detención de las hordas de migrantes que huyen con desesperación de estas y de la guerra, quedando aquellas como una segunda línea en la que lavarse las manos, al menos mientras puedan sostener su mentira y sigamos dejando que lo hagan.

Creo que el gobierno italiano de Salvini, sin ir más allá de la Europa occidental, se ha hecho destacar en un aspecto y en el otro, tanto en su voluntad represiva como en la dureza de sus políticas migratorias, y que en este sentido constituye un referente para la Unión Europea.

En un contexto todavía mucho más precipitado que el actual, las democracias europeas ya actuaron así en 1936, cuando subscribieron el Pacto de No Intervención en la guerra que le declararon a una república de la periferia en la que conocimos muchas conquistas históricas y una gran actividad política y sindical. Pero cuando el malestar alcanzó plenamente el corazón de Europa esas democracias actuaron ya sin miramientos como puente directo hacia la locura colectiva, y esa pantalla de cuarentena se rompió.

El Primero de Mayo en París que transcurrió justo después del comienzo de la sublevación contra la segunda república de España, fue testigo de una denuncia social masiva ante la falta de implicación de casi todos los gobiernos europeos en su ayuda, pero la amnesia generalizada ha levantado en la actualidad una nueva pantalla de cuarentena en el continente, de manera que ahora se ha llegado a creer que la segunda guerra mundial terminó gracias a los Estados Unidos y los países de su órbita. La agencia francesa IFOP ha estado realizando consecutivos sondeos al respecto.

En Francia, no la de Vichy sino la democrática, el gobierno metió a medio millón de antifascistas agotados recién llegados del combate en campos de concentración, antes que Hitler, previa deportación de vuelta a la España franquista. En lugares como Argelès Sur-Mer murieron centenares de ellos por inanición y deshidratación, entre los malos tratos de la gendarmería francesa. Entonces aún se creía que existían gobiernos amigos más allá de los Pirineos pero la verdad es que sobraban y sobran la mayor parte de los dedos de una mano para contarlos. Ahora se hacen conmemoraciones oficiales e institucionales en Francia por el exilio español.

En la época era presidente Edouard Daladier, de quien corre la cuenta de buena parte de la responsabilidad por tan digno trato a los refugiados, y quien terminaría siendo el máximo mandatario de la Francia colaboracionista, el mariscal Philippe Pétain, había sido nombrado por el propio Daladier como el embajador con Franco, antes siquiera de que hubiera terminado la guerra civil.

El británico Neville Chamberlain había hablado significativamente de la «política del apaciguamiento», y no estaba pensando precísamente en el nacionalismo y la guerra cuando mencionaba aquello. Tengo claro que si no acabó optando para presidente de un gobierno abiertamente colaboracionista, como sí que lo hizo su homólogo francés con éxito, fue debido a que el boicot contra la segunda república española, generalizado en Europa, se sumó en Francia a la gestión del exilio de los refugiados, a quienes percibían como una amenaza.

La tercera república francesa, la misma que acabó con los trabajadores insurrectos de la Comuna de París, y que los abandonó en vísperas de la segunda guerra mundial cuando más hubieran podido agradecer su ayuda, no pudo soportar tal crisis de legitimidad y entonces se le separó una administración paralela firmemente decidida a colaborar con la sinrazón.

El nivel de la mentira alcanzó proporciones épicas con otros oportunistas que también veían con buenos ojos el éxito de los regímenes alemán e italiano, pero que jugaron mejor sus cartas. Los querían "lejos", o al menos más lejos de lo que lo deseaban Chamberlain o Petain, y he ahí lo que tenemos que agradecerles. Se trata de personajes de la talla de Winston Churchill o Charles De Gaulle, que son el uno al otro lo que Chamberlain a Pétain.

Aquellos dos primeros, Churchill y De Gaulle, representaron la "resistencia" exterior, que en Gran Bretaña fue casi la única existente ya que la guerra llegó allí sólo en parte, con la batalla aérea de Inglaterra, mediante la que los nazis trataron de preparar un posible desembarco anfibio conocido por los estudiosos de la materia como la Operación León Marino.

Al final, el desembarco fue al otro lado del Canal de La Mancha, lejos de España, a un año de terminar la guerra, en 1944 y dos años después de que hubiera concluido la batalla de Stalingrado en 1942, en la que murieron un millón y medio de personas entre militares profesionales, milicianos, y refugiados que huían del horror hitleriano. Merece la pena detenerse en la mencionada batalla de Inglaterra porque si los nazis hicieron allí su escabechina con sus letales bombardeos, los británicos y los estadounidenses perpetraron su propia masacre en Dresde en 1945, tras la que dejaron a 25.000 muertos sobre el asfalto en una cruel y sangrienta guerra en la que el enemigo a batir ya había sido derrotado.

Varias fueron las ciudades de Alemania oriental que resultaron salvajemente devastadas al final de la guerra, tras el paso de los bombarderos angloamericanos, a sabiendas de que iban a quedar en el ámbito de influencia de la URSS.

Luego vendría Hiroshima y, más tarde, por si no había sido suficiente, vino Nagasaki, cuestión al respecto de la que recomiendo encarnecidamente la visualización de un viejo documental emitido por la TVE, tan duro de ver como esclarecedor, para que se entienda el tipo de intereses con los que se enreda el compromiso de estos gobiernos contra el totalitarismo y la intolerancia: el mismo que tienen hoy, aunque la historia aún no les haya brindado la oportunidad de demostrarlo de nuevo en una manera tan evidente.

Durante la segunda guerra mundial, Churchill arengaba a De Gaulle desde Inglaterra, y De Gaulle arengaba a la resistencia interior de Francia, o sea la resistencia de verdad. Y ya sabemos quiénes constituyeron la pieza imprescindible y el soporte fundamental en la lucha antifascista; quiénes formaron el grueso de los partisanos europeos.

Por eso, años antes, Churchill ya había establecido su postura y sus diferencias con ellos. Tómense un tiempo para leer lo que pensaba  -y cómo lo expresó- sobre Mussolini, su gobierno, y su papel internacional:

"No puedo sino estar encantado, como muchas otras personas lo han estado, por el comportamiento sencillo y amable del señor Mussolini y por su calma, por su aplomo e imparcialidad, a pesar de las muchas cargas y peligro que soporta.

En segundo lugar, cualquiera podría ver que él no pensaba en nada excepto en lo eterno del pueblo italiano, como él lo entendía, y que lo que menos le interesaba eran las consecuencias que esto le pudiera acarrear. Si yo hubiera sido italiano, estoy seguro de que habría estado entusiasmado con usted desde el principio hasta el final, por su lucha triunfal contra los apetitos y pasiones bestiales del leninismo.

Sin embargo, diré una palabra sobre un aspecto internacional del fascismo. Externamente, su movimiento ha prestado un servicio a todo el mundo. El gran temor que siempre ha rodeado a todo líder democrático o líder de la clase obrera ha sido el de ser minado por alguien más extremo que él. Italia ha demostrado que existe una forma de luchar contra las fuerzas subversivas, que puede aglutinar a la masa de la población, dirigirla adecuadamente, valorar y desear la defensa del honor y la estabilidad de la sociedad civilizada.

De aquí en adelante, ninguna gran nación estará desamparada de un medio fundamental de protección contra el crecimiento cancerígeno del bolchevismo".

Y esto otro afirmó sobre Adolf Hitler, en otro alarde del nacionalismo más criminal y asesino que nos trajo ambas guerras mundiales en el "viejo" continente, que dicen los yankees:

"La historia de esa lucha no se puede considerar sin admiración por el coraje, la perseverancia, la fuerza vital que le permitió desafiar, retar, conciliar o superar todos los obstáculos y resistencias que se presentaron en su camino... 

Siempre he dicho que si Gran Bretaña fuera derrotada en la guerra, espero que encontremos un Hitler que nos devuelva a nuestra posición correcta entre las naciones".

Me ahorro hablar de un corporativista como De Gaulle, que introdujo en Francia ciertos aspectos importados del sistema político de Mussolini para tratar de contener la conflictividad laboral y social en el país.

Pero si estamos hablando del nacionalismo y la guerra, de Churchill y de De Gaulle, de Chamberlain y de Petain, de algunos puentes entre el colaboracionismo explícito y la "resistencia" exterior, de maniobras políticas e intervenciones calculadas para intentar contener a una bestia incontenible que, una vez desatada, precisa de una costosa, monumental y sacrificada voluntad humana para detenerla, podrían mencionarse también otras cosas.

Como por ejemplo el intento de firmar un pacto con los fascistas italianos, por el que algunos otros supuestos amigos de la segunda república, la paz, la democracia y la tolerancia, iban a acordar a sus espaldas, en Santoña, por mediación del Vaticano, la huída de los altos mandos militares y administrativos del Gobierno Vasco -o sea de los principales cargos del PNV, para entendernos- mientras los soldados del XIV Cuerpo de Ejército, dependiente de los nacionalistas vascos, hartos de luchar junto con los rojos y más aún de hacerlo tan lejos de la patria (en Cantabria y la Asturias revolucionaria, desde la que sí que hubo una solidaridad no recíproca por la defensa de Euskadi) serían considerados como prisioneros de guerra de Italia.

También podríamos hablar de los chetniks serbios que rivalizaban con Tito. O de los monárquicos griegos que rivalizaban con el KKE, o de los nacionalistas ucranianos liderados por Stepán Bandera, pero también de los seguidores "moderados" de Andry Mélnik, sin cuya responsabilidad no se habría podido entender allí el desarrollo del colaboracionismo en la IIGM del mismo modo que no se puede entender el Euromaidán de 2014 sin los miles de ciudadanos que hicieron de cortejo a sus vanguardias neo nazis.

Y por encima de toda bienvenida y agradecida ayuda ante la creciente catástrofe económica y migratoria del siglo veintiuno, a estas últimas no las van a detener ni las oenegés ni la reivindicación de los derechos humanos.

Más allá de la honestidad individual de algunos de quienes se mueven en ese terreno, el mundo del oenegismo está podrido por las fundaciones globalistas y liberales que financian o patrocinan sus organizaciones, lo que hace que esa supuesta independencia de los gobiernos, a la que los académicos socialdemócratas del ámbito de las Relaciones Internacionales se referían cuando hablaban del surgimiento de nuevos actores globales no estatales, sea directamente un sarcasmo.

Por su parte, la consideración de los derechos humanos procede de un consenso alcanzado en la ONU, creada tras el fracaso absoluto de la Sociedad de Naciones, a partir de la influencia de la filosofía iuspositivista, que es la que entiende los derechos como naturales o innatos a la especie humana. Y no me he equivocado al decirlo ni quería referirme a los iusnaturalistas, porque aunque estos últimos plantearon una diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural, es decir, entre la legislación materializada en constituciones y documentos oficiales, por un lado, y su fuente de legitimidad según la filosofía positivista, por otro, lo hicieron para justificar el derecho a la rebelión mientras les interesó en un contexto determinado, cometiendo el mismo fraude que los iuspositivistas, sólo que presentándose a sí mismos como los auténticos defensores del derecho natural. Vamos que unos y otros tienen una idea esencialista de la naturaleza sobre la que justifican el derecho, como también se hacía con la economía.

Lo que necesitamos es entender que la legalidad y cualquier conquista social en general, legal o no, es la consecuencia y no la causa, la expresión y no la raíz de un proceso sociohistórico de luchas que es fundamentalmente económico, o sea material. Cada paso que da la izquierda europea desde hace ya suficientes años, con la excusa de sí misma y sus errores consecutivos, sobre los que no está dispuesta a hacer autocrítica alguna, camina en una dirección completamente opuesta y ha cruzado más que holgadamente el límite de la incoherencia, hasta el punto de merecer el más enérgico rechazo de la clase trabajadora consciente del continente, que la hay, pero esta última cuestión quizás la retomemos en otra ocasión.

La "justicia" morbosa de los de abajo

Por Arash

En el mundo se producen todo tipo de actos deleznables, tales como el tráfico de esclavos, la tortura de disidentes, o los asesinatos cometidos por fanáticos, enfermos y mercenarios, por citar sólo algunos de los más graves, aunque no necesariamente los más escandalosos. Las problemáticas que nos afectan se ponen de manifiesto y se "visibilizan" o no, término que gusta tanto a los progres, en función de los intereses de quienes marcan la agenda social y política, que casi siempre pasan desapercibidos.

Sin embargo, lo anterior no significa que la sociedad se fundamente sobre dichos actos, ni que nadie comprometido en su erradicación deba ofenderse cuando se lo dicen. La civilización era, según Engels, parte de un complejo proceso histórico sin concluir, pero imaginen que a alguien se le ocurre desconocer los avances habidos hasta el momento tomando como rehén de sus excusas el "argumento" de que falta mucho por hacer. Aquello que aún no está completamente resuelto debe ser, en todo caso, un aliciente para proseguir en el proyecto, pero no puede convertirse en un motivo para ignorar las fuerzas motrices que nos han traído hasta aquí.

Para entender de qué estoy hablando y evitar malentendidos vendría bien, en primer lugar, matizar cierta diferencia. Una cuestión es la frecuencia con la que se cometen determinados actos, y otra distinta, aunque relacionada, es la gravedad que tienen y la atención que merecen por parte de las autoridades, la población y los expertos. Su gravedad tiene un aspecto cualitativo y, en términos sociológicos, depende también de la frecuencia, que puede medirse estadísticamente.

Lo malo que tiene cualquier problema social grave, además del agravio directo que supone, es que resulta susceptible de ser utilizado por terceras personas de forma demagógica, y se puede constatar que, a lo largo de los últimos tiempos, ha crecido de manera notable el interés de la población por algunos de aquellos que afligen a mujeres, especialmente el maltrato doméstico, los abusos sexuales o los asesinatos cometidos por sus parejas y exparejas. Lo que decía del aspecto cualitativo de la gravedad de determinados hechos, de este último en concreto, tiene buen y justo parangón en una reclamación que ha encontrado quienes la asuman como propia: "ni una menos".

Por desgracia, mientras que esta creciente preocupación debería haber motivado una intención sincera por comprenderlos de manera sistemática y rigurosa, y no dudo de que la haya ni que existan ejemplos de su éxito, esa voluntad exigua ha permanecido dentro de unos límites insospechadamente ridículos, frente a toda una suerte de pseudociencia y recurso interminable al tecnicismo de una nueva religión, que es lo que conocemos la mayoría.

Las voluntades honestas les prestan atención tanto a los actos perjudiciales como a sus posibles soluciones, así como a las referencias históricas que nos han servido para progresar hacia ellas, por insuficiente que sea dicho recorrido, pero aquellas otras terceras personas malintencionadas a las que me refería atienden de manera especial a esos actos en sí mismos, que es en donde encuentran el morbo con el que encender los ánimos e invocar los peores instintos propios y ajenos.

De esta manera se logran ensombrecer los logros y los avances en las luchas del pasado. Ahí están bien, en la oscuridad, para que no les estropeen la arenga. Como me dijo cierta persona con ironía e inteligencia, "sin un feroz patriarcado, su lucha quedaría descafeinada". Se refería a los morbosos y su gusto por lo levantizo, un caos del que podrían sacar tajada. En el mundo del corazón y los telediarios de Telecinco y compañía lo provocan, cualquiera que sea el objeto del "noticiario", con el fin de incrementar su audiencia.

Antes, cuando la influencia de la familia se expandía sobre la mayor parte de las relaciones sociales, hace más de doscientos años, la herencia seguía el principio de la patria potestad. Hoy ya es una tendencia consumada tanto la desaparición o implosión de la familia como la diversificación sexual de la propiedad patrimonial y de sus medios de obtención.

Eso es lo que pone de relieve la elevada proporción relativa no sólo de núcleos familiares conyugales, aislados de las capas externas de parientes más lejanos y que tienen pocos o ningún hijo, sino incluso de hogares unipersonales, así como la emancipación que en los últimos tiempos se trata de abrir paso al amparo de las políticas identitarias y de la "diversidad", de manera un tanto parecida a como pasó en los Estados Unidos con los negros, cuando el liderazgo del movimiento por los derechos civiles fue asumido por los nacionalistas.

Lo que tiene la construcción orwelliana de neolengua, sin embargo, una vez asumido el planteamiento peronista y esotérico de Laclau de los "significantes vacíos", es que el significado de los vocablos que aparecen no mantienen, aparentemente, ninguna relación lógica con la filosofía racional sobre el mundo, sino que estos resultan de las ocurrencias momentáneas o transhistóricas de los neohablantes, si es que cabe algo así. De esta manera, los morbosos tienen una forma de nombrar a un viejo y gigantesco fantasma que le sirve a su "relato".

Desde hace tiempo se ha vuelto patente una tendencia autoritaria y liberticida tanto en los Estados como en la sociedad, que es desde donde ha de explicarse la transformación de aquellos. El endurecimiento del Código Penal cuenta con el respaldo de un sector creciente de la población, por ahora poco numeroso, aunque con apoyos poderosos.

¿Hace falta decir que las cárceles no estan llenas de violadores sexuales, aún cuando sea cierto que los haya? ¿Es necesario recordar que el peso de la ley cae sobre aquellos condenados por delitos menores y faltas ("delitos leves", desde 2015) relacionados con la supervivencia económica en condiciones de exclusión social, para que entendamos el rumbo que le tienen que dar "oposiciones" y gobiernos a las demandas ciudadanas de endurecimiento de la legislación penal, al estar actuando como su correa de transmisión?

No debería, pero resulta que esa tendencia ya tiene incluso una avanzadilla que la adelanta en las redes sociales, en las que siempre se puede difamar contra alguien escondido tras un anonimato cobarde, oculto entre la multitud, y ocasionalmente en la calle. Son las del MeToo y otros eslóganes por el estilo.

¿Acaso ese lema no representa también un prejuicio colectivo, o es que van a justificarlo o restarle gravedad e importancia sólo porque sea minoritario en la sociedad? ¿Habrá que explicarles a aquellos y aquellas que se dedican a transmitir bulos, creyéndose justicieros comprometidos con alguna causa que no sea la de promoción de quienes los inventan, que el objeto de un juicio son los actos, que son observables y demostrables, y que si el veredicto no se refiere a ningún acto, sólo ha habido una presunción de culpabilidad pero no intención de demostrar nada?

Que nadie se equivoque, porque la práctica totalidad de las denuncias judiciales -algo que alude a la justicia estatal, siempre criticable y, en algunos casos, bochornosa- por violencia de género son verdaderas, excepto un ínfimo porcentaje de ellas. Pero otra cosa bien distinta es esa "justicia" que quieren imponer "desde abajo", y que no dudo que el propio Estado fuese capaz de terminar asumiendo en un futuro.

No resulta demasiado sorprendente que, al igual que han hecho otros tantos, una vocal de la Comisión de Igualdad del Colegio de Procuradores de Madrid, Rocío Sampere Meneses, se plantease en marzo del año pasado la posibilidad de la cadena perpetua legal, eufemísticamente conocida con la denominación de prisión permanente revisable, como parte de un "agrio debate". Ni tampoco que la "Tribuna Feminista" del periódico digital "progresista" El Plural publicase su postura. Será que estos últimos son tan plurales -inclusivos, se decía en el 15-M- que tienen que darle bola a toda posición ideológica, incluso si es de tendencia conservadora.

En otros casos, como en el de la Asociación Clara Campoamor, no se prestan a discutir la pertinencia de la medida sino que se afirman en ella, y en colectivos como el de "Pikara Magazine", en el que parece compartirse una tibia oposición a la cadena perpétua proveniente nada más y nada menos que de la autocontención de una reconocida "sed de venganza", se dicen cosas como que "la justicia de las víctimas sólo es una descripción políticamente correcta de la venganza".

Como ejemplo de su corrección política y su puritanismo expresivo -qué detalle- así como de su manera de interpretar y moldear el mundo a través de las formas del lenguaje (un colegio público barcelonés ha eliminado "La caperucita roja" y otros 200 libros infantiles de una biblioteca), en un escrito de este último colectivo hablan de cierto "joven que no había nacido en el Estado" por no decir el vocablo de extranjero y creer que, el simple hecho de mencionarlo, les hubiera convertido en xenófobos.

Llamativamente, poco después se reconoce en ese mismo escrito que, ante un presunto caso de agresión por parte de aquel joven -sobre el que no me posiciono ni pongo "hashtag" porque lo desconozco por completo- la ciudad fue empapelada con su fotografía, practicaron una "justicia xenófoba", y se comportaron como "opresoras" que hablaban "de justicia y activismo". Son sus propias palabras. Es muy importante darse cuenta del peligro implícito en este tipo de actitudes. En cualquier caso, bienvenida sea la autocrítica, por dura que sea.

Qué poco soprendente resulta, de todas maneras, que tanto en la "Tribuna Feminista" del períodico progre, como los y las de la venganza políticamente correcta, hablen todos del "sistema patriarcal". No saben ni qué significa eso pero lo repiten siempre que tienen ocasión, desde su condición de ideólogos. Dan por hecho que, puesto que se producen relaciones de oprobio, de amenaza o de violencia (no son lo mismo aunque todas sean indeseables y merezcan ser erradicadas) en la sociedad y determinadas estructuras que la constituyen, hay un sistema coligado de opresión de escala social. Para divulgarlo, se valen de la resignificación lingüística, y luego replican su prejuicio a nivel microsociológico.

La supuesta excepcionalidad legal en el recurso a la cadena perpetúa, que arguyen para promocionar su aplicación en España, sólo es la ventana por la que nos están colando una enorme derrota.

Coordinadora estatal: ¡todas y todos a la concentración del 6A!

Por la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley



COORDINADORA ESTATAL: ¡TODAS Y TODOS A LA CONCENTRACIÓN DEL 6A!

¡Gobierne quien gobierne, el Empleo y lo Público se defienden!

Desde la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, formada por organizaciones civiles, sindicales y del sector público, de todo el Estado, nos organizamos por nuestros derechos laborales pisoteados y contra los falsos procesos de estabilización que los distintos gobiernos han puesto o pondrán en marcha en los próximos meses, al amparo de las leyes de presupuestos y con el aval cómplice de CCOO, UGT y CSIF. Unos procesos en los que saldrán todas las plazas actualmente YA ocupadas por quienes llevamos años cubriendo puestos estructurales y necesidades permanentes dentro de la Administración.

Desde esta Coordinadora estatal denunciamos que las ofertas de empleo público en marcha, no estabilizan a nadie ni van a acabar con la temporalidad.

La actual situación de los Empleados Públicos en la Administración española es la siguiente:

Los Sindicatos CC.OO, UGT y CSIF han vendido a los trabajadores temporales de las Administraciones Públicas españolas al pactar con el Gobierno (firmando el "Acuerdazo" con Montoro) reducir hasta el 8% la temporalidad en la Administración mediante Ofertas de Empleo Público (OPEs) "masivas", donde se convocan todas las plazas que YA ESTÁN OCUPADAS desde hace años por empleados públicos temporales en fraude de ley. De esta manera siguen con el negocio que suponen las OPEs para estos Sindicatos, haciendo caja con sus academias preparatorias de oposiciones y, al mismo tiempo, ofreciéndonos sus abogados, "a precios para afiliados", para recurrir judicialmente la situación fraudulenta de la que ellos mismos son cómplices.

Para las Administraciones públicas españolas la convocatoria de OPEs y procesos selectivos de acceso libre son una forma de "tapar" los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración.

Estos procesos, mal llamados "procesos de estabilización" (porque no estabilizan a las personas sino las plazas) facilitarán el cese y despido masivo y SIN INDEMNIZACIÓN de más de 700.000 empleados públicos, con una media de 45 años y en su mayoría mujeres, que engrosaremos las listas del paro después de décadas trabajando y aportando nuestra experiencia a la calidad de los servicios públicos.

Se trata de un despido masivo ilegal que nos venden como creación de empleo y fin de la temporalidad.

Estos abusos de las Administraciones Públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento del art. 70.1. de TREBEP durante años, que establece que "la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

Además del incumplimiento de los plazos, las Administraciones no han sacado a oposición el 100% de la tasa de reposición, ofertando durante décadas menos plazas vacantes de las existentes y amortizando plazas, incrementando así la oferta de plazas temporales que ha dado lugar a la elevadísima tasa actual de contratación temporal de larga duración.