La "perroensa" y sus dueños contra los trabajadores y el derecho a la huelga

No, esto no huele a 15-M, antes de que lo digáis,
ni estos obreros parecen unos pijos de clase media

Por Arash

En otras ocasiones he expresado la inatajable distancia que siento no ya hacia el arco institucional y parlamentario, sino hacia el conjunto del actual espectro ideológico político y mediático, incluida, sin confundirla ni asemejarla ni mucho menos con la amenaza potencial del fascismo viniente, la parte pretendidamente alternativa y anticapitalista que se autoubica tanto dentro como fuera del eje izquierda-derecha, o sea, en la izquierda y fuera de ella.

A los que están convencidos de que algo pueda ser apenas lo que se dice sobre sí mismo (nombre personal, símbolos y banderas que se enarbolan, declaraciones, autorías como recurso de autoridad y adherencias a las mismas, formas en definitiva) en vez de lo que se demuestra con sus actos (contenido) y por eso les rechina algo de lo anterior, quizás les vendría bien tener en cuenta que como la izquierda, tercerposicionismo no es lo mismo que comunismo, si es que existe este último como voluntad aunque sea meramente intencional, y a la vez ajena tanto a la liturgia como a la simple búsqueda de fama y seguidores en el twitter o de salidas profesionales en alguno de los tantos diarios digitales existentes.

El tercerposicionismo es y será, como ha sido siempre, una fullera ocultación de las contradicciones económicas y sociales presentada como superación, que fue reproducida ampliamente en este país y de manera pionera por la esotérica lógica quincemayista. Aquella búsqueda de las "esencias" de la democracia, que los "indignados" buscaron en la proporcionalidad como quien encuentra la solución a la calvicie en el equilibrio de los chakras, tuvo importantes remembranzas con el planteamiento radical del liberalismo italiano de principios del siglo pasado, en el que ya se canalizaba la frustración existente hacia "los políticos", mientras los empresarios y el capitalismo se iban de rositas.

Por su parte, y pido disculpas a las dispersas excepciones que confirmen la regla por mi recurso al tiempo verbal condicional, el comunismo sería una comprensión de la realidad del capitalismo, partiría pues de la existencia de la propiedad privada y la separación entre productores y medios de producción, y por lo tanto, de intereses económicos y sociales irreconciliables y contradictorios, aunque no sea lo mismo que esa liturgia, ni que esos diarios digitales, ni que esos twitstars o youtubers. 

Se puede hacer demagogia y exaltación de la personalidad hasta refiriendo la lucha de clases, incluso mencionándola y aludiéndola explícitamente. Haya o no haya quienes estén a la altura de lo que se nos venga, que seguro que no son esos pretendidos campeones de la "lucha" en las redes sociales aparecidos hasta debajo de las piedras, hay y habrá quienes expresen dichas contradicciones materiales, y quienes traten de manipularles por lo puramente egoísta. 

Es parte de lo que deben lidiar los obreros del metal en Cádiz, y otros trabajadores de otros puntos del territorio del Estado, de otros sectores diferentes. Los que como ellos aceptan el reto de ir contra la corriente y la tendencia corporativista de nuestras sociedades se encontrarán sólos, a no ser que les dejemos despertar la solidaridad, o sea, con otros en su misma condición de ser objeto de la explotación, más allá del sector y de la región en los que estalle la protesta de aquí a los próximos tiempos.

Entre quienes tengan justo enfrente de la barricada que levanten, se encontrarán los distintos bomberos al servicio del pacto social y los perrodistas de la información, que merecen su mayor desprecio por la absoluta bajeza moral de sus líneas editoriales y por la actividad cómplice que están desempeñando intentando neutralizar, incluso criminalizar unos derechos que tenemos y la práctica totalidad de las veces no estamos ejerciendo.

A la mayoría de estos adversarios les interesa desviar cualquiera de estos estallidos laborales y sociales hacia todo lo que sea ajeno, por incompatible, con el cuestionamiento del salario y la centralidad del trabajo en las luchas, y mientras no puedan conseguirlo tratarán de deslegitimarlo por cualquier medio y con mucho "rigor" perrodístico, por ejemplo con propaganda sobre niños que se quedarán sin el regalo de los Reyes Magos o el Olentxero por navidad o sobre viajeros que pierden un avión. 

En esto, toda esta "perroensa" de Público, El Diario y alguna más se parece a la propaganda de Antena 3 y esos soplapollas de Facua. Por cierto, cuando les llamo soplapollas a estos últimos no es porque tenga algo en contra de tal práctica por parte de nadie, sea este heterosexual u homosexual, orientaciones que respeto igualmente y hacia las que me siento plénamente tolerante.

Lo digo no vaya a ser que alguien me diga que soy un cretino. Es símplemente que esos de Facua "exigen" servicios mínimos incluso en huelgas de la administración pública que ya tienen unos de hasta el 90 % que revientan cualquier huelga, y por eso les llamo soplapollas, que es lo que son.

En cuanto a los uniformados que van a golpearles a los obreros que luchan estos días, me pregunto si es que las pelotas de goma que llevan consigo cuando "pasan por allí" son para ir a echar un partido con sus "compañeros" en algún frontón municipal de Cádiz, y si no merecerán alguna expresión de rabia en caliente por parte de quienes van a ser violéntamente reprimidos, porque hacer barricadas no es violencia, figuras de la "perroensa" y el activismo para gilipollas. Cualquier marica con mucho orgullo de serlo y con conciencia de clase no le habría dado mayor importancia, desde luego no como para aprovechar a difamar contra la protesta, y seguramente tampoco como para insultar a quien dice algo malsonante en un momento de tensión.

El cuestionamiento del salario y la centralidad del trabajo en las luchas es fundamental. Trataré de ser escueto: el salario es una relación, no dinero que se obtenga porque sí y para lo que sea. Se trata de lo que se recibe a cambio del tiempo que activamos nuestra fuerza de trabajo para los empresarios, y que necesitamos para consumirlo en la forma de cualquier bien o servicio, sea este privado o también público, como las vacunas que hemos recibido muchos contra la covid. 

Por eso, si recibes el doble de dinero por trabajar el doble, o la mitad por trabajar la mitad, el salario no varía. Siempre que la cantidad de dinero recibido a cambio, varíe de manera diréctamente proporcional al tiempo de trabajo por el que se desempeña, el salario permanece inalterado, constante. El dinero que te ingresan en la cuenta, que antes era en metálico y antes aún en especie, es el salario en efectivo.

En efecto, el salario se lo han estado ahorrando cada vez más los empresarios durante los últimos cuarenta años, ya sea aplicando dicho ahorro sobre las nóminas, ya sea flexibilizando la relación laboral, o ya sea mediante determinadas tácticas y movimientos macroeconómicos que no se reflejan en los convenios, sobre los que ahora no me detendré, aunque los cite como parte de los principales ejemplos. 

Sé que a la mayoría seguirá sin entrarle en su dura mollera sedienta de ilusiones o esperanzas en vena, pero cuando los obreros del metal en huelga y otros trabajadores luchan por lo suyo de esa manera, defendiendo el empleo y exigiendo un convenio que reconozca la actualización de sus remuneraciones, están luchando también por lo de todos los demás. Si son un ejemplo es precísamente porque se mueven en lo que le hace daño al beneficio capitalista, que es en donde uno debe dar la cara y se la juega de verdad, no en el puñetero twitter de las pelotas, que sólo es el estercolero en el que algunos buscan notoriedad y seguidores.

¿Por qué creéis que los mismos que no han revertido ni revertirán ninguna de las externalizaciones y recortes de plantilla y medios en el sistema nacional de salud, los mismos que han impuesto la mochila austríaca, el sistema estadounidense o las pensiones individuales, que son la rentabilización del sistema público de pensiones (el de la SS) por los bancos y las aseguradoras, los mismos que están amortizando plazas en la administración pública o sacando como OPEs las que ya están ocupadas por los temporales y las interinas, son los mismos buhoneros y vendeburras que ahora están soltando mierda contra los huelguistas del metal en Cádiz o que dicen que los que necesitamos trabajar para vivir tenemos que fiarnos de su gobierno? 

Todo lo que tenemos, además de a nosotros mismos en carne y hueso, es salario. Menos salario, pues menos se podrá tener para cuando te pongas enfermo, te agarre una depresión, te vuelvas viejo, tengas que cuidar a tu abuela o a tu tía, seas padre o madre, puedas permitirte la maravilla de tener un crío o símplemente termines la jornada en la fábrica o el almacén de tu jefe a las doce de la noche y cuando vayas a descansar en una jaula de treinta metros veas que no tienes ni para limpiarte las posaderas.

Por eso son un ejemplo, porque señalan con su lucha el camino de los demás trabajadores, no todos esos que persiguen hacerse famosos, ni tampoco quienes están pensando en cómo ponerles freno y sordina desde el minuto cero, antes de seguir jodiéndonos la vida con sus reformas y recortes contra el salario, sea en su forma directa, indirecta o diferida.

El "comunismo" en manos de unos y de otros, y el asco que me da todo

Por Arash

Hasta hace dos fines de semana, muchos individuos sin demasiado criterio propio, de cualquier sexo y género, estarían muy ocupados en amar y odiar a Irene Montero porque eso es lo que se establecía en la agenda impuesta por el poder mediático y corporativo. Se la sudan las mujeres aquí y en Afganistán, tanto como que ciertas muyahidinas de alma podrida y cerebro putrefacto "oprimidas por la islamofobia" se manifestaran en Kabul el pasado mes de septiembre para manifestar su apoyo a quienes hacen desfilar cadáveres colgados de grúas móviles, con el fin de amedrentar a las mujeres y a los hombres que lideran la resistencia contra su régimen integrista en la clandestinidad.

De los forofos del "mal menor" en la tasca y el teclado, dejando ya el mercado que abastece la materia prima de la droga y volviendo a este putiferio económico aún distante del horror que toma forma en la periferia, espero escuchar y leer muy pronto que la próxima reforma de Yolanda Díaz no estará tan mal, cuando les den la señal para pronunciarse en defensa de sus queridos salvadores, como hicieron con el "mínimo vital" antes de que tras su fracaso (la gran mayoría de sus solicitantes ni siquiera lo han recibido) desaparecieran misteriosamente en el pantano virtual de las redes sociales. 

Entre otras cosas dirán algo así como que sus referentes están en coalición, y que por lo tanto no todo depende de ellos ni de las carteras ministeriales o consejerías que dirigen, como hicieron con Ada Colau por haber estado tirada en el suelo prometiendo vivienda digna y luego haber promovido contenedores ya desde el ayuntamiento. La inclinación y el seguidismo hacia las duras políticas antisociales (energía, vivienda, salud, pensiones, trabajo) del gobierno progresista seguirá generando esa misma confusión y desconcierto que ha estado alimentando a las opciones que representan la tendencia más salvaje. 

No es que esta fosa séptica y delictiva de Vox y similares sean lo mismo o uno de sus apéndices, que no lo es ni de lejos y el que crea lo contrario es un analfabeto político, es que cuanto más hacia ellos muchos menos escrúpulos para mentir, y si la izquierda también nos está jodiendo poco a poco la vida a la clase trabajadora en Europa y en Latinoamérica (a los que sólo podemos vivir de nuestro trabajo) mientras insinúa estar rompiéndose los huevos por nosotros, entonces no hay nada que les impida a los otros hacerlo todavía más y mejor, con tal de alcanzar el gobierno para pisar aún más el acelerador e imponer la mano dura, ante los más que previsibles estallidos sociales. Teniendo las cosas claras, a ninguno nos interesa que suceda eso, aunque se lo hayan puesto en bandeja.

Mientras tanto, todo lo que veo que no forma parte del espectro "oficial", que es lo que se considera alternativo a la institucionalidad más o menos reconocida, o incluso "antisistema" sea lo que sea que signifique eso, se reparte entre los simpatizantes de los agitamanitas de aquel soufflé indignado de asambleas místicas y simulacro democrático de poder "ciudadano" hace ya unos años, que decían aquello del "sin banderas", y por otro lado, en los que no alejan las que enarbolan ellos ni toman distancia de los portaestandartes humanos de los desfiles de retratos, que en cierto modo son, lógicamente, la expresión última y más acabada del sectarismo.

A un lado tenemos a los libertarianos, que intentan colarnos, mientras se descojonan de risa, un "futuro" lleno de huertos urbanos y decrecimiento, bicicletas y patinetes eléctricos para trabajadores pobres, economía circular y por supuesto ese ataque bestial a gran escala contra nuestra clase que es la transición ecológica, a la que no se duda en calificar como "social", y que es solo una parte del estiércol que los comehierbas de sus discípulos siguen empeñados en confundir con la tradición solidaria.

A otro tenemos a los socialpatriotas, respecto a los que no parece muy aclarada cierta amalgama de proyectos fallidos que jamás lograron ser partidos de clase sino infinitesimales divisiones en la clase, que es diferente. Si yo fuera miembro de alguno de ellos de ninguna manera me sentiría ofendido por reconocer su alejamiento con respecto a la realidad de millones de explotados, sino que trataría de preguntarme por qué motivo es así a pesar incluso de la que ha estado cayendo todo este tiempo. 

Los primeros tienden a reírles las gracias al PSOE y a Unidas Podemos, quien sabe si porque están retraídos o se dejan intimidar por los cerdos voxemitas o todo lo que les rodea, o creen que se les puede combatir justificando y embelleciendo las recetas del actual gobierno. Empezaron creyendo que la movilización de los jubilados y pensionistas era "lo del IPC" y poco más, porque se enteraron de aquella cuando a los diarios digitales progres les empezó a interesar, que es justo después de que empezara a tomar fuerza en las calles antes de que la dividieran, y del mismo modo que aquellos partidos han estado tratando de neutralizar la protesta que comenzó a denunciarlo en el minuto cero, terminarán por tergiversar los auténticos objetivos que persiguen todos quienes subscribieron el Pacto de Toledo.

Otros, envalentonados, compitiendo con la extrema derecha por la idea de la patria en lugar de enfrentarla, o como algún iluminado del facebook, del tonter y el youtube, que está convencidísimo de haber leído en el "Manifiesto Comunista" la divulgación de una identidad de país entre los explotados y los oprimidos. Nadie mínimamente enterado de lo que trata el marxismo diría, ni harto de grifa, que quienes creen que Marx o Lenin defendieron patriotismo alguno, cosa que jamás hicieron, son capaces de distinguir entre organizar procesiones y organizar trabajadores. Otra cosa es rendir culto al solitario, claro está.

No me engaño al respecto, tengo bastante claro lo que significó con respecto a la revolución de octubre. En ningún caso le confundiría ni por asomo con el de la "solución final", como hacen a propósito tantos neofascistas y liberales disimulados o declarados que equiparan la URSS con la Alemania nazi, que son una panda de miserables ignorantes dispuestos a triplicar la población mundial del baby boom con tal de atribuirle víctimas a sus cabezas de turco. Pero ese es otro tema.

Ya les vale a algunos con sus guerras doctrinarias, que lo mismo hablo también de los trotskistas, o qué os pensáis. La conclusión que he sacado es que librar esas batallitas tiene que ser más cómodo que estar en los frentes de lucha más que para enseñar una insignia, para comprender en qué consiste la naturaleza concreta del conflicto capital-trabajo allí donde brota por las circunstancias, para entender la génesis y el desarrollo de las diferentes tendencias e inclinaciones en el mismo. Nada de eso es lo mismo que diluirse en cualquier porquería sin tener criterio para discernir, ni tampoco es lo mismo que teñirse de ningún color.

Lo más preocupante es que, sin existir una alternativa creíble frente al capitalismo en descomposición, que solía llamarse socialismo y comunismo, el socialismo y el comunismo han sido convertidos tanto por unos como por otros en una vulgar retórica, de la que sin embargo se aprovecha un fascismo que divulga odio al semejante y anticipa el próximo llamamiento caudillista al mantenimiento del orden.

Eso es lo que ven, allí donde dirigen su mirada contaminante, el señorito burgués de Don Rodrigo, y la señorita muy jústamente "exiliada" (por terrateniente) de un país ni de coña socialista, perteneciente al mismo partido medieval que aquel: comunistas por todas partes. Incluido este gobierno que pacta con energéticas verdes, bancos y aseguradoras, y los empresarios en general a través de los sindicatos corporativos, para quienes reformarán una vez más el mercado laboral, como han hecho con las pensiones. Hasta un perroflauta cagando margaritas sería comunista para estos dos "tipos", dirigentes de una organización de clara orientación criminal.

Por lo tanto no, no son iguales, y tremendo despropósito inaceptable el de quienes están convencidos de que hay que confundirles con los otros. Lo que me parece significativo, sin perjuicio de ello, es su coincidencia al respecto de ese supuesto regreso del "fantasma" que un día se cernió sobre Europa, y que hoy está tan emputecido en boca de quienes dicen que lo defienden y quienes lo atacan sincéramente, a un lado o al otro, dentro y fuera del parlamento, incluso siendo libertarianos o socialpatriotas. El ministro de consumo, que recientemente ha promocionado un libro oficial sobre cómo cocinar verduras baratas, dice que es comunista. De la ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno se dice también que es una transgresora comunista, y en este otro caso se dice que está preocupada por "las mujeres".

El pasado día 28 de octubre, por cierto, hubo convocada una huelga general sectorial para exigirle al gobierno que aplique la directiva comunitaria 1999/70/CE, que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debía ser traspuesta a la legislación española, de manera que las administraciones responsables fuesen sancionadas por abuso de la temporalidad en el sector público. La respuesta del gobierno a esa sentencia europea fue acordar con UGT, CCOO y CSIF la reducción de la temporalidad mediante OPEs en las que se convoquen plazas que ya están ocupadas.

El gobierno pretende "estabilizar" las plazas en vez de estabilizar a los cientos de miles de trabajadores que quedarían en el limbo y serían despedidos cuando sus plazas fuesen reocupadas, en lo que sería un ERE ilegal y el más grande de la historia. Este falso proceso de estabilización es la negativa a reconocer su contratación en fraude de ley durante años, por lo que los despedidos tampoco serían indemnizados. Además, por si determinadas centrales sindicales no tuvieran suficiente con lo que ingresan por ser accionistas en compañías de seguros y cómplices en la privatización de nuestras pensiones, estas obtendrán muchos más beneficios mediante los cursos preparatorios para esas OPEs, y luego dirán que es para defender a los trabajadores.

Lo que pretenden el gobierno y sus organizaciones es, como siempre, dividirnos en las mil y una formas que hagan falta: entre trabajadores jóvenes y de mayor edad, entre pensionistas y desempleados (mochila austríaca y "mínimo vital"), entre perceptores de prestaciones contributivas y no contributivas (reconversión de la SS en asistencialismo), y muchas más que con frecuencia no se quieren reconocer abiértamente. 

Hacen las cuentas de la lechera, nos intentan marear con malabarismos en los presupuestos estatales, enfrentan distintos conceptos de la cobertura social en los extremos de una misma balanza de gastos. A eso se refieren cuando hablan de "no dejar a nadie atrás". Se "olvidan" del empresariado y sus beneficios, y de vez en cuando tienden a equiparar las condiciones materiales de todos los trabajadores a la baja, tras haber atacado con alguna de sus reformas las de un sector determinado, para evitar la solidaridad de quienes no quieren enterarse de qué va el rollo.

Hay egoístas e insolidarios que creen que este tipo de convocatorias, como la mencionada huelga del pasado 28 de octubre no va con ellos, que los mayores de anteriores generaciones son unos "privilegiados" o que prejubilarse es un "lujo", que se la pelan las pensiones porque han aceptado que "vivimos demasiado", o que tienen un problema con determinados subsidios sólo porque no son ellos quienes los reciben, poniendo de relieve cómo el individualismo alcanza mucho más allá de los del gusano dorado. 

Sea como sea, en muchas de esas administraciones públicas, hasta tres cuartas partes de las plantillas interinas y temporales están formadas por mujeres, y si a las de este gobierno tampoco les importan más que cero o nada, me parece a mí que buena parte de las demás feministas, pertenezcan o sean ajenas a los partidos que lo ostentan, ni siquiera se habían enterado de esta huelga. ¿A que no?

Todo depende de cómo entiendas la igualdad. Si crees que como hay hombres empresarios, directivos y ejecutivos en nómina de grandes compañías, también tiene que haber mujeres en esos mismos cargos, entonces a lo mejor apoyas una huelga feminista como las últimas del ocho de marzo, contra los "techos de cristal". A más de una persona cobarde he conocido por ahí que se calla lo que piensa aunque sepa que debe decirlo en un momento dado. Del mismo modo, una hipotética revolución tampoco pasaría por ignorar nada de lo que le sucede cotidianamente a la clase trabajadora.

El retirado que un día personificó en su figura la ilusión de un cambio, que era la confusión de la de los trabajadores por llegar a final de mes con los intereses personales de una clase media de acomodados universitarios que se colocaron bien (15-M), dijo que también fue comunista, y que luego dejó de serlo, no fuese que algunos se pensaran que alguien iba a expropiarles el bolso a sus señoras, algo sobre lo que no hay duda de que siempre estuvieron muy tranquilos en el hotel Ritz. Los fascistas, por supuesto, corroboran la condición comunista de las izquierdas, y dicen que vivimos en esa dictadura social-comunista que tanto les aterrorizaría. 

No viví el final de la momia postrada en la cama, pero siempre he tenido claro que me bastaban mis ojos y mi cerebro para seguir entendiendo mejor lo que implica y significa el fascismo, tratando de aprender también lo mejor que puedo del ejemplo de esa generación que lo combatió en el pasado. Adoptará nuevas formas porque se está reinventando, y es verdad que cuando regrese vamos a flipar.

El camino para detenerlos es la organización de los trabajadores en activo, pensionistas, fijos, temporales y desempleados; la organización de todos nosotros como clase, porque todos necesitamos defender el empleo y cuestionar el salario, que es literalmente todo lo que tenemos además de a nosotros mismos en carne y hueso, al menos mientras sigamos teniendo que buscar la manera de vender nuestra fuerza de trabajo para vivir. Ahí es sin duda donde más les duele que les golpeemos, y donde unidos en la acción se podría recuperar la iniciativa en nuestro favor, pero nadie nos va a obligar a combatir nada por lo que no estemos combatiendo aún. 

Mañana acudiré a una de las concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas que hay convocadas para ese mismo día por la mañana en diferentes localidades y puntos del Estado español, que en mi caso será Madrid, para denunciar esa odiosa separación de fuentes, sin olvidar que muchos de quienes pretenden que nos olvidemos de esta y tantas otras cosas, que estarán cerca, fueron quienes dividieron una vez más la protesta obrera.

La idea latente del género, y a ver quienes pescan lo que puedan

Por Arash

Las feministas no dejarán de ser irredentistas, pero se han vuelto un poco hacia eso mismo que han estado promoviendo durante más de sesenta años, que es a lo que ahora se plantean renunciar para seguir rebuscando sus convicciones allí donde nunca dejaron de hacerlo, para seguir adentrándose en un terreno tan identitario como el anterior, en otro berenjenal tan descorazonador como aquel que dejan a su paso. 

De eso se trataba desde Simone de Beauvoir con aquello de la construcción social, antes aún de que las identidades LGTBIQPA+ empezaran a ser incluidas: de distinguir el género del sexo. Y en eso precísamente está ocupado el conjunto del movimiento desde entonces, por mucho que a una parte más notoria de sus adherentes les esté dejando de funcionar el género. 

Una aparente gran división, respecto a la que no me cabe duda de que esa fauna que son los opinólogos de la tasca y el teclado se polarizará hacia una y otra vertiente de la manera más atrevida y temeraria, pero que en realidad lo es de un agregado de grupúsculos cuya argamasa interna es el oportunismo de intereses y aspiraciones particulares enfrentados de cada uno. Lástima que su descomposición unilateral sea tan ruidosa.

Supongo que una parte de quienes se manifestaron el otro día contra la ley trans, impulsada esta última por Irene Montero desde la cartera que dirige, limitan su reacción a la de oponerse a la institucionalización o regulación del género, porque el sexo legal sería más o menos reemplazado por el género legal y eso invisibilizaría algo de la realidad del sexo biológico según ellas, o sea, el heteropatriarcado opresor que dicen.  Ese es el nivel de bajeza en lo que carece de una profundidad que no sea la de su despropósito, por si alguien se quiere parar a pensarlo o a inventarlo antes de echarse a la piscina a buscar el "qué hay de lo mío", que es lo que hay tras los posicionamientos en cuestión. 

Más allá de su regulación legal, las más radicales de entre las opositoras, quien sabe si también las más intolerantes de su hinchada, rechazarán el género como tal, de quienes hasta hace no mucho eran sus aliadas y ahora son sus enemigas porque ya no las consideran verdaderas mujeres. Paralelamente, las más radicales del feminismo de género, que están a favor de la ley trans, señalarán como terfs a las que no sean inclusivas con su identidad, que es algo parecido a lo que hacen en el otro lado con respecto a la suya.

Desde la perspectiva de género, que les alumbra antes y durante su escisión, todo han sido éxitos y conquistas para el feminismo. Los performances como el de la activista Rita Maestre enseñando una teta en la capilla de la UCM y la ridiculización de los partisanos y las mujeres antifascistas (ella dice que lo es) de la segunda guerra mundial. Los justicieros de las redes sociales y las marchas nocturnas de sororidad con antorchas y bengalas al son del Me too y el Yo si te creo porque eres mujer.

Las huelgas insolidarias en las que la cuidadora doméstica y del hospital, la trabajadora del hotel que limpia habitaciones y hace camas, tenían que ir de la manita con su jefa, con la empresaria y la directiva, con la pequeña burguesa que la explota tanto como los hijos de puta de la hostelería. Un merecido fracaso del que la gran mayoría de las aludidas en los diversos manifiestos de convocatoria se negaron a participar, y una valiosa lección de la que deberían sacar conclusiones, por el propio bien de su organización, quienes se empeñaron en secundarlo mediante campañas de apoyo. 

Son idiotas si se quieren engañar pero allá ustedes. Del feminismo no cabe esperar, desde hace tiempo, nada que merezca la pena de tener que soportar su larga y estridente agonía, si se piensa en el mundo que les está quedando a las millones de perdedoras y derrotados y no en el pisito que te ha quedado porque casi eres hijo o hija única. Si oyen hablar de un feminismo que sea de clase, que sepan que es una mentira, incluido el de quienes dicen que ese por el que apuestan es uno que lo es de verdad. 

Estos últimos portaestantartes, por cierto, asumirán la prédica del discurso que perciban como necesario para sumar más adeptos. De hecho, aquello en lo que se afirman con tanta honra está infinítamente más aceptado en la izquierda que negar esa superioridad moral de ser feminista: siempre ha sido así, y lo sabían de sobra Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, cuyas trayectorias tergiversan tanto como la de otras y otros revolucionarios y marxistas de la centuria pasada. 

El empleo y las cotizaciones: una realidad que no se puede esquivar

Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, 1995

Por Arash

Hay una forma simple, y demasiado extendida, de interpretar las cotizaciones sociales como si aquello a lo que están ligadas por derecho fuese en última instancia algo asegurado por la Constitución, los legisladores ocasionales del parlamento o el mismísimo gobierno, o incluso algo "gravado" por este último, como sucede en el sistema fiscal. Se trata de la idea de los "impuestos al trabajo", que son un lamentable e interesado malentendido.

Su divulgación se lleva tiempo practicando en diarios como el ABC u otros de menor audiencia pero también abiértamente proempresariales como Expansión o Libre Mercado, perteneciente este último al grupo Libertad Digital, así como en los círculos situados en la extrema derecha del liberalismo, y persigue cargar a las cotizaciones sociales de las connotaciones negativas que en una parte de esa tendencia ideológica también suelen tener los impuestos, algo que consiguen con cierto éxito.

En este sentido, una de las propuestas más o menos reconocidas de los citados sectores extremistas es no sólo que los empresarios dejen de cotizar la Seguridad Social de los trabajadores, sino que estos últimos también dejemos de hacerlo. Con ello transmiten el nefasto mensaje de que esos descuentos de nuestro salario que aparecen reflejados en las nóminas por el tiempo que estamos empleados, en concepto de diferentes contingencias y a excepción de quienes padecen estarlo en la economía sumergida, estuvieran perjudicando y atentando contra nuestros intereses materiales, logrando crear una gran confusión.

Al fin y al cabo podría razonarse, desde la mentalidad obtusa e inmediatista propia de nuestros tiempos, que como tales descuentos no sólo se aplican sobre los beneficios de los empresarios sino también sobre el salario que cobramos por nuestro trabajo, todos podríamos o deberíamos prescindir de ellos para disponer de más ingresos en el momento en que aún se mantiene nuestro puesto de trabajo.

En realidad, este último es un peligroso planteamiento que justifica precísamente ese atentado contra nuestras necesidades, porque si la caja de las pensiones o la que cotizamos para cubrir nuestro paro desapareciesen y dejaran de cotizarse, seríamos nosotros los auténticos perjudicados. Tengamos contratos menos inestables o más "flexibles", seamos fijos, fijos discontínuos, temporales, "autónomos" dependientes o falsos autónomos, somos quienes conformamos la clase trabajadora los beneficiarios reales o potenciales de las coberturas que financiamos con nuestro salario, para cuando no estamos empleados por el motivo que sea.

En la misma línea inmediatista y austera, algunos sistemas estatales de protección son menos redistributivos que el español, porque a pesar de que los empresarios son los que disponen de mayores ingresos, los gestores políticos y los legisladores de tales sistemas no establecen la obligación de que aquellos coticen más que los trabajadores, lo cual es otra forma de debilitar las distintas variantes y el mismo concepto global de la cotización social tendiendo a hacerlo desaparecer, al igual que sucede con la completa exención legal que se les aplica a aquellos en ciertas ocasiones.

Tal es el caso del sistema inglés, que le ha servido de referencia al ministro en funciones para la Seguridad Social y agente de la Unión Europea infiltrado en el país, el dinamitador José Luis Escrivá, y al conjunto del actual gobierno de responsabilidades compartidas entre el PSOE y Unidas Podemos, para diseñar la inminente reforma privatizante de nuestras pensiones, que muchos forofos del "mal menor" ya dan por perdidas sin haberse cuestionado, ni siquiera para sus adentros, ni la Mochila Austríaca, ni la pleitesía de las formaciones electorales que sostienen las fuerzas de coalición hacia los intereses de los bancos y las compañías de seguros.

Hacia el lado opuesto de los liberales de extrema derecha, que mencionábamos al comienzo, los intereses de los trabajadores pasan más bien, entre otras aspiraciones posibles, por incrementar la parte de las cotizaciones que abonan los empresarios por encima de la que también abonamos los trabajadores, tal y como ha sido habitual que demandasen algunos pocos sindicatos y organizaciones de clase, de mayor o menor edad e incluso de reciente formación, pero educados en una tradición combativa.

Entre los liberales de ultraderecha, por un lado, y los trabajadores y tales sindicatos y organizaciones, por otro, tenemos ubicadas las corrientes de la izquierda más o menos oficial y sus mencionados partidos, las difusas y supuestas alternativas radicales sin representación parlamentaria, e incluso diversos "obrerismos" desde los que se maneja la misma idea individualista de la prestación, que al ser variantes de la misma ideología reducen lo relativo a la protección social a una cuestión de administración de las cuentas y el gasto públicos, asumiendo el ahorro en los sistemas que la proporcionan como premisa de partida, y generando un escepticismo similar hacia las cotizaciones sociales.

Pero entender la importancia histórica de su aparición y la de su mantenimiento en la actualidad, a pesar de que los distintos gobiernos las están abandonando y dejando que desaparezcan, implica comprender qué son, distinguirlas de los impuestos, y por supuesto comprender también la necesidad de unir la pretensión de garantizar la protección y las conquistas de las pasadas generaciones (sanidad, pensiones, todo tipo de cobertura a los parados y cualquier servicio social en general) a la de una voluntad por la defensa del empleo. Para garantizar en el corto y medio plazo su sostenibilidad, los servicios de la Seguridad Social, incluidos aquellos que fueron segregados en los años noventa, han de financiarse simultáneamente con dos tipos de ingreso público distintos: los impuestos estatales y las cotizaciones sociales, sin prescindir de ninguno de los dos.

La lucha por ampliar y amparar los seguros obreros

Antes de nada es deseable comprender de dónde provienen las cotizaciones sociales, que son un tipo de ingreso público o descuento del ingreso personal regulado en la legislación de manera diferente a la de los impuestos. En primer lugar, en España hay impuestos estatales, que van a parar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y también autonómicos y municipales, que son acumulados en los distintos presupuestos de los respectivos niveles administrativos.

En segundo lugar y a tales efectos, su recaudación también puede ser delegada en niveles inferiores, esto es, el Estado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y aquellas en estos últimos. A veces no sólo se descentraliza en estas últimas instituciones la gestión del ingreso público, sino también, e incluso en el denominado "tercer sector", la del gasto de una determinada prestación o servicio financiado con aquel, lo que conlleva la aparición de menores cantidades y peores calidades de la misma para los trabajadores que puedan optar a percibirla, según residan estos en una u otra parte o jurisdicción del país.

Y finalmente existen impuestos que se aplican diréctamente sobre la renta o el patrimonio personal, e impuestos que lo hacen indirectamente, cuando lo que se grava son las transacciones comerciales, o sea, los intercambios de ese patrimonio. Todos los impuestos se refieren, de una u otra manera, a la cantidad de riqueza que tiene cada uno y a la que se transfiere en el mercado en general.

Sin embargo, las cotizaciones sociales están asociadas no ya al patrimonio o al intercambio de ese patrimonio, sino a la producción del mismo, y esto es lo que explica tanto el amplio alcance como la elevada intensidad de las prestaciones estatales a partir del siglo veinte, sean estas en dinero o en especie. Antes de su aparición tan sólo había paternalismo gubernamental, que vuelve a ser el horizonte al que están reorientando la naturaleza de aquellas, en pleno proceso de defenestración.

El sistema de protección social o al desempleo que existe en España es la citada Seguridad Social, aunque esta ha sido sometida a diferentes reformas en los últimos tiempos que, siguiendo la línea del Pacto de Toledo, originario del año 1995, han venido aislando sus distintos componentes entre sí, así como una parte muy sustanciosa de ellos con respecto al Estado, que antes estaba obligado a garantizarlos sin excepción y desde entonces ya no.

El denominado alcance de la protección al desempleo en cualquiera de sus variantes, no es otra cosa que la mayor o menor proporción de la clase trabajadora que puede acceder a la prestación correspondiente cuando y en los casos en los que no puede trabajar por diversos motivos ni, por lo tanto, obtener un salario en lugar del producto, mientras que la intensidad de la misma es la cantidad de dinero si hablamos de una prestación de tipo monetario, o también la calidad del servicio si este es en especie.

Si el elevado grado alcanzado en ambos parámetros, ya sea en relación tanto a los sistemas asistenciales en el siglo diecinueve como a la tendencia senil a la que todos los gobiernos de uno u otro color están conduciendo los contemporáneos con sus reformas, se explica con la aparición y sostenimiento de este tipo de ingreso público asociado al empleo, no es en absoluto por una casualidad, del mismo modo que tampoco lo es que quienes pretenden prescindir de dicha vía de financiación sean los mismos gobiernos que recortan el gasto en nuestros servicios públicos y llevan todos estos años externalizando buena parte de ellos en el sector privado, incluso convirtiendo sus sindicatos en cobeneficiarios de la operación junto con las patronales, como va a suceder con los planes corporativos o de empresa a medida que continúe la implementación de la actual reforma de las pensiones.

Así pues, antes de volver a emerger en la cuestión y poder extraer alguna conclusión, conviene detenerse y entender un poco más en profundidad qué son las cotizaciones sociales y algunos aspectos básicos del sistema de la Seguridad Social en relación al trabajo asalariado, porque en el fondo reflejan una realidad que no se puede esconder por mucho tiempo, y es la de que vivimos bajo las reglas de un determinado sistema de producción. En la presente fase de la crisis, las consecuencias de vivir en dicho sistema ya no son esperables a largo plazo, como en los "años dorados". 

Es verdad que resulta más fácil imaginarse una prestación única ficticia que se recibiera simplemente porque sí, pero nos estamos jugando demasiado como para ignorar cuál es el origen de los derechos sociales que aprovechamos o a los que podríamos acceder, porque aún no han sido eliminados de la legislación y todavía es posible que nos movilicemos para poder exigirlos.

Según la propia regulación del sistema de protección, las cotizaciones sociales dependen básicamente de tres variables. Las dos últimas se podrían reducir a la primera, porque tienen que ver exclusivamente con el hecho de vivir en una sociedad capitalista, es decir, basada en la propiedad privada, productora de mercancías, y en la cual la misma fuerza de trabajo es empleada en el sistema salarial y bajo la lógica de su influencia.

1. La primera y fundamental de todas ellas es el trabajo, que se mide en diferentes unidades y fracciones temporales. En un período de, pongamos, doce meses de tu vida, o de la de todos los trabajadores de un lugar determinado tomados en su conjunto, por ejemplo los de una empresa concreta o los del país entero, no es lo mismo estar contratado y trabajando siete meses, que estarlo sólo durante cuatro, o los doce u once completos, ni tampoco es igual estar dado de alta todos los días de la semana laboral o sólamente dos o tres de ellos. Es decir, la cuantía de la cotización varía en razón directa a la cantidad o tiempo de trabajo: a más cantidad o tiempo de trabajo, mayor cotización, y viceversa.
   
   Por eso influye en las cotizaciones el tipo de contrato que se nos hace cuando se vaya a emplear nuestra capacidad de trabajar. Junto con la reducción de la cuantía de las indemnizaciones y la práctica destrucción del concepto jurídico del despido improcedente, la paulatina introducción y promoción de las diferentes modalidades temporales de contratación en la legislación laboral, es una de las tantas maneras que han tenido y tienen los distintos gobiernos de abaratarle y facilitarle al empresariado el despido o despacho de los trabajadores, y por lo tanto, de reducir el tiempo que se está cotizando, es decir, la cuantía de las cotizaciones que se acumulan en la caja de la SS en el mismo período considerado. La estabilidad en el empleo, por contra, favorece tu cotización personal, la de los demás empleados del centro o los centros de trabajo a los que vayas a desempeñar tu actividad, y la del resto de quienes tienen que vender su fuerza laboral para vivir, así como las transferencias que les corresponden a todos los que están obligados a abonarlas. 
   
   
   
2. La segunda variable es el salario, que es esa mercancía dineraria que se recibe en lugar de lo que se produce o contribuye a producir. Si se ha estado contratado, trabajando, y por tanto cotizando durante siete meses, pongamos como ejemplo, no es lo mismo haber estado cobrando mil quinientos euros al mes que haber estado recibiendo ochocientos, y si se va por horas no es igual haberlo estado haciendo a diez euros la hora que a seis. Así pues, la cuantía de la cotización varía no sólo en razón directa a la cantidad o tiempo de trabajo, como decíamos en el punto anterior, sino que también varía en razón directa al salario que lo remunera, o sea, el que se cobra diréctamente de los empleadores.
   
   El motivo es que ese salario que aparece reflejado en las nóminas y constituye la principal fuente de ingresos para una vasta parte de la población, es la base sobre la que se calculan las cotizaciones. Por tanto, no es sólo que a mayor cantidad o tiempo de trabajo, mayor sea la cotización y al revés, sino que en una misma cantidad o tiempo de trabajo, cuanto mayor sea el salario nominal, mayor es la cotización, y viceversa.
   
   En conjunción con lo expuesto hasta el momento, esto significa que el estancamiento de los salarios, y también el incremento de la precariedad laboral y de la tasa de temporalidad en el empleo, no sólo reducen la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora porque los ingresos salariales directos se distancien por debajo de los precios, sino también porque, además del efecto que tienen esas bajas remuneraciones en el cálculo, todos esos días que no se está contratado y cobrando de la empresa un salario cuando se padece el encadenamiento de contratos temporales tampoco se está cotizando, o dicho con otras palabras, porque se reducen las cotizaciones que van a parar a la caja de la SS y luego regresan al trabajador cuando se está desempleado, en la forma de una pensión, de una determinada prestación del paro, o de la cobertura del tipo que sea.
   
   
   
3. Y la tercera variable es la parte considerada en la relación laboral de explotación, porque los trabajadores asalariados y los empresarios empleadores, que forman las dos principales clases sociales, suelen abonar porcentajes diferentes de esa misma base sobre la que se calculan (salario nominal en ambos casos) para cada uno de los distintos conceptos de la cotización. En el sistema nacional de protección, la parte de sus ingresos que dedican estos últimos -los empresarios y copropietarios- es mayor en relación a la de sus plantillas, pero aún así es sólo una parte de esos beneficios mensuales o periódicos que facturan, y por supuesto, es mucho menor que la resta entre esos beneficios y los salarios que pagan a cambio de la fuerza laboral, que es la diferencia de la que resulta prácticamente toda la desigualdad en el reparto de la riqueza.
   
   Sólo queda comprender la imprescindible distinción entre el origen inmediato de la cotización, por un lado, y el origen último de la misma, que es el mismo para cualquier tipo de ingreso o descuento de finalidad redistributiva. El origen inmediato tiene que ver con el hecho de vivir en el capitalismo y bajo sus regulaciones legales: se trata del beneficio empresarial en el caso de los explotadores, o el salario en el caso de los trabajadores, pues se abonan en ambos casos. Sin embargo, el origen último de eso que cotizan ambas partes -y en general, el de cualquier tipo legal de aporte al sistema de protección social- es la actividad económica que en exclusiva desempeñamos los trabajadores, sin la cual no habría nada que se redistribuyera ni dejara de redistribuir y que en la sociedad en la que vivimos está remunerada con el susodicho salario. De entre las tres anteriores, es por tanto el trabajo la variable "irreductible" o fundamental: por eso todas las prestaciones públicas existentes en la actualidad son, a parte de cómo se financien, y de que procedan del salario ya cobrado o del que aún no han desembolsado los empresarios, formas indirectas o diferidas del salario, que es de hecho la relación reguladora de nuestra protección en su conjunto, considerando todas las contingencias y conceptos que justifican su implementación y defensa.
   
   
   

Dicho esto, y para comprender de donde proviene, lo primero que hay que tener claro es que el desarrollo de este último sistema recién descrito de ingresos públicos para financiar las coberturas sociales o al desempleo que posteriormente sean redistribuidas, al igual que sucede en los sistemas análogos del continente, no fue un regalo de ningún tipo. Hay dos posibles explicaciones diferenciables a mencionar, aunque ahora no sean el objeto de cuestión, por las que uno puede llegar a engañarse creyendo que estamos ante algún vestigio de las autoridades políticas de la época en que apareció: o se ha caído en el individualismo más descarado a la hora de plantear la prestación estatal, algo bastante habitual en nuestros días, o peor aún, se intenta engrandecer además la imagen del "caudillo". Pero el origen de esta forma de protección se encuentra fuera de esas "teorías".

Por el contrario, la aparición de la protección contemporánea se explica a partir de un período de intensas confrontaciones de clase que, en el caso particular de España, hubo de transcurrir además buena parte de su tiempo frente a las difíciles condiciones represivas de la clandestinidad franquista. La consideración de este último hecho también permite comprender la relativa demora de su aparición a finales de los años sesenta y alrededor de los setenta en relación con los de otros países en la posguerra europea, excepto algunos mediterráneos y meridionales del continente, que también padecieron un fascismo que dificultó con mayor dureza el esfuerzo y compromiso por su construcción.

Así mismo, sería igual de errático suponer que esta regulación que acabamos de exponer, que vincula la prestación pública del servicio con el empleo de la fuerza de trabajo, haya sido una propuesta o concesión de alguno de los gobiernos liberales que se han sucedido a lo largo de la historia nacional, que reflejaron siempre los intereses de las clases dirigentes y tampoco dudaron lo más mínimo a la hora de reprimir la protesta social.

La realidad es que este vínculo fue una exigencia inteligente y genuina del movimiento obrero, de inspiración muy diferente al planteamiento de la asistencia estatal de la pobreza y las medidas paliativas. Ya incluso desde el siglo diecinueve, la relación entre el trabajo y la cobertura social había sido explicitada a mayor o menor pesar de los distintos gobiernos, cuando aquel creó los primeros seguros de orfandad, de viudedad o de enfermedad: los trabajadores se asociaron para derivar solidariamente una parte de su salario, con el fin de poder disponer del mismo cuando no pudieran trabajar, ante una incapacidad o porque no hubiera quienes contratasen, entre otros casos, a medida que fueron consiguiendo alterar en su favor la relación en que tenían que vender su fuerza laboral, para incrementar así la esfera de su protección.

De esta manera, la caja de la Seguridad Social fue creada precísamente después de que esa militancia, tras una confrontación sangrienta y el desempeño de huelgas salvajemente reprimidas, consiguiera que el Estado se responsabilizara jurídica y económicamente de todas aquellas coberturas o formas indirectas y diferidas del salario, algo que logró principalmente de dos maneras: por un lado, haciendo que fuesen reguladas e incorporadas en los lugares de la legislación más garantistas, con la conceptualización legal de la cotización social, y por otro, que su financiación quedase complementada (en ningún caso reemplazada) con el sistema tributario central.

Por lo tanto, y además de que estuviera y deba mantenerse, lo máximo que podamos, complementado con los impuestos estatales, con el fin de disponer de la mayor partida posible para el gasto social y no de aceptar la reducción de este último con la excusa del déficit, este sistema basado en las cotizaciones sociales hacía explícito, ya en el propio código legal, el vínculo entre el empleo y la protección al desempleo, porque su origen se remonta al cuestionamiento más o menos consciente de las relaciones de producción capitalistas, es decir, cuando se lograron mejores empleos, contratos y salarios.

La creciente y fructuosa conflictividad laboral y social de distintas épocas de los dos siglos pasados impedían que alguien se viera tentado a esconder que toda cobertura, sea esta médica, de cuidados, de pensiones, del paro o educativa, por citar ejemplos, procede del empleo de la fuerza laboral y productiva. Esto significa que, como mientras sigamos en el capitalismo el empleo no está garantizado ni por los jueces, ni por los empresarios, ni por ninguno de los gobiernos, esa cobertura procede, pues, de la lucha de los propios trabajadores por mantenerlo y por que sea este retribuido con el mayor salario posible y de la mayor estabilidad que se pueda alcanzar, entre otras cuestiones. 

Esta es la razón y no otra, por cierto, de que sin el enfrentamiento sostenido contra la dictadura del criminal fascista Franco, no hubiera sido posible la promulgación de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que establecía que los contratos de trabajo debían ser indefinidos, con la única salvedad de que la naturaleza concreta del trabajo determinase lo contrario.

No mucho tiempo después, el gobierno de Felipe González desarrolló sobre el mal llamado "Estatuto de los Trabajadores" la primera de las reformas que nos hizo retroceder a la antigua legislación franquista del trabajo, volviendo a hacer de la contratación temporal una libre opción legal del empresario como en los años cuarenta, en la que se abrían las puertas y volvía a permitir el despido prácticamente gratuito. Una medida que hasta la fecha continúa vigente y a la que se le han ido sumando, desde una transición que fue sólo política, todas las reformas laborales de las sucesivas legislaturas sin que nadie haya logrado o querido revertir la tendencia. 

Las medidas que ha prometido aplicar la ministra de trabajo Yolanda Díaz, representante de una supuesta facción más radical de la coalición de gobierno según su amplia legión de seguidores, para limitar las causas jurídicas de la temporalidad contractual sólo son un brindis al sol dirigido a los cada vez más escasos electores de sus partidos, y no sólo porque una gran parte de los empresarios recurren con bastante impunidad a la contratación en fraude de ley, que es una explicación secundaria. 

El motivo principal de la falacia contenida en las palabras y promesas de esta homeópata de Unidas Podemos, a la que unos y otros bufones del espectáculo de entretenimiento parlamentario califican alegremente de comunista, reside en el hecho de que la legislación laboral y la norma suprema que la desarrolla, que es el susodicho estatuto que ninguna ley de su ámbito puede contradecir, les asegura a todos aquellos "creadores de empleo" la posibilidad de recurrir de manera complétamente legal a cualquiera de sus modalidades flexibles (actualmente las de duración determinada, obra y servicio, fija discontínua...) con independencia de que el trabajo sea realmente de requerimiento permanente. 

Las denominadas políticas de fomento del empleo que aplican los gobiernos tan sólo persiguen hacérselo más rentable a quienes lo aprovechan en su beneficio, o en otras palabras, flexibilizarlo. Por eso no puede ser estable ni tampoco el ingreso que nos genera: porque tales políticas y reformas sólo adaptan la regulación jurídica para que los empresarios puedan establecer un contrato que también pueda ser rescindido a su antojo, con cada rebrote de la crisis estructural.

Los servicios integrales y la caja única de financiación: responsabilización estatal y seguridad jurídica de lo público

Una vez vista la naturaleza general de este sistema de ingresos de la protección social o al desempleo, pasamos a considerarlo junto con las distintas formas que adopta el gasto de eso que se recauda, porque permite entender completamente las ventajas de la simultaneidad de ambas formas de financiación e, indirectamente, también su polo opuesto: los objetivos inconfesados de quienes nos imponen el Pacto de Toledo y el compromiso fundamental que adoptaron sus firmantes. Algunos saben bien lo que estos acuerdos implican para todo lo público, pero la mayoría de sus seguidores ni siquiera son conscientes de que lo defienden al amparo de algún supuesto y mediocre "ideal". 

La administración de la cobertura en sí quedó organizada en la forma de prestaciones monetarias, en dinero como las pensiones o los subsidios y prestaciones temporales del paro, y de prestaciones específicas de diferente tipo. A su vez, se establecieron prestaciones contributivas, que aún a día de hoy constituyen la punta de lanza de las prestaciones de tipo monetario, y prestaciones no contributivas, que permiten que otra parte muy numerosa de la clase trabajadora no quede fuera de la protección. La relación entre estos dos últimos componentes imprescindibles del sistema de protección, el contributivo y el no contributivo, es mutua e ineludible.

Antes del Pacto de Toledo, los servicios de la Seguridad Social incluían no sólo las coberturas dinerarias a la jubilación, la incapacidad o el desempleo estructural, sino también otras prestaciones públicas que todavía no habían sido aisladas de las demás en el sistema. La segregación de los servicios públicos en consideración es una de las tácticas seguidas por cualquiera de los sucesivos gobiernos que también liberalizaron otros sectores antes o durante su privatización, con el objeto de acelerarla. En este caso se trata de:

• Los servicios médicos. El sistema de la sanidad pública formaba parte de la Seguridad Social, no sólo a efectos administrativos sino a los anteriormente mencionados, de índole económica y presupuestaria.
  
  
• El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o antiguo INEM, cuya privatización comenzó cuando las etetés fueron legalizadas, de nuevo por el gobierno atrapasueños del entonces joven y "rebelde" Felipe González. No fue, ni mucho menos, el único de marcado carácter antiobrero, porque también lo fueron antes los del centro democrático y cristiano del converso Adolfo Suárez, así como por supuesto cualquiera de los del "innombrable" que le precedió, pero sí el primero que consiguió deshacer gran parte de lo que había sido conseguido durante la lucha antifascista y clandestina, a través de cuidadosos engaños y sucias triquiñuelas electoralistas premeditadas que desarticularon el entonces alto nivel organizativo de los trabajadores. Otros que cumplieron bastante bien con sus expectativas y aspiraciones profesionales, como aquel ilusionista cuya retirada ha lamentado y llorado tanto su tropel de entusiastas, tomaron su ejemplo con posterioridad para continuar la tarea.
  
  
• Todos los Servicios Sociales. Además de las pensiones de diferente tipo, el IMSERSO también administra o bien evalúa a escala nacional distintas prestaciones en especie, como por ejemplo las viviendas de acogida para diferentes colectivos u otras de distinta índole orientadas hacia los jubilados, los inválidos, etc.

En síntesis y como ya adelantábamos antes, todos estos servicios, tanto monetarios como específicos, estaban todos ellos financiados simultáneamente mediante las cotizaciones sociales y los impuestos estatales. Es lo que se conoce como la caja única de la Seguridad Social, única porque antes de haber sido separada estaba metida o integrada (no disuelta) dentro de los PGE, con todo lo que ello significaba.

Por un lado, su contemplación como servicios públicos que habían de tener, al menos, la misma prioridad presupuestaria que los demás por parte del Estado (financiación vía impuestos) le obligaba a este último a asegurar su sostenibilidad con toda su capacidad económica disponible, mediante las transferencias a fondo perdido que fuesen necesarias a la Seguridad Social, en lugar de los inaceptables préstamos que se han estado practicando desde 1994. El único objetivo de la comisión permanente de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso es obligarnos a aceptar la separación de fuentes, que acordaron sus creadores hace ahora más de veinticinco años, y los decenios de claudicación y seguidismo finalmente están dejando paso a la peligrosa y demagógica opción de tendencia fascioliberal que representan las formaciones de Abascal y de Monasterio, de Ayuso y de Casado, y de quienes vayan fortaleciendo y sumándose a la misma.

En este sentido, y aunque ni el capitalismo ni sus perniciosas consecuencias sobre el empleo y toda forma de protección al desempleo -incluidas la de jubilación, viudedad e invalidez- terminarían en modo alguno en la supresión de tales acuerdos, una explicación de gran peso de las dificultades provocadas en el pago de las pensiones públicas sí remite a que el Fondo de Reserva, creado en 1996, no es ni ha sido nunca parte de los PGE.

Esto quiere decir que, desde que aquellos acuerdos fueron subscritos, no se contabilizan las correspondientes recaudaciones fiscales como presupuesto disponible para el pago de las pensiones, y eso sin tener en cuenta el efecto de las consecutivas reformas del mercado laboral, que continúan todas vigentes y a las que este gobierno pretende complementar con otra venidera para finales de este año o para el siguiente. La desrresponsabilización del Estado, era y es imprescindible si lo que se pretende es justificar los "ajustes" bajo los engañosos pretextos de que no hay dinero, o de que las pensiones o cualquier otro tipo de prestación pública es insostenible.

Por otro lado, la consideración del empleo y los salarios como base para el cálculo del ingreso y posterior gasto social (en particular la vía de financiación que hemos visto, a través de las cotizaciones que van a parar a los compartimentos de la caja de la SS) es mucha mejor garantía de su seguridad jurídica, porque indirectamente ello las mantiene sujetas por ley a nuestra propia capacidad de profundizar, extender, sostener y por supuesto comenzar un conflicto para mejorar nuestros salarios y nuestra estabilidad laboral, en vez de subordinar la redistribución de los servicios públicos al voluntarismo de ningún embaucador profesional de la institución parlamentaria y al de los organismos acreedores a los que en realidad obedecen sus gobiernos, y esto es así por una sencilla razón.

Al menos en España y otros lugares, todos ellos tienen que seguir adecuándose a una serie de reglas legales a la hora de aplicar las políticas que decidan implementar, incluso si se trata de recortar el gasto social, que es lo que han estado haciendo y hacen tanto unos como otros, a distinto ritmo y velocidad, y algunos mareando la perdiz, pero todos ellos. Por ese motivo, la privatización de lo público en muchos países occidentales, no sólo en este, ha estado transcurriendo por fases, según iban consiguiendo modificar y adaptar ese ordenamiento legal, y en ello es necesaria una consciencia, defensa y atención estrictas por nuestra parte.

En contra de lo que se suele hacer creer, el que los distintos espacios de la legislación sean más o menos garantistas no tiene necesariamente nada que ver con que aparezcan o no en la Constitución. Ejemplos sobrados de ello son los derechos a la vivienda o el trabajo, que son derechos constitucionales, lo que no impide que sean constante y sistemáticamente violados, porque no son fundamentales según aquel documento y su tutela legal no puede ser reclamada, por consiguiente, ante ninguna institución oficial con autoridad para que los haga cumplir. 

El denominado "blindaje" constitucional de los derechos es un embuste que fue utilizado en su día como forma de distracción ante las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas que habían logrado organizarse de manera unitaria, y lo saben bien quienes hacen tres años convocaban manifestaciones paralelas en Madrid para fomentar la división, que son quienes van a sacar tajada junto a la patronal de la inminente imposición de los planes de pensiones corporativos o de empresa, tras la entrada en vigor de la Mochila Austríaca.

La opción realmente más segura, en términos de la vulnerabilidad jurídica de nuestra protección, es la vinculación empleo-prestación en la manera que se pueda y corresponda, porque mientras los gobiernos se sigan teniendo que desenvolver en el marco del Estado de derecho, ninguno de ellos podrá impedir libremente ni el ingreso ni la prestación (redistribución) de los servicios públicos a los que se tenga derecho si este nace del trabajo, lo que nos hace ganar tiempo para organizarnos en la lucha por la necesidad que tenemos de que nos dejen desempeñarlo.

Esto significa, en primer lugar, que debemos mantener ligadas las prestaciones al conjunto de cotizaciones sociales de todos los trabajadores, es decir, sostener esta fuente de financiación o ingresos del sistema de protección, para que el volumen acumulado de ahorro disponible para las varias modalidades del gasto social, sea en la forma de una cobertura específica o monetaria, contributiva o no contributiva, se mantenga legalmente unido al volumen y la calidad del empleo en la mayor medida posible y, por consiguiente, dicha partida social pueda ser diréctamente defendida por la clase trabajadora.

Esto último nos permite prescindir de tener que confiar en la "bondad" o las promesas del gobierno de turno o los legisladores del momento, que son los que deciden todo en materia de recaudación de impuestos y también los que aceptan el déficit y las "recomendaciones" de los poderes capitalistas, mientras nos hacen tragar con una reforma laboral tras otra con efectos nefastos en la SS, todas diseñadas para solventar los problemas de rentabilidad de las empresas, y mientras los que ahora se sientan a un lado de la bancada prometían derogar las anteriores en cuanto sus partidos llegaran al palacio. Ahora están pensando ya en una nueva vuelta de tuerca, con diálogo o sin él, según dice la propia ministra de trabajo.

Por mucha cantinela con la que hayan tratado de llegar a lo más profundo del corazón de su electorado potencial, para poder incrementar o siquiera mantener a medio plazo el gasto en servicios públicos es ineludible revertir el desempleo estructural, porque tanto el paro más o menos discontínuo y duradero de trabajadores de todas las edades y los bajos salarios como el subdesarrollo tecnológico, conducen a la dependencia económica hacia la burguesía financiera y sus asociaciones mundiales, que son las que amenazan sin tapujos nuestro sistema de protección en sus informes trimestrales o periódicos y con las que negocian nuestros gobiernos a la hora de hacernos pagar la deuda junto con sus intereses.

Hacer depender la financiación de cualquier tipo de prestación única y exclusivamente de los PGE, olvidándose de las cotizaciones (el modelo asistencialista, de disolver la caja de la SS aún queriendo conservar el nombre y poco más) es una manera descarada de vincular su sostenimiento a los objetivos del déficit establecido por la Unión Europea, porque desconecta en la legislación el servicio público y el derecho que lo regula, de la opción de defenderlo eficazmente mediante la organización y lucha contra la precariedad laboral, la temporalidad en el empleo y los bajos ingresos salariales, desde los centros de trabajo y en las calles, y en su lugar los hace dependientes de las políticas fiscales que decidan aplicar los ocupantes o inquilinos ocasionales de la Moncloa. Estos se rodearán de un buen equipo de marketing electoral que se encargue de seguir proyectando sus éxitos en el nombre de esa mentira del "bien común", que tanto gusta a los liberales, aunque son representantes de una clase y unos intereses que no son los nuestros, al fin y a la postre.

Por si a algunos les quedan muchas dudas sobre la naturaleza de tales éxitos y políticas a estas alturas, esos objetivos del déficit son aquellos que persiguen todos los gobiernos nacionales de los Estados miembros con independencia de su signo político, y esto tampoco es sólo una cuestión de derecho -comunitario e internacional- sino también de hecho, como ya quedó bien patente incluso con la deplorable administración de la izquierda radical griega, que en su día se presentó como oposición a las derechas en "otra Europa con Tsipras" y luego con el "Plan B" de Varoufakis, un neokeynesiano partidario, según él mismo declaró, de estabilizar el capitalismo y que el mundo del progresismo convirtió en uno de sus nuevos mesías.  

En segundo lugar y sin perjuicio de lo anterior, hay que intentar mediante esa lucha por el empleo, los contratos y la elevación de los salarios que, en los casos en los que sea posible, esas prestaciones lleguen a estar vinculadas, si es que no lo estaban, no sólo al conjunto de cotizaciones de todos los trabajadores, que debería ser una mínima reivindicación, sino también a la base de cotización personal, en la forma del régimen contributivo.

Sencillamente porque, primero, es este último el que de verdad puede permitir una jubilación medianamente deseable, o un desempleo llevadero si se ha sido despedido o no renovado, al menos hasta que se encuentra otro empleo. Como en el capitalismo tienen que negarnos sistemáticamente nuestro "derecho" al trabajo y limitar nuestra posibilidad de acceder a las mejores prestaciones, tenemos que exigir mientras tanto, eso sí, que se establezcan y se eleve la cuantía de las pensiones y prestaciones no contributivas en la medida que sea necesario, para quienes no podamos acceder a las primeras cuando necesitamos una cobertura, pero más nos vale tener claro dónde se ubica el horizonte de nuestros intereses.

Necesitamos los dos tipos de prestaciones, contributivas y no contributivas, pero sólo podemos defender la implementación y el incremento del gasto de ambos a través de esa lucha de clases: por eso si consiguiéramos ejercerla en la dimensión necesaria como para ir recuperando todo lo que nos están arrebatando, aumentaría la parte de la cobertura pública monetaria recibida que es contributiva respecto a la no contributiva, como de hecho sucedió cuando se estuvieron construyendo los sistemas de protección del siglo veinte, golpeados desde los años ochenta hasta el día de hoy. Ahora está pasando exactamente lo contrario y encima el capital, los gobiernos, sus voceros mediáticos y propagandistas, y no pocos influencers de las redes "sociales" o de narcotización de masas, que es lo mismo, nos lo venden como si fuera un avance en nuestro favor.

Y segundo, porque aunque el concepto no contributivo es, como decimos, un componente irrenunciable del sistema de protección, ya que permite que una parte de los trabajadores más explotados y los más "flexibles" puedan optar por lo menos a algún tipo de cobertura monetaria, también es cierto que este es jurídicamente mucho más vulnerable que el contributivo ante el voluntarismo del gobernante y el legislador, ya que en el concepto no contributivo son estos últimos los que tienen la última palabra sobre por qué, durante cuánto tiempo y cuánto se cobra de la misma.

Por eso, al gabinete de Zapatero le bastó haber estado sufragado en las urnas para sustituir o reemplazar el salario mínimo interprofesional como indicador de referencia para el cálculo de los subsidios, por el entonces novedoso IPREM. La base para la determinación de la cuantía de las susodichas prestaciones no contributivas de desempleo dejó de ser, "con talante", de 30 €/día y pasó a ser la mitad, de unos 15 €/día, antes de que ese y otros fiascos dejaran paso al gobierno autoritarista de Mariano Rajoy, que continuó en la línea de la austeridad y los recortes, ya en mayoría absoluta. 

Entonces, la vinculación entre la prestación y la cotización personal, esto es, la de cada uno de quienes hemos de vender nuestra fuerza laboral, y no sólo la del conjunto de quienes lo hacemos, también es más garantista porque la cantidad que se recibe y otras particularidades de la prestación monetaria están en gran medida sujetas al trabajo del desempleado que se quedó sin su antiguo empleo y entonces pasa a necesitar aquella, y esa referencia en la actividad económica que desempeña nuestra clase es todo lo que no tiene por qué decidir unilateralmente el gobierno cuando nos golpea con sus políticas laborales y fiscales, si luchamos por ella.

Más allá del derecho: nuestra necesidad de una cobertura social no se puede separar del empleo y el salario

Con la calidad del empleo y la cuantía de los salarios que hay en el país, la imaginación de una hipotética gran prestación pública, por más que se adorne la ilusión con un nombre "enganchadizo", con palabras atrayentes y con eslóganes embaucadores, es nada más que eso, una fantasía: la que necesitan los vendeburras para ganar las elecciones y continuar envolviéndonos sus "ajustes" en un aura de ridículo triunfalismo y delirante utopismo de cortos vuelos. Es totalmente desaconsejable depositar alguna confianza en esa idea porque no es más que una táctica electoralista, y puesto que seguimos estando desorganizados, es el crecimiento de las derechas la expresión viva de que ya no cuela.

La trampa y el engaño de desacoplar la prestación pública y el empleo en las regulaciones del sistema de protección, consiste en creer que porque ese empleo sea de baja calidad y esté remunerado con salarios bajos, característica particularmente española como bien saben tanto los "expertos" y entendidos como quienes la padecen en sus carnes, encima se ha vuelto preferible que sean el gobierno y el legislador, o sea los mismos que siguen flexibilizando el mercado laboral hasta el extremo y justificando la temporalidad, los que también se reserven la potestad de decidir la cantidad que se ingresa y se gasta en ese sistema redistributivo, cuando la pura experiencia de la realidad muestra que todos ellos, de todos los colores, han estado reduciéndolo y minimizándolo a uno u otro ritmo con cada una de sus hirientes e interminables reformas. 

Ese desacoplamiento que algunos ensalzan, en muchos casos por la ignorancia de sus consecuencias, sólo es una prueba de las prisas que tienen los poderes fácticos y la clase dominante por acelerar el desmantelamiento de lo público y encima  legitimarlo a los ojos de sus víctimas. Pero la defensa del empleo es la única garantía para el mantenimiento de todas las conquistas históricas y servicios públicos.

Con cierta frecuencia se argumenta, con innegable razón, que los déficits en la caja de la Seguridad Social provienen de la deplorable situación del empleo, los contratos y los salarios en la actualidad. La solución para defender nuestra protección social y al desempleo no pasa por fingir que no está ocurriendo ni por ignorarlo junto con las cotizaciones a la hora de plantear su financiación. Es obvio, o al menos debería serlo, que también el actual gobierno pretende desviar nuestra atención de las medidas que este y todos los demás nos obligan a aceptar, sin contar las inminentes y dañinas reformas que implementarán a corto plazo, y engañarse creyendo lo contrario no es una alternativa válida frente a la amenaza de una derecha que avanza con rapidez hacia posiciones ya abierta y reconocidamente autoritarias y liberticidas. 

Cuando la actividad productiva no permite abastecer el sistema de protección, la responsabilidad ante todo lo que redistribuye hacia nuestra clase en la forma de los diversos servicios públicos pasa a recaer enteramente sobre toda laya de intermediarios del sistema-mundo capitalista: los propietarios de los sectores y las economías más productivas, que son las monopolizadas por esa burguesía dueña de las finanzas internacionales, para quienes nuestros gobiernos recortan el gasto público y social porque incluso los que se conocen como progresistas, los de la izquierda, están todos en su chistera. A partir de este hecho, el principio solidario como regulador en los sistemas de protección es una oportunidad para su defensa, no una debilidad como pretenden hacernos creer algunos cuando denuncian una "meritocracia" o la confunden con la realidad tajante del capitalismo. 

Es necesario cuestionar el itinerario de las izquierdas y ciertas corrientes extraparlamentarias cercanas de transformar las modalidades contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que constituyen los dos pilares complementarios y fundamentales del sistema de protección, en asistencialismo no contributivo, porque esto que proponen equivale a continuar los recortes del gasto en nuestras pensiones y coberturas varias al desempleo, con la excusa de dosificarlos y diferirlos en el tiempo y haciendo malabares con los presupuestos, enfrentando distintas necesidades de la misma clase trabajadora y divulgando señuelos que nos dividen entre jubilados y en activo, entre ocupados y parados, entre "fijos" y temporales, cuando la verdad es que nos pueden echar a la calle prácticamente a cualquiera, ya sea mediante una llamada de teléfono que no se produce, en un extremo, ya sea mediante una indemnización cada vez más irrisoria, en el otro.

La propuesta de la desvinculación empleo-prestación y la llamada "deslaboralización" de los derechos es una justificación en boga para desarrollar el Pacto de Toledo, y también una prueba del relativo éxito peligroso que ha estado teniendo la extrema derecha en divulgar la creencia de que se puede vivir de los subsidios, prácticamente un mito que ultraliberales y también fascistas airean con frescura, junto con su abierto prejuicio contra aquellos que hayan convertido en su chivo expiatorio. 

Eso sí, de manera más o menos descarada, otros asumen ese mismo mito en la versión republicana de los progres, y con toda su moralina "positiva" y universalista sobre los derechos humanos, mientras nos imponen la separación de fuentes, la conversión de nuestros derechos en una "gracia" paternalista, la sustitución de la cobertura de jubilación y de unas prestaciones del paro y subsidios de desempleo por otros más baratos de "quita y pon" que encima no cotizan, la asfixia del sistema público de pensiones, y por supuesto, las reformas laborales que el gobierno electo prometió derogar.

No son lo mismo que esa derecha que ya adopta planteamientos criminales, pero siguen pretendiendo disimular que no gobiernan y legislan para una clase distinta que aquella, y nada de eso debería servir de excusa para ignorar que sólo afrontando, para darle la vuelta y combatir con eficacia la expansión de las etetés y multiservicios, la temporalidad y el encadenamiento de contratos basura, el paro de mayor o menor continuidad y los salarios insosteniblemente bajos, entre otras expresiones del desempleo laboral y productivo, es posible incrementar la esfera de la cobertura pública y social para cuando estemos sin trabajar, y que algo pueda empezar a cambiar de verdad en nuestro provecho.

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· Es posible que también le sea de interés otra publicación relacionada: Mercado laboral y lucha de clases, en época de ficción política. 

 · Recomiendo la lectura y difusión de este llamamiento a la defensa del empleo y de las siguientes reivindicaciones:

• Trabajar por la confluencia de sectores y colectivos en una jornada de lucha común, entendiendo esta jornada como punto de partida de un proceso que prepare la huelga general. Sólo la huelga general de trabajadores activos, desempleados, pensionistas e irregulares puede dotar las demandas de clase del alcance político al que las movilizaciones parciales no llegan.
  
  
• Toda lucha desde sectores de nuestra clase que necesariamente deba darse de forma parcial debe ser apoyada por el resto de la misma. Cualquiera de sus luchas es nuestra lucha.
  
  
• La salud no se vende, se defiende. Medidas de protección y prevención en todos los centros de trabajo. Exigencia al gobierno de su vigilancia y sanción cuando no se produzca. En el transporte público, el que utiliza fundamentalmente la clase trabajadora, medidas de seguridad y prevención que minimicen al máximo las posibilidades de contagio. Fin de los contratos temporales, en fraude de ley, que cubren suplencias de días e incluso horas, y que el personal sanitario femenino y las limpiadoras arrastran durante décadas.
  
  
• Incorporación de medios técnicos y humanos a la sanidad de titularidad y gestión pública a nivel nacional hasta hacer compatible la prevención y el normal tratamiento de las enfermedades habituales con los casos de coronavirus.
  
  
• Mantenimiento de los ERTEs el tiempo que sea necesario hasta la recuperación de la actividad en las empresas afectadas.
  
  
• Pensión mínima igual al salario mínimo.
  
  
• Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.
  
  
• Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.
  
  
• No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.
  
  
• No a la separación de sus fuentes de financiación según la doctrina del Pacto de Toledo. Todas las pensiones vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, del mismo modo que se hace con la enseñanza y la sanidad, pues la garantía de los derechos conquistados mediante las luchas de la clase trabajadora es responsabilidad del Estado.
  
  
• No transferir la gestión del IMV [Ingreso Mínimo Vital] a comunidades autónomas o ayuntamientos.
  
  
• Agilización y resolución inmediata de las solicitudes del IMV.
  
  
• Ningún desempleado (regular o irregular) debe quedar sin prestaciones. Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera.
  
  
• No a la derivación de ninguna gestión o asistencia social al tercer sector (ONG, etc). La solidaridad no puede ser gestionada desde el voluntariado laico o religioso.
  
  
• No a la legalización de la prostitución como "un trabajo más" y de los vientres de alquiler, que se dirigen especialmente a la explotación de los cuerpos y capacidad reproductiva de las mujeres de nuestra clase.
  
  
• Demandamos inversión en la modernización de unos centros educativos obsoletos y deteriorados tras la privatización de los servicios de mantenimiento, limpieza y cocina, así como la creación de nuevos centros educativos públicos que den cobertura a toda la población en edad escolar. No a la educación concertada.

La nueva tarifa de discriminación horaria

Por Arash

Puestos a distinguir entre lo que se dice desde la "oposición" parlamentaria, y lo que previsiblemente se hiciera o se haya hecho finalmente una vez alcanzado el gobierno, hay que distinguir bien para no ponérselo más fácil de lo que ya lo tienen a alguno de nuestros adversarios. La derecha, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de la nueva tarifa de discriminación horaria, y eso significa sólo eso y nada más, pero no ha declarado abiértamente nada más que eso al respecto. Esta nueva tarifa se traducirá en un aumento del coste medio de la luz, de determinada magnitud, para la familia residente media en el territorio del país, porque aunque todos lo sabemos, las compañías energéticas tienen bien estudiadas hasta el milímetro en qué franjas diarias se consume más energía en los hogares. De entre aquellas que vivan del salario, habrá cada vez más en las que no se pueda asumir ese gasto.

El resto del "abanico", pues, sólo son una panda de mercachifles al servicio de la misma clase que aquella, sólo que intentando escorarse más hacia una de las bandas (todo el espectro político actualmente existente, incluido el extraparlamentario, apesta a populismo del rancio) y aplicando sus políticas capitalistas con vaselina, para que entren mejor en aquellos a los que finge representar junto con sus auténticos representados. Eso si no hablamos de las sectas marginales, que nunca dejarán de serlo y de las que tampoco nacerá ninguna opción que necesitemos quienes tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo.

El dinero que se transfiere por la luz se compone de su precio, por un lado, y de los impuestos que la gravan, por otro. El precio es dinero que se acumula en la caja de esas empresas y compañías energéticas, mientras que los impuestos van a parar a los presupuestos del Estado, que lo mismo se podían haber dedicado a obtener los respiradores que hacían falta y pagar a rastreadores para los hospitales públicos, o para incrementar la frecuencia del transporte municipal y evitar aglomeraciones en grandes ciudades, que para comprarle una corbeta a los italianos.

Uno de estos últimos impuestos es el IVA (Impuesto del Valor Añadido) que todos conocemos, que grava la compra de casi cualquier mercancía en general, y la energía no es una excepción. Esto significa que a la hora de pagar una factura de la luz, también se abona una cantidad de dinero en este concepto impositivo, ya sea por el consumo doméstico del chalé con piscina climatizada y coche eléctrico, o por el de una nevera o lavadora viejunas de quien le paga ese coche y esa piscina al burgués mientras tiene que apretarse en un cuchitril de Carabanchel o de Vallecas e ir a trabajar en una tartana o diréctamente en patinete ecológico.

También quiere decir que, si además se es propietario, socio o accionista de una empresa distribuidora, se ha de abonar además dinero en concepto del susodicho IVA por la compra de la energía a las compañías productoras, antes de poder revenderla o distribuirla. Quienes se apuntan al negocio de la luz en la forma de cooperativas u otras modalidades societarias y empresariales para ver si pueden sacar tajada con aquello de la "economía colaborativa", también destinan una parte de su patrimonio hacia el Estado.

Otro es el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que se trata en principio de un impuesto que grava diréctamente el patrimonio de las compañías energéticas que se dedican a la explotación de esta actividad productiva. Al igual que sucede con el IVA y las distribuidoras, las corporaciones y empresas filiales que controlan estaciones eólicas o hidráulicas como las de Endesa o Iberdrola, entre otras, abonan este otro impuesto por su gran "contribución social", y pueden seguir rentabilizando la noblísima actividad a la que se dedican. En la obscena mentalidad socialdemócrata, la plusvalía siempre es genial y maravillosa: sólo hay que "retener" una parte de la misma y asunto terminao'. Luego pasa lo que pasa.

Lo que también defienden abiértamente el PP, Vox y Ciudadanos, es la disminución de los impuestos sobre la luz. Te lo presentan "argumentando" que ello reduciría el desembolso del consumidor final, porque ello les permite aparentar sensibilidad hacia las familias que tienen que hacer peripecias para poder pagar esas facturas o la renta del alquiler a la "majete" de la casera, y al mismo tiempo llegar a final de mes. En realidad tampoco les importan una mierda todas ellas, y aplauden o callan como hijos de la gran puta cuando los matones de Desokupa apalean a las que vayan a ser finalmente desahuciadas.

Resulta que, por paradógico que pueda parecerle a algunos esto o sus consecuencias, la producción energética es un monopolio al servicio de los intereses de un puñado de proveedores, empresarios del "bien común" (o sea de sí mismos) y sus compinches de la administración, cuyas familias y amiguetes invirtieron bien e inteligentemente su capital y supieron relacionarse, y sabían que eso de la "libre" competencia siempre había sido una patraña, aunque les funcione. Las empresas y compañías del sector energético necesitan un nivel mínimo de consumo, y ya se ve que esto no implica afección alguna por quienes trabajan o sobre todo se buscan la vida en la Cañada Real. Si los dueños, accionistas y directivos de aquellas ya están hechos de oro, ¿por qué no multiplican por veinte el precio de la luz y que les salga hasta por las orejas? Debería estar claro por qué persiguen una bajada de los impuestos. Pero la izmierda se esfuerza por ponérselo en bandeja y desenrrollarles la alfombra.

Así que el precio aumenta de todas maneras, porque así se ha aceptado tanto en el partido "socialista obrero" español, como en el de las progres pusilánimes de Unidas Podemos, y sus forofos más "transgresores" (seguro que el poder se está cagando de miedo con ellos) en las redes de adormecimiento social siguen soñando con los "años dorados" del capitalismo. Pero estos ya terminaron para siempre hace bastante tiempo, y aquello de la progresividad y "justicia" fiscales, que siempre fueron más ficción, nacida del pacto social de posguerra, que realidad, jamás volverá.

Por eso los chalecos amarillos, una de las mejores y más reivindicativas protestas y manifestaciones de la lucha obrera de los últimos años, originaria de Francia y que no se debe confundir con los lepenistas a los que combatieron en las calles ni con las malas imitaciones nacionalistas de Bélgica o Cataluña, salieron en su día a montarla durante meses contra el injustísimo impuesto del gasóleo. Por eso una gran parte de los sindicatos obreros y de campesinos en Bolivia, al otro lado del Atlántico, rompió con Evo Morales y el mal llamado "MAS". Porque no son sólo los gobiernos de derechas los que nos golpean aquí o allá, en esto o en lo otro, por mucho que dirijan aquello de lo que otros son la retaguardia "amable". Porque la transición ecológica no es más que la manera que persiguen, todos ellos, de descargar las consecuencias de un nuevo modelo energético sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Porque el que crea que estos que actualmente ocupan la Moncloa o alguno de los inquilinos venideros va a hacerles bajar los precios o hacer la energía más asequible, con más o con menos impuestos o sin ellos, a esos malnacidos que rentabilizan la necesidad de tener agua caliente para ducharse o iluminación en su infravivienda, sea esta comprada mediante hipoteca, alquilada, o de protección oficial como las de la Colau en Barcelona (bien hicieron desde la PAH cuando pusieron a parir a la "Alcaldessa", que tiene un ego tan grande como todos los de su parroquia de embaucadores) es que está delirando. Por el momento no tenemos la fuerza necesaria, y quien piense que admitir esto implica derrotismo es que no le entra en la mollera que lo que tengamos o no tengamos depende siempre del nivel o grado de organización de clase, aunque sospecho que una parte importantísima de los trabajadores saben que hay que empezar por ahí para poder enfrentar las distintas opciones que nos impone el capital, que son todas en su exclusivo beneficio.

Porque en el fondo, esos influencers que confunden el 15-M (de aquellos barros de "indignación", estos lodos de la izquierda y sus espacios aledaños) con la tradición solidaria del movimiento obrero, que los hay a montones, les espanta que les reprochemos su aversión y negativa a entender que el capitalismo tiene su propia lógica y sus propias leyes, al margen de la voluntad de cualquier gobierno, y que estas ya no son una predicción a largo plazo, como en el período del "estado del bienestar". Por eso las políticas fiscales que se prometen sólo son parte de una fantasía democrática que ya no cuela. Algunos se deleitan con ellas incluso antes de haberse demostrado lo que son, una vez han sido aplicadas.

A este paso, de esta nueva tarifa horaria se terminará sacando rédito electoral, y sobre todo ideológico, para imponernos nuevos ajustes, al igual que con la inminente reforma de la actual coalición contra el sistema público de pensiones, o esa que la peligrosísima ministra "comunista" de trabajo ya ha prometido que nos vamos a comer para finales de este año. Lo de limitar las causas de la temporalidad, por cierto, es un brindis al sol de la envergadura de una borrachera colectiva de una boda. Justificarán todo por el "bien común", el pueblo, la patria y demás mentiras que se inventen.

La Comuna de París

Por Espacio de Encuentro Comunista

(Transcripción íntegra y literal, texto disponible en su fuente original)

El 18 de Marzo de 1871 dio comienzo uno de los capítulos más esperanzadores y, al mismo tiempo dramáticos, en la historia de la Europa del siglo XIX. Fueron solo 72 días. Setenta y dos jornadas, desde el 18 de marzo hasta el 28 de mayo de 1871, cuyos hechos no debería olvidar la clase trabajadora y que todavía resuenan en el imaginario colectivo del siglo XXI. La Comuna de París ha sido considerada por un gran número de historiadores como la primera revolución social. Sea esto cierto o no, la Comuna de París fue el primer acontecimiento global en ser fotografiado y cuyo legado se extiende desde entonces hasta nuestros días. Su breve gobierno terminó en la denominada «Semana Sangrienta», siete días de una masacre brutal en la que, al menos, unos 30.000 parisinos fueron asesinados por las fuerzas del Gobierno Provisional de Thiers.

Para entender cómo surgió y cómo fue posible la proclamación de la Comuna de París debemos retrotraernos al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época, París era la capital de un imperio a cuya cabeza estaba Napoleón III. La ciudad, caracterizada entonces por sus largas y anchas avenidas, sus opulentas tiendas y sus prestigiosos teatros de comedia y ópera, ocultaba, sin embargo, una enorme desigualdad social entre la clase burguesa industrial y una clase obrera cada vez más empobrecida. El 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia, lo que con el tiempo se mostraría como una gran torpeza y que tuvo su final el 1 de septiembre de 1870 en la conocida como «Batalla de Sedán». Durante la batalla, al ser conscientes de la gran superioridad de los ejércitos prusianos, el emperador Napoleón III y su general Patrice de Mac-Mahon se rindieron de forma incondicional. Ambos fueron hechos prisioneros y Napoleón III exigió al gobierno francés una declaración de paz que diese por finalizada la guerra franco-prusiana. Sus exigencias fueron completamente desatendidas, constituyéndose un Gobierno Republicano que continuó la guerra contra Prusia.

La República fue proclamada el 4 de septiembre de 1870 cuando, a las dos de la madrugada, un gran número de manifestantes que rodeaban el «Palacio de Bourbon» decide entrar en el edificio donde se estaba celebrando la Asamblea de Diputados. Esa misma noche, los delegados de la «Cámara Federal de las Sociedades Obreras» y los delegados de las diferentes secciones de la «Internacional» se reúnen en la «Corderie du Temple» (1) y redactan un mensaje dirigido al pueblo alemán:

«La Francia republicana te invita, en nombre de la justicia, a retirar tus ejércitos»

El movimiento de hombres y mujeres parisinos surgido a partir del día 4 de septiembre es consciente de que el Parlamento sigue lleno de burgueses, y para contrarrestar su influencia deciden organizarse por distritos y crear comités de vigilancia para controlar las alcaldías. Cada uno de esos comités elegirá a cuatro diputados y éstos formarán el Comité Central de los XX distritos de París. Este Comité redactará, unos días más tarde, una carta en la que recogen sus exigencias: proceder a la elección de alcaldes, tomar el control de la policía, declarar la libertad de prensa, así como las libertades de reunión y asociación, expropiación de artículos de primera necesidad, y distribución de armas a todos los ciudadanos. Tan sólo un día después de esta carta, el 18 de septiembre de 1870, el gobierno comunica a todos los parisinos que la ciudad está rodeada por el ejército prusiano.

A partir de ese momento, el ejército prusiano comienza un sistemático bombardeo diario contra los barrios periféricos de París, donde comienza a escasear la comida y los recursos de higiene básicos. Durante el mes de enero de 1871, los habitantes de estos barrios comienzan a desplazarse hacia el centro de París, en un intento de huir de los bombardeos. Sin embargo, en su desesperada huida ignoran que allí también les espera el miedo, el hambre y la miseria. El ejército francés está complétamente diezmado y el gobierno de la nación decide firmar, bajo la supervisión del ejército prusiano, la capitulación y la convocatoria de unas nuevas elecciones para la Asamblea Nacional. La firma del armisticio, que lo protagonizarán Jules Fabvre por el lado francés y Bismarck por el lado prusiano, tiene lugar el 28 de enero de 1871, después de cinco meses de un durísimo asedio contra la ciudad y su población. Por ello, no es de extrañar que, a ojos de la población parisina, el armisticio no fuese más que una capitulación vergonzosa.

A comienzos de febrero de 1871, la Asamblea Nacional, que desde hace un tiempo se reúne en Burdeos, se muestra favorable a concertar la paz declarándose nuevamente monárquica, y nombra a Thiers, conocido por su odio a las clases más bajas, como jefe del ejecutivo. Éste firma los preliminares de la paz el 26 de febrero de 1871, los cuales serán ratificados por la Asamblea Nacional el 1 de marzo. Estos preliminares conceden al ejército prusiano el derecho a entrar en París y a ocupar algunos de sus barrios. Esta firma y sus condiciones provocan un fuerte rechazo entre la población de París, especialmente entre la clase media y la clase obrera, que sufren desde hace meses la paralización de sus negocios y la ausencia de trabajo remunerado. No resulta extraño, pues, que muchos historiadores reconozcan que la causa principal de todo lo que sucedería en los días posteriores fuese el estado de ánimo de la población. Un estado de ánimo caracterizado por la decepción y las ansias de rebelión.

Al mismo tiempo que el gobierno de la nación firma y ratifica los mencionados preliminares de la paz, el pueblo de París aprueba los estatutos para la creación de un «Comité Central» en una reunión de la Asamblea General que tendrá lugar el 14 de febrero de 1871. Estos estatutos se ratificarán entre los días 3 y 4 de marzo y establecen que «el Comité Central debe velar por la ciudad, protegerla de las calamidades que le preparan en las sombras los partidarios de los príncipes, los generales de los golpes de estado, y los ambiciosos y desvergonzados de toda especie». Unos días antes, el 27 de febrero, la Guardia Nacional se hacía con 227 cañones y un gran número de ametralladoras del ejército francés.

A la vista de los acontecimientos, Thiers traslada la Asamblea Nacional de Versalles, y el 10 de marzo dirige un discurso a su gobierno en el que se lamenta de los agravios de la población de París contra los prusianos y propone retirar la paga a la Guardia Nacional, la cual ese mismo día se declara republicana en sus nuevos estatutos a nivel nacional. Unos días más tarde, Thiers ordena a las tropas regulares tomar París. Ordena, así mismo, retomar el control sobre los cañones y las ametralladoras. La Guardia Nacional se niega con energía. Se levantan barricadas en la mayoría de las calles céntricas de la ciudad. Los soldados desobedecen las órdenes de sus mandos superiores mientras que los generales Lecomte y Clement Thomas son reconocidos y linchados por la multitud. Los comuneros toman los puntos clave de París excepto el Banco de Francia. Es el 18 de marzo de 1871. La Comuna acaba de nacer.

El primer acto del Comité Central tiene lugar el 21 de marzo, y entre los acuerdos tomados figura la voluntad de devolver al pueblo de París la posibilidad de elegir la composición de la Comuna, fijándose sus elecciones para el día 26 de marzo. Entre el resto de las decisiones tomadas se suspende la venta de objetos empeñados en el Monte de Piedad, prorrogándose por un mes más los vencimientos. También se adopta la decisión de impedir a los propietarios proceder al desalojo de los inquilinos.

Los miembros de la Internacional que participan en la revuelta tratan de dar al movimiento comunalista un programa, unas líneas directrices de las que hasta entonces carece. Para ello, durante la noche del 23 al 24 de marzo tiene lugar una reunión mixta entre la «Internacional» parisina y la «Cámara Federal de las Sociedades Obreras», adoptando un manifiesto entre ambas partes. Entre otras cosas, dicho manifiesto establece:

• «La independencia de la Comuna es garantía de un contrato cuyas cláusulas libremente debatidas harán cesar el antagonismo de las clases y asegurarán la igualdad social»
• «... la organización del crédito, del cambio, de la asociación, a fin de asegurar al trabajador el valor integral de su trabajo».
• «... la instrucción gratuita, laica y universal».
• «... la organización municipal de los servicios de policía, fuerzas armadas, higiene...».

Tras la jornada electoral del 26 de marzo, la Comuna quedó compuesta por 80 miembros, 25 de ellos eran obreros. Los «internacionalistas» parisinos constituían un tercio del total. Entre ellos se encuentran algunos de los que habían organizado el movimiento obrero entre 1868 y 1870: Varlin, Theisz, Avrial, Assi, Langevin, Champy, Duval, Chalain... Frente a ellos, el resto era de tendencias muy diversas, abundando los «blanquistas», tanto puros como disidentes, etc... El panorama al que tiene que hacer frente la Comuna es realmente desolador. Unas 300.000 personas sin trabajo y sin recursos dependen para subsistir de la ayuda diaria de 1,5 francos de la que viven desde hace siete meses. De 600.000 obreros, sólo 114.000 están ocupados, y al resto es preciso alimentarlos cada mañana.

La gestión recta y valerosa de los miembros de la «Internacional» y de las Sociedades Obreras parisinas, ajustándose a una clara doctrina económica y social, fue la que hizo posible que la Comuna pudiese hacer frente durante tanto tiempo a los ataques con que Thiers hostigó a París desde comienzos de abril. De esta forma, Varlin pasó a ocuparse de los abastecimientos y de la intendencia, Jourde de las finanzas, Theisz pasó a reorganizar un departamento de Correos complétamente desmantelado, labor que realizó en tan sólo 48 horas, Leo Frankel pasó a ocuparse de las labores relativas al intercambio y al trabajo y, según sus propias palabras, «del estudio de todas las reformas que hay que introducir en las relaciones de los trabajadores con sus patrones».

Es de destacar la importante labor que realizó Leo Frankel en este terreno. Frankel creó una comisión obrera de investigación, la cual tan sólo pudo reunirse en dos ocasiones: los días 10 y 18 de mayo. El día 20 de abril, su departamento decretó la prohibición del trabajo nocturno de los panaderos, amenazando con confiscar todos los panes producidos a aquellos patrones que se saltasen la prohibición. Asimismo, Frankel solicitó información a los diferentes distritos que conformaban la Comuna sobre las ofertas y demandas de empleo existentes en cada uno de ellos para proceder a su organización. Frankel preparó el proyecto que liquidaba el Monte de Piedad, y el 27 de abril emitió un decreto por el que se impedían las multas y las retenciones sobre sueldos y salarios, al tiempo que se obligaba a todos los empresarios a restituir las multas que hubiesen impuesto desde el 18 de marzo. Además, se impuso a los empresarios la obligación de pagar un salario mínimo por jornada o por pieza. Respecto a la organización del trabajo de las mujeres en París, Frankel confió esa labor a Elisabeth Dimitrief (2).

Desde principios del mes de abril, las tropas gubernamentales, obedeciendo órdenes dadas por Thiers, hostigaron fuertemente la ciudad de París. A finales de abril la situación comenzó a ser realmente crítica para la Comuna. Barrios como Notre-Dame, Moulineux y Belle Epine ya habían caído. Florens, uno de los jefes de la Guardia Nacional, había sido asesinado. Duval, otro de los jefes de la Guardia Nacional había sido apresado y fusilado. En Belle Epine, la población había sido masacrada mientras Thiers, desde Versalles y muy cínicamente, lanzaba el siguiente mensaje: «Deponed las armas y seremos clementes». Pero Thiers no solo pretende eliminar a la Comuna y a los comuneros físicamente, sino que, además, declara ante su gobierno, quiere eliminar su espíritu. Para ello propone dar un fuerte escarmiento: «Matarlos sin compasión».

El mes de mayo comienza con una Comuna muy debilitada, que había seguido perdiendo sus barrios frente a las tropas gubernamentales. Ya habían caído también El Trocadero, Montparnasse, los Campos Elíseos... con todas sus calles regadas de sangre comunera. Durante todo el mes se siguen produciendo matanzas de comuneros en los diferentes barrios y distritos que van cayendo en manos del gobierno. Se establecen controles policiales en los que se exige mostrar las manos a los parisinos que pasen por allí. Si las manos tienen muestras de haber realizado trabajos manuales, si las manos pertenecen a trabajadores, estos son fusilados al instante. El 21 de mayo las tropas de Thiers entraban en la ciudad, iniciándose así la que se conocería como «Semana Sangrienta», aquellos seis días en que los comuneros resistirían barricada a barricada y luchando cuerpo a cuerpo. El 22 de mayo, Thiers se permite el dirigirse a su gobierno con un discurso que muestra claramente sus intenciones:

«El París de la Comuna no es más que un puñado de desalmados... yo seré despiadado; la expiación será completa y la justicia inflexible... Hemos alcanzado el objetivo. El orden, la justicia, la civilización obtuvieron al fin la victoria. El suelo está cubierto de sus cadáveres. Ese espectáculo horroroso servirá de lección».

El día 27 apenas quedaban focos aislados de resistencia. La mayor parte de las cargas de fusilería que se escuchaban eran de ejecuciones masivas. Las tropas de Mac Mahon no hacían distinción entre hombres, mujeres y niños.

El día 28 de mayo de 1871 caía la Comuna, y daba comienzo un período de represión que se cebaría de forma brutal sobre sus defensores.

Varlin, el hombre de la «Internacional» fue reconocido y apresado. Durante su traslado para ser juzgado fue reconocido y el público burgués se ensañó a golpes con él. Llegó en tan mal estado a los Juzgados que para fusilarlo tuvieron que hacerlo en una silla. Una vez fusilado, su cadáver fue reventado a culatazos entre los aplausos del público.

Más de 38.000 prisioneros fueron recluidos en condiciones inhumanas. Muchos de ellos murieron de hambre, a consecuencia de los malos tratos o por enfermedades. La cifra oficial del gobierno de Versalles estimó que los comuneros fusilados fueron alrededor de 17.000. Sin embargo, otros historiadores más neutrales dan cifras realmente muy superiores. En los meses siguientes se pronunciaron penas de muerte, condenas a trabajos forzados en Guayana y deportaciones a Nueva Caledonia. Se estima que unos 10.000 parisienses se exiliaron en el extranjero o emigraron a otras provincias con ánimo de esconderse. Entre muertes y condenados, París perdió 100.000 habitantes, lo que suponía una séptima parte de su población masculina adulta. Entre mayo de 1871 y diciembre de 1874 los 24 consejos de guerra pronunciaron 13.450 condenas.

La burguesía nunca olvida. Y por esa misma razón, no sólo mandó fusilar a quienes habían participado en la Comuna de París, sino que también buscó eliminar a quienes habían participado en la revolución de 1848. Entre las personas detenidas se apartaba especialmente a aquellas que tenían el pelo blanco, en la creencia de que también habrían participado en aquellos hechos de años anteriores.

"París no podía ser defendido sin armar a su clase obrera, organizándola como una fuerza efectiva y adiestrando a sus hombres en la guerra misma. Pero París en armas era la Revolución en armas. El triunfo de París sobre el opresor prusiano hubiera sido el triunfo del obrero francés sobre el capitalista francés".

(Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores)

(30 de mayo de 1871)

Notas:

1) "Rue de la Corderie" es una calle en el barrio de Marais, en el III distrito de París. En el número 14 de dicha calle estaba la casa que, en 1869 acogía a la Federación Obrera animada por Eugéne Varlin. Fue allí donde los miembros del Comité Central de la Comuna redactaron el primer anuncio publicado el 17 de septiembre de 1870 en los muros de París, y donde decidieron el levantamiento que tendría lugar el 18 de marzo de 1871.

2) Elisabeth Dmitrieff fue una feminista nacida en Rusia y una figura importante de la Comuna de París. En 1868 viajó a Suiza y cofundó la sección rusa de la Primera Internacional. Delegada en Londres, conoció a Karl Marx, quien la envió en marzo de 1871, con 20 años de edad, a cubrir los eventos de la Comuna. Dmitrieff, finalmente, llegó a ser protagonista de esos hechos, fundando con Natalie Lemel la "Unión de Mujeres" el 11 de abril de 1871. Participó en el períodico socialista "La Cause du People". Después de haberse enfrentado a las barricadas durante la Semana Sangrienta, viajó a Rusia. Allí se casó con un preso político para evitar que lo condenaran a la pena de muerte, y decidió seguirle en su exilio a Siberia, en donde falleció. El Consejo Municipal del III distrito de París decidió darle su nombre a una pequeña plaza, entre la "Rue du Temple" y la "Rue du Turbigo". La plaza "Elisabeth Dmitrieff" fue inaugurada el 8 de marzo de 2007.

Para saber más sobre la Comuna de París:

-Marx, Karl; La guerra civil en Francia

-Lissagaray, Prosper-Olivier; La Comuna de París, Ed. Txalaparta

-Michel, Louise; La Comuna de París, La Malatesta editorial