El individuo que aparece en la fotografía de portada es Justo Vicente Pelegrini, el ex Director de Construcción para España de Acciona, compañía multinacional actualmente investigada por su probable participación en el caso Koldo - Ábalos - Cerdán.
Las responsabilidades legales y penales de las personas jurídicas empresariales también son exigibles
Cada ser humano es una persona física, de carne y hueso, en el sentido más fisiológico de la palabra y con todos los requerimientos vitales que ello conlleva. Si ésta no es apátrida ni se le está negando la ciudadanía en todo país del mundo, entonces está reconocida como tal en el ordenamiento jurídico nacional del país o lugar del que se trate, siendo esta considerada como sujeto de derecho en la respectiva jurisdicción.
Es por ello que, desde el mismo momento de su nacimiento y registro, tiene asociado lo que en España es un número de identificación fiscal (NIF) que coincide con el que figura en su documento nacional de identidad (DNI) a todos los efectos.
En el ordenamiento o texto legal aquí vigente son reconocidos diferentes derechos. Algunos son reales y otros solamente están de adorno, por ejemplo el derecho de propiedad de la vivienda está por encima del derecho a disponer de la misma para residir, y por eso los desahucios no han parado de estar a la orden del día quienes quiera que hayan sido los legisladores y gobernantes de las últimas décadas. Así mismo, unos derechos pueden ser ejercidos por todo el mundo mientras que otros, sin embargo, solo por una parte de la población.
Otro de esos derechos en particular es el de asociación, que regula la posibilidad de juntarse con otras personas por motivos de lo más diversos. Existen diferentes tipos jurídicamente reconocidos de asociaciones, como las culturales, las deportivas, las sindicales, las mutuales, las patronales, las agrarias, las gremiales, las políticas, las partidistas, y algunas más.
Es debido a lo anterior que, por principio, el sujeto de derecho puede ejercer efectivamente su derecho a asociarse, esto es, su aptitud de constituir sociedades y notificar su existencia en concordancia con cualquiera de los tipos previstos por la ley, de tal modo que se le reconoce como titular no solo de sus derechos individuales, sino también de sus derechos como asociado. También de las correspondientes obligaciones.
A partir de entonces, además de como persona física o individuo en sí mismo existente, se le reconoce como persona jurídica que comparte otro mismo NIF, distinto del que consta en su DNI, junto con el resto de las personas que formasen parte de la misma asociación. A cualquiera de las sociedades constituidas se le pueden exigir responsabilidades legales, y también a los miembros que las constituyen.
Si entramos en el sector empresarial, alguien puede ser todo un emprendedor por especular, o incluso por capitalizar tales o cuales bienes de subsistencia, pero no estar tributando al mismo tiempo ni abonando los respectivos impuestos, por ejemplo porque no estuviera fiscalmente identificado en la susodicha condición. Lo mismo cabría decir de los empleadores que no dan de alta a sus trabajadores, contratados en régimen de sobreexplotación. O de tipejos que sí los registran como asalariados suyos, pero igualmente tampoco cumplen todos y cada uno de los criterios establecidos por las autoridades públicas y laborales, mediante las triquiñuelas más variopintas
Entraríamos ya en el universo de los empresarios defraudadores.
Estaría bien que se comprendiera que la corrupción no se agota simplemente en lo que implica la gestión y el disciplinamiento en el nivel político o de las administraciones, sino que es algo de lo más habitual y extendido incluso "a pie de tajo". Lo que sucede es que en la agenda y los itinerarios que se van estableciendo en la opinión pública no se trata, excepto en rarísimas ocasiones, de que el escándalo alcanzase a referir la estructura en que se sostiene la corrupción.
Aún con ciertas diferencias menores que sí son reseñables con respecto a los medios convencionales, los llamados diarios digitales alternativos tampoco han sido medios de comunicación verdaderamente independientes, aunque sí se atribuyeron la etiqueta. Al fin y al cabo estos medios fueron, junto con lo que fue la apuesta progre de Atresmedia a través del canal La Sexta, los que se encargaron de justificar primero el ascenso y, después, ya de manera algo más fraccionada, a los distintos componentes de la investidura para las últimas legislaturas posteriores a la de Rajoy, lo cual tenía que jugar de manera cortoplacista en contra de un gobierno sostenido por la mayor casa de putas política del país, el PP y Vox, que es un desprendimiento suyo, pero tampoco a favor de recuperar la movilización en defensa de las conquistas sociales.
Relación corruptos-corruptores y pretensiones del presidente de la CEOE
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, se consideran diferentes acepciones del vocablo corrupción: 1) "Acción y efecto de corromper o corromperse", 2) "Deterioro de valores, usos o costumbres", 3) "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores", y 4) "Diarrea, descomposición". No pude resistirme ni dejar sin transcribir esta última, aunque tampoco quisiera resaltar nada sobre la misma.
En primer lugar, se ilustra en la primera de las acepciones ("corromper o corromperse") que la corrupción en la administración pública exige la comisión de un acto deliberado ("corromper") dado que, por ningún motivo o por azar, nadie resulta corrompido en relación a lo que sea que se supusiera que fuese su recto camino. El corrupto opta por recibir un dinero a cambio de algún "favor" por el que, en realidad, paga quien también decide entregárselo con el fin de conseguir algo.
No le faltaba razón al señor Antonio Garamendi cuando dijo, en un foro organizado en Málaga por el Diario Sur el pasado 17 de junio, que "el que corrompe es el que tiene el poder", excepto por el hecho de que la idea que profesa sobre lo que afirma pasa por intentar excluir al propio empresariado del concepto del poder o, incluso, por justificar una relación invertida con respecto a esa parte del funcionariado que son los políticos: "no es tengo dinero y te corrompo, sino es, si no me das dinero, no te doy... es el que tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de corromper". ¿No eran los peperos y compañía quienes acusaban a otros de ser una mafia? La Conferencia Episcopal también se posiciona políticamente.
No tengo por qué ser mal pensado, ni concluir que el presidente de la CEOE le estuviera intentando tomar el pelo a nadie. No creo que esta última intención, la de colarle al personal el que los corruptores fueran unos pobres inocentes extorsionados sea algo estrictamente necesario por parte de nadie que defienda los intereses que defiende Garamendi, que lo hace de la manera más decidida de entre los llamados agentes sociales.
Siempre han habido quienes los defienden en nombre de la ética, como en el caso de esa aberración filosófica del justicialismo, venida de la Argentina hoy ya castigada por los sucesores de la gran "reina" Cristina Fernández de Kirchner, cuyos íntimos han sido reciclados en muchos casos en el gobierno mileísta, lo cual supongo que tampoco debería hacer de ellos algo preferible ni un mal menor para ningún peronista admirador del postestructuralismo de Laclau.
Volviendo al señor Garamendi, cuando este asegura observar "cómo desde gente que está con espacios de poder, los gestiona, en vez de para el bien público, para su bien personal y privado, y ahí están las grabaciones de lo que estamos oyendo, gente con responsabilidad pública y política, de un ministerio muy importante", trata de aprovechar esta nueva ocasión que le brindan los recientes casos más sonados de corrupción no vaya a ser que se le diera la vuelta a la tortilla.
Cualquier realidad es todo lo compleja que se la quiera plantear. Hay autónomos con ingresos menos elevados y otros, en cambio, viven como auténticos privilegiados, y autónomos con y sin empleados a su cargo. Si consideramos única y exclusivamente a los empresarios de los que consta no solo el registro de la persona jurídica empresarial como tal sino también actividad económica, algo más de un 40% del total son microempresarios. Hay empresas registradas y otras que no lo están, invisibles y no legales, y también algunas empresas fantasma, pantallas de otras existentes y creadas para la evasión fiscal o el lavado de dinero.
Tampoco los ejecutivos y directivos de las empresas, sean estas públicas o privadas, son más que meros asalariados formales porque, incluso si se considera que su actividad es parte del empleo de la fuerza laboral, esta no es salario como tal: hay salario en forma de dinero, pero ese dinero no constituye salario corporificado que redunde en la perpetuación del capitalismo.
El señor Garamendi se posiciona consciente y estrictamente en lo ideológico de acuerdo a su posición social, y en consecuencia parafrasea a quien para él sería un político, en referencia a Yolanda Díaz, cuando un corrupto pretendiera salir airado de los actos ilícitos que cometiese: "cada vez que hay un problema, me escabullo por ahí y le culpo a las empresas en genérico y entonces ahora nos llaman corruptores". También asegura: "si me sacas tres, cuatro empresas y hay dos millones de empresas, no sé de qué estamos hablando... Lo otro es un partido, un gobierno, es lo que es, es un sistema que está ahí".
Sí, y un plato es un plato y un vaso, es un vaso. No hay por qué comparar las empresas con un solo partido, ni los partidos con una sola de las empresas.
Tengo claro que a su parecer, "el sistema empresarial no es corruptor", aunque sí afirme sobre la corrupción que, "en este caso la compañía tendrá que tomar las medidas oportunas, ha despedido al que tenga que despedir, si hay responsabilidades tendrá las que tenga que haber y está la justicia". Pero, ¿acaso el exigirles responsabilidades legales individuales y societarias a los empresarios, cuando éstos cometen delitos, faltas y abusos, debería resultar menos legítimo que hacer lo propio en el caso de que sean políticos?
Y si no lo cree de tal modo, ¿por qué diferencia el señor Garamendi, como lo hace, entre el sistema empresarial por un lado, y el sistema político y de partidos por el otro, cuando a la hora de considerar el primero dice no saber "de lo que estamos hablando" pero, cuando trata el segundo enfatiza que "es un sistema que está ahí"? El mundo empresarial también "está ahí". Hay una lógica que explica el funcionamiento de las empresas y que permite comprender desde la raíz la naturaleza de la corrupción política.
Un político encausado por haber practicado estas adjudicaciones, en absoluto arbitrarias, de licencias de obras a las principales constructoras de nuestro país, es un corrupto se mire por donde se mire, con independencia de cual sea su partido de entre los existentes, del nivel administrativo en el que este tenga su puesto o el cargo institucional que ocupa, y también de la legislatura en que ello tenga lugar.
Cualquier político untado, además de aprovechar su cargo para llevarse una mordida, no es en última instancia más que un servidor de su pagador, porque eso que el corruptor persigue del político es una concesión o licitación a partir de la que poder obtener aquello que reinvertir en su negocio. Ese es el interés privado al que se pliegan los políticos: el de algún empresario en apropiarse de plusvalía, incluso si también fuera político, ya sea dentro o fuera de la legalidad.
Por eso en Acciona, la empresa en propiedad de José Manuel Entrecanales, se ha soltado lastre echándose al hasta entonces director de la misma con el que encabezaba la publicación. Y se puede ser afiliado de un partido y titular de empresas, quien sea ambas cosas. Si tirásemos del hilo, ¿qué ejemplos cotidianos de la corrupción podrían encontrarse incluso descendiendo hacia los niveles inmediatos?
El fondo de la corrupción en las administraciones y más allá de estas
Hay una versión legal de lo que se cuece tras la corrupción en las administraciones públicas, y que además la explica en fundamento: la colaboración de autoridades políticas y cargos públicos con iniciativas de tipo capitalista y empresarial, cuyos beneficiarios también pueden ser algunas de las propias administraciones públicas o referirse a accionariados mixtos.
Está íntimamente ligada con el ir asfixiando lo público y social con el fin de reconvertirlo en una forma de gasto que le resulte productiva a las organizaciones del mundo financiero en general, entre las que también se encuentran las principales confederaciones sindicales a nivel nacional, que están metidas en el ajo como accionistas junto a bancos y compañías de seguros.
En el caso de los planes de pensiones impulsados con la mochila austríaca, estos se basan en comisiones porque la gestión que se hace del dinero en cualquier producto financiero no es gratuita. Esto significa que los beneficios que obtengan estas empresas y entidades, en concepto de custodia y depósito de las aportaciones, no solo se han de detraer de la pensión privada del partícipe de estos planes, es decir de las propias aportaciones de quienes los subscriben sean estos individuales o colectivos, sino también de la pensión pública a la que legalmente tiene derecho el conjunto de los actuales y futuros jubilados, pensionistas y trabajadores, incluida la reducida parte de quienes estén subscritos a este tipo de planes.
Es así que en la última tanda o impulso de tales planes de pensiones, el capital inicial de la inversión con la que esperan rendir en sus cuentas procede de las aportaciones que se nos arrebataron de nuestro salario diferido, porque se financiaron con otra ronda de recortes millonarios en cotizaciones sociales.
Lo que tiene la deslaboralización de los derechos que fueron históricamente arrancados por la clase trabajadora es que convierte esas y otras conquistas en exiguas y paternales "ayudas", porque el gasto público se financia con aquello que va a parar a los Presupuestos Generales del Estado o de las correspondientes administraciones territoriales. Por fuera de la lucha de las que resultaron las ya tocadas coberturas estatales a la jubilación o a la dependencia, retomada en nuestro país desde tiempos de la clandestinidad que impuso el franquismo, nada puede garantizar que tales fondos se dediquen para lo que nos conviene.
Sin embargo, todas esas transferencias dinerarias y procederes, los ataques contra la base reguladora, las comisiones de los planes de pensiones, el pasteleo en la Comunidad de Madrid de la Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA y que mantiene la estructura y el funcionamiento de tiempos de la dictadura, y toda la colaboración público-privada ya no son ni sobresueldos ni corrupción, y esto atañe al fondo de la cuestión.
En la denuncia de la corrupción se suele poner el acento mucho más en su aspecto inmoral y, en el más optimista de los casos, en su aspecto ilegal. Hay quienes afirman ahora que hay que perseguir también a los corruptores. Estoy plenamente de acuerdo con ello, a pesar de que a ninguno de quienes agitaban "indignados" sus manitas en el 15M les hubiera dado la puta gana de hacerlo. Les condicionó el depender del poder mediático y corporativo para que sus carismáticos confidentes hubieran alcanzado sus objetivos de alcanzar las instituciones.
Si los corruptores son también corruptos es, en todo caso, en relación a lo que en la sociedad se espera de ellos. A los que son defraudadores hay que denunciarles también por incumplir la legislación establecida. Pero a parte de toda consideración moral, e incluso además de los principios legales, hay algo a lo que se debe en cuerpo y alma todo auténtico empresario: él mismo, su propia e inmaculada persona, cuyos éxitos dependen de que lo sean o hayan sido en mayor o menor medida sus decisiones económicas. Se hace de oro rindiéndole a su dios el culto que le corresponde: la reinversión de la plusvalía extraída a partir de la explotación de la clase trabajadora.
Es verdad que en toda mi vida no he conocido ni espero conocer a uno solo que, tras pagarme en negro parte de la nómina, que es lo que hacen de tal modo para eludir el pagarnos todo lo que están legalmente obligados a que se cotice, haya cogido acto seguido y se haya confesado (en la comisaría más cercana, me refiero) para resarcir voluntariamente todo el daño y perjuicio causado. El recurso a la legalidad vigente debe ser por supuesto contemplado como posibilidad de la acción contra ellos.
Pero más allá de lo subjetivo está lo objetivo: defraudadores o bien respetuosos hacia la legislación, resultándonos normalmente preferible esto último, el caso es que conviene tener claro que si estamos ante propietarios de valor valorizándose tienen que ir eliminando la fuente última de la cual surge todo ingreso, aunque entonces necesitan intensificar el uso que hacen de eso que nos exprimen.
En lo macroeconómico, el consenso alcanzado para que se devolviera la deuda pública contraída dejó claro que tampoco ningún partido de la izquierda iba a transgredir ni intentar revertir el artículo 135 de la Constitución. Para que se realicen las plusvalías de los acreedores y pueda seguir ampliándose la escala de reproducción de aquellas, tiene que acrecentarse el ritmo al que se devalúa la masa salarial, y para ello ha de ser necesariamente el Estado quien se adapte a las políticas monetarias inflacionarias, quien implemente las reformas flexibilizantes del mercado laboral y las privatizaciones de la sanidad o de las pensiones, entre otras medidas.
Para no acabar presenciando el anticapitalismo "anticapi" que algun@s pretenden, o alguno todavía peor hacia las derechas, mejor será entender el porqué de que se recurra al fraude contra la hacienda pública, lo mismo que contra la seguridad social o lo que nos va quedando de esta; exigir esa persecución de corruptores desde ahí, y no en plan profesor de ética de secundaria. No es por maldad, ni tampoco por psicopatía, por mucho que haya más de un cabronazo que nos pretenda hacer padecer la que tiene a los demás.
El capital solamente puede sobrevivir aprovechando nuevas oportunidades de negocio y eso pasa por invadir distintas áreas y esferas de la vida, así como también por legalizar ese aprovechamiento que se hace de éstas áreas a desmedro de nuestras condiciones materiales y de existencia. Pero en la base de lo que entendemos por el ámbito de la política, que es solamente una de esas áreas, está la actividad económica laboral y productora de la ganancia y el aprovechamiento que hacen de ella quienes se quedan esta última.
La legislación se osifica a medida que queda anticuada, y puede y debe ser puesta sobre la mesa mientras esté a nuestro alcance, como recurso a nuestra disposición para denunciar ese fraude de ley. Pero si aplicamos la tercera de sus acepciones, no hay fraude, corrupción o desvío respecto a "valores, usos y costumbres" que acabasen en situación de "deterioro" cuando atendemos a la lógica económica de la acumulación, por la que se entiende que todos hacen lo que han de hacer para que la rueda siga girando.